La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que representa un fuerte respaldo judicial al reclamo de las universidades públicas y que mantiene vigente la obligación de recomponer los salarios docentes y no docentes, además de actualizar las becas estudiantiles.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo al considerar que no existía una sentencia definitiva que habilitara la intervención del máximo tribunal. De este modo, quedó vigente la cautelar dictada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal mientras continúa el trámite de la causa principal, que busca declarar la inconstitucionalidad del decreto 759/2025.
La demanda había sido promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto con distintas universidades nacionales, luego de que el Gobierno dispusiera que la Ley 27.795 solo podía ejecutarse una vez definidas sus fuentes específicas de financiamiento.
La cautelar obliga al Estado a cumplir los artículos 5 y 6 de la norma, que establecen la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley y la recomposición de las becas estudiantiles. En cambio, no alcanza al resto de las disposiciones presupuestarias previstas en la legislación, como la actualización de los gastos de funcionamiento y otras partidas universitarias.
Si bien el Gobierno y las universidades firmaron el pasado 10 de junio un acuerdo paritario que contempla un incremento del 24,33% de la masa salarial, una suba del 20% en los gastos de funcionamiento y un refuerzo de las partidas destinadas a hospitales universitarios por 50 mil millones de pesos, el fallo adquiere relevancia institucional al ratificar la vigencia de la ley aprobada por el Congreso que obliga a transferir más recursos que los acordados.
Desde la Universidad de Buenos Aires celebraron la decisión judicial. El vicerrector Emiliano Yacobitti afirmó que el fallo confirma que «el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario» y sostuvo que «luchar por lo correcto siempre vale la pena». En la misma línea, desde la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) interpretaron que la resolución constituye un mensaje claro al Gobierno respecto de la obligación de actualizar los salarios que aún permanecen rezagados.
También el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, calificó la decisión como «una noticia muy importante que la comunidad universitaria estaba esperando». Según explicó, el objetivo del reclamo nunca fue incrementar el presupuesto universitario sino recuperar el nivel de financiamiento existente a diciembre de 2023, deteriorado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores.
Bartolacci sostuvo que, pese a los acuerdos alcanzados este año, todavía persistía un atraso salarial de entre el 25 y el 30 por ciento. Además, advirtió que las becas Progresar, que alcanzan a la mayor parte de los estudiantes universitarios, continuaban sin la actualización prevista por la ley, a diferencia de las Becas Manuel Belgrano, cuya recomposición sí fue acordada.
El rector rosarino cuestionó además la postura adoptada por el Ejecutivo durante el proceso judicial. A su entender, el Gobierno buscó demorar la aplicación de la ley argumentando la inexistencia de recursos presupuestarios, una explicación que, sostuvo, quedó desmentida por los acuerdos alcanzados semanas atrás.
Las autoridades universitarias también alertaron sobre las consecuencias que la crisis presupuestaria tuvo sobre el sistema de educación superior. Bartolacci afirmó que numerosos docentes abandonaron sus cargos o debieron recurrir al pluriempleo para complementar sus ingresos, mientras que la falta de financiamiento afectó proyectos científicos y provocó la pérdida de investigadores altamente calificados.
«El 70 por ciento de la ciencia argentina se produce en las universidades públicas. Lo que se pierde en recursos humanos y líneas de investigación puede demandar décadas recuperarlo», advirtió.
Pese al alivio que generó la decisión de la Corte, desde el sistema universitario consideran que el debate de fondo continúa abierto. Además, dentro del CIN aumentan las dudas de si el gobierno libertario acatará el fallo o apelará a alguna maniobra discursiva para evitar el giro presupuestario. Bartolacci planteó la necesidad de impulsar una «segunda reforma universitaria» que permita adaptar la educación superior a las nuevas demandas sociales y productivas, revisando planes de estudio, metodologías de enseñanza y estructuras académicas.
La resolución del máximo tribunal no pone fin al litigio judicial, ya que resta resolverse la cuestión de fondo vinculada a la constitucionalidad del decreto 759/2025. Sin embargo, constituye un respaldo significativo para las universidades nacionales y consolida la obligación del Estado de cumplir, al menos de manera provisoria, con los aspectos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario mientras avanza el proceso judicial.
AL/CM
