El Senado convirtió este jueves en ley la reforma al Régimen de Zona Fría, después de meses de idas y vueltas que llegaron a poner en duda hasta último momento si el oficialismo iba a tener los votos. La sanción se dio por 38 votos a favor y 8 en contra, ya con el recinto semivacío: José Mayans anticipó antes de empezar el debate que todo el interbloque Justicialista se retiraba, obligando a La Libertad Avanza a sostener el quórum de 37 senadores por sus propios medios. El correntino José Carambia intentó frenar la sesión con un pedido de cuarto intermedio antes de la votación, pero no prosperó.
La ley retrotrae la ampliación del beneficio que había impulsado el kirchnerismo en 2021 y deja el subsidio pleno únicamente para las zonas originales: la Patagonia, Malargüe y la Puna. También lo conservan, más allá de la zona geográfica, los hogares del RENABAP, los veteranos de Malvinas y las familias con integrantes con Certificado Único de Discapacidad, siempre que acrediten ingresos de hasta tres canastas básicas, unos 4,8 millones de pesos. El resto de las 90 ciudades que habían quedado incorporadas al régimen desde 2021 -en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis y La Pampa- pierden el beneficio, lo que afecta a más de un millón de usuarios. El otro cambio de fondo es el criterio de cálculo: el descuento pasa a aplicarse sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura, que es donde se concentra la mayor parte del costo final. La ley también prorroga el régimen de incentivos a las energías renovables hasta 2045 y crea un mecanismo para regularizar la deuda de las distribuidoras eléctricas con Cammesa.
Quiénes votaron en contra: la fractura en el radicalismo
El bloque que más se dividió fue la UCR. Solo cuatro de sus diez senadores acompañaron el proyecto –Eduardo Vischi, Mercedes Valenzuela, Silvana Schneider y Flavio Fama-, mientras que otros seis votaron en contra: Maximiliano Abad, Eduardo Galaretto, Daniel Kroneberger, Mariana Juri, Carolina Losada y Rodolfo Suárez. Se sumaron a ese rechazo los santacruceños Natalia Gadano y José Carambia, que además había presentado un dictamen en minoría para declarar «zona polar» a Santa Cruz y Tierra del Fuego, con una rebaja del 70% en las tarifas de gas. Gadano fue la más dura: acusó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y al gobernador de Chubut de haber intentado instalar que la ley «no impactaba sobre las boletas de la Patagonia», cuando en realidad el recorte alcanza al subsidio de transporte y distribución del gas hacia esa región.
La mendocina Mariana Juri fue otra de las voces más críticas contra el criterio técnico del proyecto: comparó las temperaturas mínimas de invierno de San Rafael (entre -2 y 1 grado) con las de Santa Rosa, La Pampa (3 grados), para preguntarse por qué la segunda conserva el beneficio y la primera no, y recordó que el propio Gobierno había declarado la emergencia climática en Mendoza meses atrás. «¿No somos entonces una zona fría?», planteó, antes de calificar la ley de «improvisación» e «injusticia».
El radical bonaerense Maximiliano Abad fue en el mismo sentido pero con el foco puesto en su provincia: advirtió que 94 municipios, más de 5 millones de personas y 1.300.000 hogares de Buenos Aires quedarán afuera del beneficio, y calificó al proyecto de «arbitrario» y sin «rigor técnico».
El triunfo de Santilli y la incógnita del próximo invierno
Del otro lado, la salteña Flavia Royón, miembro informante y titular de la comisión de Energía, defendió la ley como parte de un paquete más amplio para «construir un sistema energético más transparente, más ordenado y más previsible», con capítulos que también tocan deudas del mercado eléctrico mayorista y los criterios tarifarios. Recordó que, de los 9 millones de usuarios de gas natural del país, apenas 940.000 corresponden a la zona fría histórica, otros 3.360.000 a la zona ampliada que ahora se recorta, y 6.210.000 ni siquiera tienen conexión de gas por redes y dependen de garrafa.
La sanción es, sobre todo, un triunfo político para Diego Santilli, que desde junio venía anunciando en reiteradas ocasiones un número de votos que en los hechos nunca terminaba de cerrarse. El acuerdo final se selló hace más de un mes con los gobernadores del Norte Grande: a cambio de acompañar el recorte, la Casa Rosada se comprometió a compensarlos con subsidios eléctricos para sus provincias durante la primavera y el verano, un beneficio que ahora deberá instrumentarse por resolución de la Secretaría de Energía. La incógnita que queda abierta es cómo va a golpear el aumento en las boletas de gas el próximo invierno, justo en medio de una campaña presidencial y de varias elecciones provinciales en distritos que, a partir de esta ley, dejan de tener el subsidio.
JD/CM
