El endeudamiento de las familias argentinas se convirtió en uno de los problemas que expone las dificultades que atraviesan los hogares para llegar a fin de mes. Sin embargo, la respuesta del Gobierno de Javier Milei no apunta a una asistencia pública: la Casa Rosada, el Ministerio de Economía y el Banco Central coinciden en que el Estado no debe intervenir y que la solución debe quedar en manos de los bancos y sus clientes.
La definición fue explicitada por el propio Presidente. Consultado por la situación de las familias que recurren al crédito para afrontar sus gastos, Milei descartó que el Estado deba hacerse cargo de esas obligaciones. Para el mandatario, cuando dos privados acuerdan un crédito, las consecuencias de ese contrato deben ser asumidas por las partes. “Es un problema entre privados”, sostuvo, y rechazó la posibilidad de utilizar recursos públicos para aliviar las deudas.
El líder libertario fue todavía más contundente al referirse a un eventual programa de asistencia: “Conmigo no, olvídense. No voy a hacer populismo”, afirmó.
La definición marca el límite que el Gobierno establece frente a uno de los efectos de la pérdida de capacidad de pago de los hogares: no habrá un rescate estatal para quienes tomaron créditos y ahora tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones.
Caputo: que los bancos negocien con los deudores
El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo la misma línea. Frente a la posibilidad de que el Gobierno implementara algún tipo de ayuda para las familias endeudadas, respondió que se trata de un “tema entre privados”. Según el funcionario, los bancos ya están trabajando en mecanismos para refinanciar las deudas y ofreciendo condiciones con tasas más bajas y razonables.
La respuesta oficial, por lo tanto, no contempla una transferencia de recursos públicos hacia los hogares endeudados. La alternativa es que las entidades financieras renegocien las condiciones de los créditos y que los deudores puedan volver gradualmente a cumplir con sus obligaciones.
El problema es que la discusión no ocurre en un vacío. El endeudamiento aparece acompañado por un aumento de la morosidad de los hogares. Según un informe citado por Ámbito, el ratio de irregularidad total llegó al 7,7% en mayo, con un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto de abril y de 5,1 puntos en la comparación interanual.
Es decir, mientras la morosidad aumenta, la respuesta oficial consiste en dejar la negociación dentro del sistema financiero.
Bausili y la advertencia sobre el “riesgo moral”
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, fue incluso más explícito al explicar por qué el Gobierno descarta un rescate. “Todos sabemos que la morosidad es un problema”, reconoció. Pero inmediatamente sostuvo que el Gobierno continúa considerando la situación como una “conversación entre privados”.
La lógica oficial es que el Estado no debe utilizar recursos para resolver obligaciones contraídas entre particulares. Bausili explicó que el Gobierno evitará soluciones que impliquen “quitarle recursos a alguien para asignárselos a otro” y también rechazó la posibilidad de monetizar el problema.
El argumento utilizado por el titular del BCRA es el del “riesgo moral”: una intervención estatal podría generar incentivos para que los actores asuman riesgos bajo la expectativa de que, llegado el momento, el Estado se haga cargo de las consecuencias.
Por esa razón, el Gobierno apuesta a que los bancos refinancien las deudas y que los hogares negocien individualmente las condiciones de sus créditos.
La paradoja del discurso oficial
La postura de Milei, Caputo y Bausili deja planteada una particular paradoja. El Gobierno reconoce que el endeudamiento y la morosidad son un problema, pero al mismo tiempo establece que la solución no corresponde al Estado.
El Presidente lo encuadra como una cuestión de contratos entre privados. Caputo sostiene que los bancos pueden refinanciar. Y Bausili advierte que una intervención pública podría generar incentivos incorrectos.
De esta manera, la responsabilidad queda trasladada a las partes que participaron del crédito: de un lado, las entidades financieras; del otro, los hogares que contrajeron las deudas.
El Gobierno no plantea, al menos por ahora, un mecanismo general de alivio, un rescate para los deudores ni una transferencia de recursos públicos. Su estrategia consiste en esperar que la refinanciación permita reducir gradualmente la morosidad.
Bausili destacó, en ese sentido, una primera señal: la irregularidad del crédito a las familias habría pasado del 12,8% en mayo al 12,7% en junio, luego de 19 meses consecutivos de aumentos.
Pero el propio funcionario evitó presentar ese dato como una solución definitiva y planteó que habrá que esperar para determinar si efectivamente comenzó un cambio de tendencia.
Así, frente a un problema que afecta directamente a los hogares, la definición política del Gobierno es que el Estado no debe hacerse cargo de la deuda. La salida queda en manos del sistema financiero y de cada familia que negocie con su banco.
La consigna oficial es clara: no habrá rescate y no habrá recursos públicos para cubrir las obligaciones privadas. Los deudores deberán negociar, los bancos deberán refinanciar y el Estado observará el proceso desde afuera.
RM
