El Gobierno de Javier Milei busca avanzar con un proyecto de ley para que las empresas privadas que obtengan la concesión de rutas no paguen impuestos. Mientras tanto, sigue sin responder a las denuncias y pedidos de informes de la oposición sobre el destino de los fondos que los argentinos ya pagan a través del impuesto a los combustibles para financiar la infraestructura vial.
La iniciativa anunciada por Luis Caputo busca otorgar beneficios fiscales a las compañías que inviertan en rutas nacionales. El argumento oficial es que la eliminación de impuestos permitirá generar incentivos para que el capital privado financie obras que el Estado dejó de ejecutar.
De acuerdo con lo informado, el proyecto abarcaría inicialmente unos 6.000 kilómetros de rutas y el plan oficial prevé avanzar hasta alcanzar los 12.000 kilómetros de corredores concesionados. “Todo lo que sean nuevas inversiones en rutas, vamos a proponer que sea a cero impuestos, nacional, provincial y municipal”, afirmó Caputo al anunciar la iniciativa.
Según explicó el ministro, el objetivo es generar “más incentivo” para las inversiones, reducir los costos asociados al desarrollo de infraestructura y acelerar la ejecución de las obras.
La pregunta incómoda: ¿dónde están los fondos para las rutas?
Distintos sectores de la oposición denunciaron que los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que deberían contribuir al sostenimiento de la infraestructura vial, no fueron destinados en su totalidad a ese objetivo.
Según los cuestionamientos difundidos en las últimas semanas, el Gobierno habría utilizado una parte de esos recursos para inversiones financieras y otros destinos, mientras las rutas nacionales atraviesan un proceso de deterioro. La polémica derivó en pedidos de informes para conocer el destino efectivo de la recaudación y determinar cuánto del dinero con asignación específica fue finalmente utilizado para obras, mantenimiento y reparación de los corredores viales.
De acuerdo con las denuncias de legisladores opositores, solo se habría ejecutado una parte de los recursos disponibles para el sistema vial, mientras una suma superior a $ 1 billón habría sido colocada en instrumentos financieros, como plazos fijos y títulos públicos.
“No se trata de un problema de caja, es un problema de legalidad. La ley dice para qué es esa plata y el propio Gobierno admitió que no la usa para eso”, sostuvo la diputada Marina Salzmann, del Frente Renovador, al impulsar un pedido de informes.
Menos inversión estatal y más concesiones
El proyecto de exención impositiva tampoco llega en un contexto neutral para el sector vial. La iniciativa se produce después de un fuerte recorte en los recursos destinados a Vialidad Nacional y a la seguridad vial, en el marco del programa de ajuste impulsado por la administración de Milei.
Según los datos citados en torno al proyecto, el presupuesto destinado al área vial sufrió una fuerte contracción real en los últimos años, al mismo tiempo que se redujo la inversión directa del Estado en obras y mantenimiento.
El oficialismo busca, de esta manera, reemplazar progresivamente el financiamiento público por capital privado y profundizar un sistema de concesiones que, en muchos casos, tendrá como fuente de ingresos el cobro de peajes.
La apuesta supone un cambio profundo en la forma de financiar la infraestructura. En lugar de que el Estado sostenga directamente la construcción y el mantenimiento de los corredores, serán las empresas concesionarias las que asumirán esas tareas bajo un esquema que contempla nuevos incentivos fiscales y mecanismos de recuperación de la inversión.
Pero allí aparece uno de los principales cuestionamientos al modelo. Los usuarios ya pagan impuestos incluidos en el precio de los combustibles y una parte de esa recaudación está vinculada al financiamiento del sistema vial. Si, además, las obras pasan a depender de concesiones privadas financiadas mediante peajes, el costo de mantener la infraestructura podría trasladarse a quienes utilizan las rutas. En definitiva, serían las personas quienes terminarían pagando dos veces, primero a través de la carga tributaria y luego directamente al sistema concesionado.
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