La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este jueves la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en un trámite parlamentario que tiene pocos antecedentes: el proyecto había obtenido media sanción en el Senado en 1998 y, gracias a la ley 13.640 sobre caducidad de asuntos no considerados por el Congreso (que no aplica a tratados internacionales), esa aprobación siguió vigente durante 28 años hasta que Diputados finalmente lo trató. La votación resultó 147 a favor, 93 en contra y ninguna abstención, con el rechazo de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y la cordobesa Natalia de la Sota. Pero el propio texto que se aprobó incluyó una modificación que obliga a que el proyecto vuelva al Senado antes de convertirse en ley.
La adhesión al PCT, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y vigente en 158 países, forma parte de los compromisos que asumió el Gobierno argentino con Estados Unidos en el acuerdo comercial firmado en enero pasado entre Javier Milei y Donald Trump. El dictamen ya estaba firmado en comisiones desde mayo, pero el oficialismo lo mantuvo congelado, primero a la espera de que avanzaran las negociaciones arancelarias con la administración Trump (que recién el 23 de julio le fijó a la Argentina el arancel del 10%, el más bajo entre los socios comerciales de la región), y después por la presión directa de la industria farmacéutica local.
La pelea que retrasó el debate: el Capítulo II
El conflicto de fondo giraba en torno al Capítulo II del tratado, que habilita exámenes preliminares internacionales, no vinculantes, sobre los requisitos de patentabilidad de cada invención. La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) presionó para que ese capítulo quedara en reserva, por temor a que, ante la falta de estructura técnica del Estado argentino para evaluar los inventos, la autoridad de aplicación terminara «copiando y pegando» los informes de oficinas de patentes de otros países, lo que según los laboratorios locales dejaría desprotegida a la industria nacional de medicamentos frente a la competencia de multinacionales, mayormente estadounidenses. El oficialismo terminó cediendo a ese reclamo y estableció la adhesión con reserva de ese capítulo, lo que en los hechos mantiene el criterio local de patentabilidad, más restrictivo, para las invenciones farmacéuticas.
Ese cambio de último momento generó un pedido de último minuto del diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), que propuso eliminar directamente la reserva para que el tratado se convirtiera en ley de inmediato, sin necesidad de volver al Senado. No prosperó. «Es el Gobierno más loco del mundo: promueven la desregulación del mundo y se rinden a los pies de cierta cámara empresaria«, se quejó Ferraro, aunque terminó votando a favor igual, al igual que el resto del PRO, que había firmado el dictamen original en disidencia.
La miembro informante, la libertaria Juliana Santillán, defendió el acuerdo remarcando que prácticamente todas las economías del mundo ya adhirieron al sistema: «En América del Sur, el último país en incorporarse fue Uruguay (…) la discusión es si queremos que nuestros investigadores, nuestras universidades, los emprendedores, las empresas tecnológicas y los centros de investigación tengan acceso a las mismas herramientas que utilizan sus pares en el resto del mundo». Sobre la reserva del Capítulo II, garantizó que en todos los países donde se aplicó tuvo carácter temporario y que «no se altera el procedimiento internacional».
Desde la oposición, el excanciller Santiago Cafiero cuestionó tanto el fondo como la oportunidad del acuerdo: recordó que la Justicia norteamericana había obligado a la administración Trump a dejar sin efecto buena parte de su política arancelaria, lo que rompe el principio de reciprocidad detrás de cualquier acuerdo internacional. «Argentina está votando sobre un acuerdo que ya no existe», advirtió, y agregó que «el 80% de las patentes son requeridas por compañías internacionales, el 40% son norteamericanas», por lo que la adhesión implica «entregar capacidad regulatoria para preservar la ciencia y la tecnología«. Su compañero de bloque Pablo Yedlin fue irónico: «¿Salieron de la OMS y me van a hacer creer que les interesa la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual?». La científica del Conicet y diputada Adriana Serquis, que tiene una patente propia sobre cables superconductores, cuestionó además lo que definió como «falacias» en la exposición de Santillán: «Dijo que no iba a haber modificaciones en la forma que la Argentina acepta las patentes, y eso no es cierto: justamente los requisitos que actualmente tenemos para los patentamientos evitan (…) las vías de patentabilidad que actualmente tenemos y que por decreto ya las están derogando».
Con la reserva incluida, el proyecto ahora regresa al Senado para su ratificación definitiva, la misma Cámara que le había dado media sanción hace casi tres décadas. Según explican desde el Gobierno, la adhesión permitirá que los innovadores argentinos ahorren tiempo, trámites burocráticos y costos, ya que hoy deben iniciar el proceso de patentamiento internacional desde el exterior, al no contar el país con una oficina receptora propia del sistema PCT.
JD/CM
