«He conversado con las dos senadoras nacionales de Tucumán y he visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley y son personas que no cambian de posición», dijo el gobernador Osvaldo Jaldo, en referencia a Beatriz Ávila y Sandra Mendoza. El mismo día, desde Varvarco, el neuquino Rolando Figueroa fue todavía más categórico: «No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional». Con esas dos frases, dos gobernadores considerados cercanos a la Casa Rosada terminaron de hundir el capítulo más resistido de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
Horas después, el Gobierno confirmó lo que ya se veía venir: decidió eliminar la reforma a la Ley de Tierras Rurales del proyecto para poder salvar el resto de la iniciativa, que incluye cambios en desalojos, expropiaciones y manejo del fuego, según reconstruyó La Pluma en el décimo sexto borrador del proyecto. La decisión se cerró en una reunión de Patricia Bullrich con los bloques aliados, después de que el poroteo empezara a inclinarse en contra: según el conteo que circulaba entre los senadores, la votación estaba 35 a 34, a un solo voto de la derrota. Luego, se sumó el rechazo.
Apenas un día después de la conferencia
El faltazo llega apenas 24 horas después de que Bullrich presentara, en una extensa conferencia de prensa, la versión que creía definitiva del proyecto: un tope del 25% para la extranjerización de tierras rurales, diez puntos por encima del límite vigente, con un esquema de doble autorización (provincia y Poder Ejecutivo) para las operaciones de empresas con participación estatal extranjera. Sin embargo el porcentaje llegaba a la enajenación provincial, y no a la municipal. En ese punto radica una de los detalles que no ayudaron a sumar votos. «Durante la actual gestión hemos defendido en cada paso la soberanía del país, la patria, nuestro territorio», había dicho la senadora, y vuelto a cargar contra «la ley de Máximo Kirchner«: «Fue un verdadero despropósito para el país. Una ley que volvió terratenientes a sus amigos y que lo único que evitó fue la inversión».
Ese esfuerzo no alcanzó y el porcentaje fue leído como un ardid que igual permite la venta indiscriminada en municipios. El oficialismo llegaba a la sesión con sus 21 senadores propios, tres del PRO (aunque la senadora Huala ya ponía en duda las condiciones de que hubiera sesión), siete radicales alineados con los gobernadores de Mendoza, Corrientes y Chaco, y el correntino Carlos Espínola de Provincias Unidas. En la vereda de enfrente, tres radicales confirmaron el voto negativo (Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama), al igual que la cordobesa Alejandra Vigo y los patagónicos de Moveré Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano. Los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut iban a acompañar el proyecto en general, pero a rechazar puntualmente el capítulo de tierras. Y quedaban en veremos los votos de Flavia Royón (Salta), Julieta Corroza (Neuquén) y la propia Beatriz Ávila (Tucumán), las tres bajo la lupa de sus gobernadores. Esos tres votos anticiparon esta mañana que votarían en contra, y obligó a cambiar los planes de LLA.
Del otro lado, la oposición ya tenía los 37 votos suficientes para garantizar el rechazo al polémico capítulo en cuestión.
El capítulo aparte: Fernández Sagasti
En medio de esta cuenta de votos al límite, la situación de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti sumaba un condimento adicional. Con 32 semanas de embarazo y sin poder viajar, le había pedido a Victoria Villarruel autorización para votar de manera remota desde Mendoza, invocando el mismo mecanismo que se usó durante la pandemia. «No estoy solicitando una dispensa para dejar de trabajar ni procurando anticipar una licencia por maternidad. Es exactamente lo contrario: quiero sesionar y cumplir plenamente con el mandato que me confiaron los mendocinos. El único impedimento que tengo es físico y de distancia: recorrer más de 1.000 kilómetros», había explicado en su nota a la vicepresidenta. Villarruel terminó autorizando el pedido, aunque la decisión final quedará en manos del propio recinto al arranque de la sesión de mañana. El radical Flavio Fama, que se sometió recientemente a una cirugía, pidió la misma excepción.
Con el capítulo de tierras afuera, lo que resta ahora es ver si el resto del proyecto, ya despojado de su punto más conflictivo, logra finalmente los votos que cuatro sesiones consecutivas no consiguió reunir.
JD/CM
