La inédita crisis del PAMI atraviesa sus horas más delicadas con la suspensión de servicios en 28 clínicas de cuatro provincias. Más de 300.000 jubilados de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa quedan sin atención en un escenario que no se registró siquiera en el 2001. Los prestadores ya avisaron que la medida puede extenderse si la Casa Rosada no responde.
El argumento de fondo no es nuevo: entre enero de 2024 y julio de este año la inflación acumuló 341%, mientras PAMI actualizó los aranceles apenas un 143%, una brecha que se traduce en una pérdida real del 75%.
El juego de la silla libertaria
Ese reclamo económico convive con otro problema, menos visible pero igual de corrosivo: PAMI se convirtió, provincia por provincia, en un escenario de disputa de la interna libertaria. En Río Negro, el médico Horacio Llamazares asumió esta misma semana como cuarto titular de la delegación en apenas dos años y medio, justo cuando arreciaba el conflicto con los prestadores.
Llamazares llegó al sillón que dejó Nicolás Petrini, hombre allegado al senador nacional Enzo Fullone, después de solo ocho meses de gestión. Antes había durado Juan Ignacio Viñals –con el aval de la entonces diputada Lorena Villaverde– como sucesor de Carlos Montenegro, el primer libertario en manejar la caja rionegrina de la obra social.
El manual se repite en otras provincias con distintos apellidos. En La Pampa, el vocero Adrián Ravier bajó del cargo a su antiguo socio Luciano Ortiz —el primer referente partidario que había llegado a un puesto jerárquico en la provincia, en febrero de 2024— para poner en su lugar al ginecólogo Rubén Dayán.
Neuquén, con el abogado Mario Landeiro al frente desde el arranque de la gestión y con el respaldo de la senadora Nadia Márquez, es la rara avis de la estabilidad. Todo lo contrario ocurre en Tierra del Fuego: Alberto Belmar —tío del diputado libertario Santiago Pauli— quedó al frente de una delegación bajo sospecha, con un pedido de una subcomisión investigadora en el Congreso.
Esa subcomisión busca esclarecer presuntas irregularidades en la gestión anterior de la delegación fueguina, la de Fernando Polizzi. En Santa Cruz manda Paula Álvarez, que heredó el cargo del hoy diputado nacional Jairo Guzmán y que además carga con denuncias de ATE y la CTA por maltrato laboral hacia empleados del organismo.
Ni Santa Cruz ni Tierra del Fuego se plegaron al corte de este lunes, pero eso no las deja mejor paradas. En Caleta Olivia la delegación no tiene directivos desde noviembre pasado, y un grupo de jubilados terminó ocupando pacíficamente el edificio para hacerse escuchar ante la falta absoluta de interlocutores.
Una factura que pagan los gobernadores
El desorden político tiene, además, un correlato contable que golpea directamente en las provincias. En Neuquén, de los 69.000 afiliados a PAMI, ya son más de 43.000 los que se atienden en el sistema público —contra 38.423 en diciembre de 2023—, y la obra social nacional ocupa en promedio una de cada cinco camas hospitalarias, con picos de hasta el 33% en algunos servicios.
No es casualidad que la provincia haya llevado la deuda a la Justicia: con intereses, el reclamo ya trepa a 1.510 millones de pesos por prestaciones que nunca se cobraron. En Río Negro, donde vive más de un tercio de los afiliados patagónicos de la obra social, el propio Gobierno nacional admitió ante el Congreso una deuda con hospitales públicos que supera los 350 millones de pesos.
La provincia rionegrina, además, acumuló 13.027 reclamos de beneficiarios en apenas dos años y medio. Chubut, por su parte, ya no espera respuestas: evalúa hacerse cargo directamente de las prestaciones de 70.000 afiliados, a un costo estimado de 8.500 millones de pesos mensuales que exige que gire Nación, después de que Esquel pasara cuatro meses enteros sin cobertura médica privada.
En La Pampa, donde el propio recambio de delegados dejó semanas sin interlocutor válido para los prestadores, unos 50.000 afiliados terminan en hospitales públicos que no estaban pensados para absorberlos. El resultado se repite, con matices, en las seis provincias patagónicas: cada Estado provincial termina bancando con recursos propios lo que la obra social nacional debería cubrir.
Números rojos
Esa lógica se repite a escala país. La deuda total de PAMI con clínicas, sanatorios, farmacias y profesionales se calcula en 500.000 millones de pesos, un número que contrasta con un dato incómodo para el propio organismo: el 22 de mayo el Gobierno le giró a PAMI 580.270 millones de pesos en Letras del Tesoro, pensados justamente para saldar esas cuentas con los prestadores.
De ese envío extraordinario, PAMI apenas ejecutó el 42%, según sus propios registros oficiales, mientras la plata sin usar convive con clínicas que hoy cierran sus puertas por falta de pago. La secuencia explica por qué la Patagonia llegó hasta acá: las restricciones parciales en guardias y cirugías arrancaron en abril, en junio se sumó el corte de las consultas médicas de guardia.
Hasta el momento, el ministro Mario Lugones no se expidió públicamente al respecto.
JL/CM
