En un nuevo ataque contra la prensa, un modus operandi para nada novedoso de la presidencia de Javier Milei, este jueves los periodistas acreditados en Casa Rosada fueron informalmente notificados sobre la suspensión de sus acreditaciones, impidiendo el ingreso al edificio de gobierno por tiempo indeterminado.
Se trata de una medida sin precedentes desde la recuperación democrática de 1983, Es la primera vez desde entonces que la secretaría de Prensa y Comunicación impide a los trabajadores de prensa, vulgarmente atacados por la gestión libertaria desde su inicio, a ejercer libremente su derecho a informar.
La decisión de impedir el ingreso de los periodistas acreditados se tomó a última hora del pasado miércoles pero nunca se notificó a los afectados. Por la mañana del jueves, la acreditada de Radio 10, Paula Larousse, se acercó a la sede de gobierno a las 7:30 de la mañana y los agentes de Casa Militar, el grupo a cargo de la seguridad del presidente, le impidió el paso al establecimiento, al tiempo que le confirmó que la medida recae para los cuarenta y cuatro periodistas que ingresan a diario a la casa de gobierno.
Pese a que la decisión fue tomada explícitamente por la secretaria de Prensa a cargo de la Secretaría general de la Presidencia, no hubo ninguna notificación oficial que explique las razones de este impedimento.
El secretario de prensa, Javier Lanari, se limitó a utilizar su cuenta de Twitter para brindar una explicación insuficiente. “Aclaración. La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional…”, sostuvo el número dos de Manuel Adorni.
Según trascendidos en off the record, la medida de suspender las acreditaciones de los medios de forma “preventiva” llega luego de la denuncia contra los periodistas de Todo Noticias (TN) Luciana Geuna e Ignacio Salerno, acusados de haber registrado imágenes dentro del edificio sin autorización. Las mismas fueron difundidas en el programa dominical “¿Y mañana qué?” de la emisora, cuya producción y directivos también fueron incluidos en la denuncia presentado por el general de Brigada, Sebastián Ibáñez, titular de Casa Militar seleccionado por Karina Milei en marzo del 2024.
Entre las justificaciones de la denuncia, el gobierno alega que las filmaciones podrían encuadrarse en “espionaje ilegal”, circunstancia suficiente para sostener cualquier decisión bajo el argumento del cuidado de la seguridad nacional y del presidente. La denuncia quedó en manos del juez federal, Ariel Lijo, quien hasta el momento del cierre de esta nota no había realizado ninguna medida para dar lugar a una investigación judicial formal.
Desde el lunes, Salerno fue notificado sobre la suspensión momentánea de la acreditación hasta en tanto la justicia se expida sobre la denuncia presentada. Sin embargo, este jueves y de manera injustificada, el gobierno decidió expandir el método de adoctrinamiento más allá y suspendió momentáneamente el ingreso a todos los acreditados, sin ofrecer ninguna precisión sobre cuándo podría normalizarse el acceso.
La restricción se implementó mediante la anulación del sistema de acceso por huella digital que trabajadores de la casa, miembros del gobierno y cronistas deben utilizar para ingresar a la sede del Ejecutivo.
Pese a que en el gobierno intentan justificarse afirmando que “las acreditaciones siguen vigentes”, puesto que a ningún medio le fue revocada la misma, en la práctica la imposibilidad de pasar por los molinetes de control deja sin efecto todos los accesos recientemente renovados. Por tiempo indeterminado, la sala de prensa Decano Roberto «Tano» Di Sandro, espacio histórico de trabajo para los medios dentro del edificio gubernamental, permanecerá cerrada.
La noticia, que supone una avanzada sin precedentes a la libertad de prensa, generó un inmenso revuelo que caló de lleno en el ecosistema político. Dirigentes, legisladores, miembros del círculo rojo y referentes de todo el arco político nacional se pronunciaron contra la decisión del gobierno de prohibir la cobertura diaria en Casa Rosada, principal vía de acceso para conocer de primera mano información sobre la gestión y las acciones -públicas y no- de éste y todos los gobiernos. Este jueves, Javier Milei se reunió con el empresario tecnológico, Peter Thiel, y ningún medio pudo cubrir el desarrollo del encuentro con el magnate trumpista.
Diputados de distintos bloques opositores presentaron un proyecto de resolución para rechazar la decisión del Ejecutivo de impedir el ingreso de la prensa a la sede central de la administración. También hubo una denuncia penal contra el Presidente. En la misma línea, el próximo jueves se convocó a una reunión en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la que participarán entidades periodísticas, representantes de medios y periodistas agredidos.
TS/CM
