El Gobierno nacional oficializó una reforma en el procedimiento de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia, del Procurador General y del Defensor General de la Nación mediante el decreto 467/2026, una medida que busca agilizar los nombramientos y eliminar instancias administrativas previas a la remisión de los pliegos al Senado.
La normativa, firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, modifica los decretos 222 y 588 de 2003 y elimina la etapa de observaciones ciudadanas que se desarrollaba en el ámbito del Poder Ejecutivo antes de la nominación formal de los candidatos.
Según el Gobierno, ese mecanismo generaba una duplicación de procedimientos, ya que el Senado mantiene las audiencias públicas obligatorias y la posibilidad de recibir impugnaciones y observaciones ciudadanas durante el tratamiento de los pliegos.
Entre los principales cambios, el decreto dispone que la publicación de antecedentes y postulaciones deje de realizarse en diarios de circulación nacional y en el Boletín Oficial, concentrando la difusión en la página web oficial del Ministerio de Justicia. Además, reduce los plazos administrativos y establece un máximo de cinco días para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) elabore los informes sobre la situación fiscal y previsional de los candidatos.
La reforma también elimina del texto vigente la recomendación para que el Presidente contemple criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y representación regional al momento de efectuar las nominaciones.
Desde el oficialismo defendieron la medida como una corrección de lo que consideran una distorsión institucional. En esa línea, el asesor presidencial Santiago Caputo sostuvo que «la Argentina tiene un montón de problemas institucionales derivados de la falta de comprensión de la clase política de las instituciones básicas del sistema republicano».
A través de un mensaje publicado en redes sociales, el mega asesor afirmó que el decreto 222 «era una de esas anomalías institucionales que se fabrican so pretexto de conceptos como la transparencia para no afrontar el problema de fondo» y remarcó que el sistema de designación de jueces ya cuenta con mecanismos de publicidad y participación ciudadana.
«El método de nombramiento y designación de jueces ya cuenta con un proceso de transparencia y participación ciudadana. Son las audiencias públicas que se realizan en el Senado de la Nación, donde se encuentra representado el pueblo de cada provincia», señaló.
El asesor presidencial agregó que quienes cuestionen ese esquema deberían canalizar sus reclamos a través de la representación legislativa: «Si tienen un problema con eso, lo que hay que hacer es elegir mejores senadores. El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes».
Pese a las modificaciones, el procedimiento constitucional permanece sin cambios. Los pliegos seguirán requiriendo tratamiento en la Comisión de Acuerdos del Senado, audiencias públicas y la aprobación de dos tercios de los senadores presentes para concretar las designaciones.
La Corte en la mira
La decisión se produce en un contexto de fuerte discusión política en torno a la integración de la Corte Suprema. La reforma llega después de los intentos del Poder Ejecutivo por cubrir las vacantes existentes en el máximo tribunal, un proceso que derivó en extensas negociaciones parlamentarias y tensiones entre el oficialismo y la oposición. Al mismo tiempo, dentro del Gobierno persiste el debate sobre la conveniencia de impulsar nuevos candidatos para completar la composición del tribunal.
AL/SC
