Pese a que en el gobierno insisten en moverse con una liviandad admirable considerando los resultados de la política económica, puertas adentro de la gestión libertaria hay quienes empiezan a sentir la presión del calendario y reconocen que los acuerdos con los gobernadores que prometieron tener resueltos desde hace meses están lejos de ser una realidad. Las inconsistencias y especulaciones de La Libertad Avanza para el año electoral ponen en jaque las negociaciones con las provincias, que cada vez envían más gestos separatistas que amenazan con modificar diametralmente los planes del partido violeta.
Después de días de tensión tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin vigencia la Ley de Tierras y un segundo fallo en la que la restituyó, una jugada que dentro de varios despachos del arco político sigue dando que hablar, este jueves la oposición más férrea logró convocar una sesión especial en Diputados para tratar el DNU 70/2023 y dar de baja la normativa que constituye la columna vertebral de la legalidad del oficialismo. Durante toda la semana, las espadas legislativas del gobierno aturdieron los teléfonos de los gobernadores para que no se presten al quórum de 129 legisladores presentes y evitar una nueva catástrofe para la Casa Rosada.
Las promesas y llamados rindieron sus frutos. Con el apoyo de Osvaldo Jaldo (Tucumán), Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Gustavo Sáenz (Salta), quien esta semana recibió la noticia de que su reclamo para expandir las licitaciones de la privatización del Belgrano Cargas fue escuchada; Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Marcelo Orrego (San Juan), que posó el jueves por la tarde junto a Diego Santilli en su despacho; Carlos Sadir (Jujuy); Rolando Figueroa (Neuquén); Claudio Vidal (Santa Cruz); Leandro Zdero (Chaco); Alfredo Cornejo (Mendoza); Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Hugo Passalaquea (Misiones), el gobierno logró bloquear la avanzada opositora y se aseguró otra temporada de sobrevida en el Congreso que nadie sabe cuánto durará.
La rosca parlamentaria del oficialismo estuvo a cargo del jefe de gabinete y contó con el apoyo de Martín y Eduardo “Lule” Menem, Ignacio Devitt y la atenta supervisión de Karina Milei, quien desde Estados Unidos monitoreo minuto a minuto el panorama. En las últimas semanas, desde el entorno de la hermana presidencial dejaron trascender que la presidenta de La Libertad Avanza está dispuesta a cerrar acuerdos siempre y cuando las provincias primero pongan sobre la mesa las voluntades para avanzar con el tratamiento de la Reforma Política con la que el oficialismo pretende eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Desde los territorios contestan que los votos aparecerán cuando estén cerrados los contratos. Un tironeo interminable de una fragilidad poco estudiada.
Para la secretaria general, los acuerdos con los mandatarios se cerrarán según el nivel de predisposición que muestre cada uno respecto a la confluencia en los territorios. Entre sus principales sueños, Karina sumó al armado de las listas la posibilidad de ingerir dentro de la confección de los gabinetes provinciales, una ambición bastante repelida por el general de los gobernadores, incluso aquellos que mantienen una sintonía simbiótica con la gestión libertaria.
Con ese deseo no tan posible de cumplir, El Jefe tiene como contrapropuesta tres modelos de negociación: una alianza total, donde las boletas lleven el logo de La Libertad Avanza y candidatos de ambas fuerzas intercalados (como ocurrió con el PRO en la elección legislativa de la Provincia de Buenos Aires); una alianza parcial en la que los sellos provinciales no pierdan su identidad pero estén plegados a la boleta nacional; y por último una competencia “controlada” en el que le permita a los gobernadores competir con sus propias listas y presentando candidatos libertarios de bajo calibre para evitar que se opaque a los oficialismos territoriales.
Preliminarmente, en las provincias habrían recibido con buenos ojos estas propuestas, aunque hay una ansiedad latente que, pese a las presiones, en el gobierno adelantan que no se resolverán en el corto plazo. Esta negativa de la gestión libertaria de cerrar filas antes del próximo año llevó a los gobernadores a adoptar una posición un poco más reticente que la que supieron tener durante los primeros dos años de gestión, instancia que, confiesan en la mesa chica del oficialismo, hace más tediosas y complicadas las negociaciones para blindar las malas rachas en el Congreso.
Con una cintura política poco experimentada dentro del gobierno, Santilli adoptó las reuniones bilaterales con los jefes territoriales como mecanismo de control de daños. Desde hace semanas el jefe de gabinete colecciona postales con gobernadores a quienes les pide paciencia y les promete resoluciones que, a su pesar, no llegan y embarran aún más la cancha. En este marco, y como una forma de también congraciarse con la jefa espiritual de la nación libertaria, el posible candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires envió un fuerte mensaje a las provincias.
“Los gobernadores deberían estar preocupados si gana (Axel) Kicillof y vuelve el kirchnerismo”, lanzó el ministro coordinador con ánimos de asustar. Y profundizó: “Empiezan los cortes en la 9 de Julio, los piquetes, te sacan la coparticipación a la Ciudad. En el sur avanza otra vez la toma de tierras. ¿Qué va a pasar con Neuquén y Río Negro, esa Abu Dabi y Dubái? ¿Qué va a pensar Córdoba si le vuelven a poner la 125, el gobernador de Santa Fe que lo dejan solo de nuevo contra el narcotráfico; qué va a pensar San Juan que se está poniendo de punta en el proceso minero argentino, o Salta?”
La respuesta de algunos mandatarios no tardó en llegar. Este viernes Frigerio, Martín Llaryora (Córdoba) y Elías Suárez (Santiago del Estero) compartieron un panel con el gobernador bonaerense en el marco de un evento organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Una nueva muestra del pragmatismo que pueden tener las provincias.
Si bien en el oficialismo admiten que los votos para suspender las PASO aún no están, hay quienes no pierden la esperanza de que la reforma pueda ser tratada a mediados de noviembre. La fecha, como siempre, dependerá de la voluntad de los gobernadores pero, por sobre todo, del nivel de pragmatismo en sangre de un gobierno escaso de previsibilidad.
TS/CM
