La causa conocida como «Vialidad» sumó este viernes un nuevo capítulo con impacto directo sobre el patrimonio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La Cámara Federal de Casación Penal ordenó avanzar con la ejecución de bienes de todos los condenados para cubrir el monto actualizado del perjuicio al Estado, que asciende a casi $685.000 millones.
La decisión, firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, rechazó los planteos de las defensas y habilitó la realización de activos que habían sido decomisados en la sentencia. Se trata del último tramo pendiente de ejecución de una condena que quedó firme en 2025.
Un decomiso millonario y más de 100 propiedades alcanzadas
El fallo dispone avanzar sobre un total de 111 inmuebles. De ese conjunto, la mayoría corresponde al empresario Lázaro Báez, considerado el principal beneficiario del esquema de obra pública investigado en Santa Cruz.
También se incluyen bienes vinculados a los hijos de la exmandataria, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, además de propiedades que integraban el patrimonio familiar.
El objetivo de la medida es cubrir la cifra fijada por la Justicia, que fue actualizada tras peritajes oficiales. En una instancia previa, el monto original del decomiso había sido significativamente menor, pero se ajustó con el paso del tiempo y la evolución de las variables económicas.
Entre los bienes alcanzados figuran inmuebles en Río Gallegos y El Calafate, terrenos de gran extensión y el complejo hotelero Los Sauces, además de propiedades vinculadas a empresas como Austral Construcciones y otras firmas involucradas en la causa.
El criterio de la Justicia y las objeciones de la defensa
Al rechazar los recursos, los jueces sostuvieron que el decomiso no puede quedar en una declaración formal, sino que debe traducirse en una recuperación efectiva de los activos vinculados al delito.
En ese sentido, plantearon que en casos de corrupción compleja no es necesario acreditar una trazabilidad exacta del dinero, sino una vinculación económica razonable entre el incremento patrimonial y la maniobra investigada. También remarcaron que la medida tiene un carácter restitutivo, orientado a resarcir al Estado.
El juez Borinsky, sin embargo, votó en disidencia parcial al considerar que no estaba suficientemente probado el origen ilícito de algunos bienes, en particular aquellos heredados por los hijos de la expresidenta, y propuso excluirlos del decomiso.
Desde la defensa de Kirchner cuestionaron la decisión al señalar que parte de los bienes incluidos fueron adquiridos antes del período investigado o provienen de la herencia de Néstor Kirchner. También objetaron la inclusión de propiedades cedidas en 2016, en medio del avance de distintas causas judiciales.
Ejecución de activos y escenario judicial abierto
Con esta resolución, la Justicia habilitó la etapa de ejecución de los bienes, que quedarán bajo la órbita de la Corte Suprema para su administración y eventual venta. Si los activos decomisados no alcanzan para cubrir el monto total, se avanzará sobre el resto del patrimonio de los condenados.
La medida impacta directamente sobre la exmandataria, quien cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria en el marco de esta causa, y reconfigura el frente judicial en torno a su situación patrimonial.
En paralelo, el expediente convive con otras investigaciones abiertas, como la causa Cuadernos, lo que mantiene activo el escenario judicial alrededor de la ex presidenta.
JD/CM
