El gobierno de Javier Milei oficializó la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por US$ 340,2 millones, un monto sensiblemente inferior a los US$ 500 millones que esperaba recaudar el Ministerio de Economía. La operación quedó formalizada mediante la Resolución 1818/2026, publicada en el Boletín Oficial, que adjudicó el 90% del paquete accionario de la compañía a un consorcio privado.
El grupo ganador está integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA. La propuesta superó la presentada por el consorcio encabezado por Roggio, que había ofrecido US$ 285 millones.
La diferencia entre el monto adjudicado y las expectativas iniciales representa un revés para las previsiones de ingresos del Ejecutivo. Frente a una estimación máxima de US$ 500 millones, la venta se cerró por US$ 159,8 millones menos, una brecha cercana al 32%. Incluso respecto del piso de US$ 450 millones que se manejaba, la recaudación será US$ 109,8 millones inferior.
La resolución también instruyó a la Tesorería General de la Nación a comunicar al adjudicatario los datos de la cuenta en la que deberá transferir el dinero. Según el cronograma oficial, la firma del contrato de compraventa se realizará el 13 de noviembre de 2026.
Quiénes se quedan con el control de AySA
El consorcio adjudicatario reúne empresas con participación en los sectores de infraestructura, saneamiento y provisión de insumos. Rowing, vinculada al empresario Walter Román, encabeza el grupo, que también incluye a Transclor, propiedad de Mauricio Filiberti; la brasileña Arcos Saneamento e Participações, vinculada al grupo Equipav; y PHX Aqua AR BV, un vehículo de inversión radicado en los Países Bajos.
La operación contempla la transferencia de 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, que representan el 90% del capital social y de los votos de AySA. El 10% restante continuará bajo el esquema de participación accionaria de los trabajadores.
El proceso de privatización se enmarca en la Ley Bases, que incluyó a AySA entre las empresas sujetas a privatización. La licitación pública nacional e internacional se desarrolló en dos etapas y no estableció un precio mínimo para la venta.
Las inversiones previstas y el impacto sobre el servicio
La transferencia de la empresa se complementa con un programa de inversiones para el período 2027-2031, que contempla un Plan de Acción de $2,89 billones a valores de diciembre de 2025 y sin IVA.
El programa prevé destinar aproximadamente $ 1,13 billones a obras, $ 1,15 billones a mantenimiento, $ 315.761 millones a mejoras y $ 296.166 millones a la operación del servicio. El objetivo es renovar infraestructura, ampliar la cobertura de agua potable y cloacas y mejorar la prestación.
Entre las metas fijadas para 2031 figura alcanzar una cobertura del 75,3% de la población con agua potable y del 63,9% con desagües cloacales. Al finalizar el período inicial de la concesión, los niveles mínimos previstos deberán llegar al 90% en agua potable y al 75% en cloacas.
La privatización también se produce en un contexto de revisión del esquema tarifario. Para el 26 de octubre está prevista una audiencia pública en la que se analizarán modificaciones en las tarifas de agua y cloacas, con cambios que podrían impactar sobre las facturas de una parte importante de los usuarios.
El Gobierno sigue avanzando en su proceso de desprenderse de las compañías públicas con el argumento de que le generan muchos gastos a un Estado que no tiene los recursos, ni debería hacerse cargo de los mismos.
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