Manuel Adorni viajó con su familia a Aruba en primera durante las fiestas de fin del primer año de mandato. El fiscal Gerardo Pollicita accedió a información proporcionada por la aerolínea LATAM Airlines, que permitió reconstruir el itinerario del funcionario, quien viajó junto a su esposa y sus dos hijos entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025.
Según los registros incorporados a la causa, el entonces vocero voló en primera clase, con escalas en Perú y Ecuador. El costo de los pasajes ascendió a unos 1.450 dólares por persona, totalizando cerca de 5.800 dólares para todo el grupo familiar. De acuerdo con la investigación, los tickets habrían sido abonados en efectivo y en moneda extranjera, lo que constituye uno de los puntos bajo análisis en el expediente judicial.
El foco de la pesquisa no se limita al traslado aéreo. Por estas horas, la fiscalía intenta determinar en qué hotel se alojó la familia y cuál fue el gasto total de la estadía. En paralelo, el juez Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, con el objetivo de acceder a los consumos realizados con tarjetas de crédito durante ese período.
El caso se inscribe en una investigación más amplia sobre la evolución patrimonial del funcionario, que incluye múltiples viajes internacionales y operaciones inmobiliarias. Entre ellos, figura su participación en la “Argentina Week 2026” en Nueva York, donde el costo de los pasajes superó los 10.000 dólares entre ambos integrantes de la pareja, aunque aún no está claro quién financió el ticket de Angeletti.
Además, el expediente judicial también analiza un vuelo en avión privado hacia Punta del Este, que Adorni habría compartido con el periodista Marcelo Grandío, vinculado a contrataciones con la TV Pública. En total, se contabilizan más de 15 viajes al exterior desde diciembre de 2023, realizados por el funcionario y su entorno cercano.
En paralelo, avanzan las declaraciones testimoniales por la compra de propiedades, entre ellas un departamento en el barrio porteño de Caballito. Dos de las vendedoras, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, se desligaron de la operación y apuntaron a sus hijos como intermediarios. La Justicia busca determinar si el nivel de gastos, inversiones y movimientos financieros de Adorni resulta compatible con los ingresos que declaró como funcionario público.
AL/CM
