Las definiciones brindadas por el secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Hugo Russo, en torno al avance parlamentario del proyecto presentado por el diputado Facundo Tignanelli, ponen de relieve la urgencia de dotar al sector de un marco legal de negociación colectiva.
La iniciativa, que cosechó dictamen de mayoría en la Comisión de Legislación General con el respaldo de Fuerza Patria, UCR + Cambio Federal, el PRO y el FIT, busca resolver la anomalía institucional de que los judiciales sean el único colectivo de trabajadores estatales en la provincia de Buenos Aires sin ley marco paritaria.
Russo expone los ejes centrales por los cuales la AJB considera indispensable la sanción de una ley de negociación colectiva. A diferencia de la administración central bonaerense o de los 135 municipios, que cuentan con regímenes de convenciones colectivas, los empleados de la Justicia deben negociar salarios y condiciones laborales de forma directa con el Poder Ejecutivo o mediante la presión gremial.
El titular del gremio enfatizó ante el micrófono de La Pluma la necesidad de romper con la visión señorial dentro del esquema tribunalicio: “El juez es juez para un justiciable, no para mí; para mí es un patrón como cualquier otro”. La norma busca encuadrar las relaciones de trabajo en estándares y convenios de la OIT.
Un aspecto clave subrayado por la conducción de la AJB es que la Ley de Paritarias no responde únicamente a demandas salariales o de autoprotección, sino que impacta directamente en la democratización del acceso al Estado.
Russo advirtió que actualmente el ingreso a las dependencias judiciales está supeditado a la recomendación directa o la discrecionalidad de magistrados y consejeros de la Magistratura, a diferencia de la salud o la educación pública, donde rige la presentación de antecedentes y concursos.
El marco paritario prevé establecer mecanismos transparentes y públicos de selección para que “los hijos del pueblo y los más capaces puedan entrar a trabajar” en igualdad de condiciones, desmantelando las dinámicas endogámicas del Poder Judicial.
El avance de la Ley de Paritarias en la Legislatura coincide con las gestiones de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para sancionar su propia Ley de Autarquía Financiera y Presupuestaria.
El panorama en la Corte y las vacantes que deja Kicillof
La reunión del gobernador Axel Kicillof con la conducción del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, presidido por Claudio Santagati, en la que estuvo flanqueado por el ministro de Justicia, Juan Martín Mena, y el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, expone la urgencia del Ejecutivo por saldar el déficit de cobertura de vacantes en los juzgados e incorporar las demandas de infraestructura en el presupuesto de cara a 2027.
Sin embargo, el compromiso del mandatario de enviar de forma inminente más de 250 pliegos judiciales al Senado ingresa directamente a un escenario parlamentario fragmentado y atravesado por la interna partidaria, donde el acuerdo sobre las magistraturas se entrelaza con las negociaciones por el Presupuesto 2027 ($58,6T), la autorización de endeudamiento por USD 1.000 millones, las reelecciones comunales y el debate por la Autarquía Judicial.
Aunque el bloque oficialista de Fuerza Patria cuenta en los papeles con 24 bancas propias, quórum justo, la fragilidad del esquema orgánico impone articular acuerdos transversales para alcanzar los 31 votos de dos tercios necesarios para prestar acuerdo a las designaciones judiciales.
La acumulación de vacantes en los fueros civil, comercial, penal y de familia resiente el funcionamiento ordinario de los tribunales. La oposición condiciona la aprobación de la nómina de 250 jueces, fiscales y defensores a una negociación que incluya la distribución de los juzgados vacantes clave y el avance de compensaciones presupuestarias para los municipios en la Ley Impositiva.
La falta de una conducción unificada en la bancada oficialista del Senado obliga a Kicillof y Mena a consensuar cada nombre de la lista tanto con el cristinismo/La Cámpora como con los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), evitando que las rencillas por el armado 2027 dinamiten las votaciones en el recinto.
La Autarquía Judicial que pide la Corte y el frente de las Paritarias
En el cónclave en Gobernación, las autoridades judiciales exigieron que la Ley de Autarquía Financiera y Presupuestaria, impulsada por la presidencia de la Suprema Corte bonaerense en cabeza de Sergio Torres, obtenga el consenso político para su tratamiento:
El Poder Judicial reclama restituir un piso coparticipable (entre el 5% y el 7% de los recursos provinciales) para que la Corte administre de forma directa la infraestructura edilicia y la política salarial sin depender de las transferencias coyunturales de la Tesorería General.
La pretensión de la Corte dialoga con la reciente aprobación en la Comisión de Legislación General de la Ley de Paritarias Judiciales (impulsada por Facundo Tignanelli y respaldada por la AJB de Hugo Russo). Mientras la magistratura busca autarquía de gestión, los trabajadores exigen que la negociación salarial y el ingreso democratizado por concurso queden fijados por una ley marco tripartita obligatoria.
JMA/CM
