En una larga sesión que comenzó a las 14 y continuaba después de la medianoche, el Senado dio media sanción al Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), un proyecto que impulsó el radicalismo y contó con un amplio respaldo oficialista y opositor. El dato no es menor, porque la votación llegó a los 60 votos a favor y dos en contra. Ese número se repitió en la norma que crea el mercado de carbono y en ambos casos los rechazos fueron los mismos: los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano. La sesión concluyó con la media sanción de un paquete de modificaciones a la Ley de Salud Mental, pero el oficialismo transitó la sesión en medio de fuertes versiones sobre la presunta decisión de sacar a Patricia Bullrich de la presidencia del bloque libertario y reemplazarla por la neuquina Nadia Márquez, que este sábado recibirá en su provincia al presidente Javier Milei.
La sesión había arrancado con 38 legisladores presentes y con el juramento de Claudia López, senadora libertaria riojana que reemplaza a Juan Carlos Pagotto, fallecido el 21 de septiembre. Además de estas dos iniciativas, el temario incluyó la reforma de la Ley de Salud Mental, que habilita las internaciones involuntarias.
Entre los temas previstos, la Cámara alta también aprobó por unanimidad un mensaje que incomodará a la Casa Rosada. Todos los presentes apoyaron una resolución que invita a León XIV a visitar el Congreso durante su estadía en Argentina, del 8 al 11 de noviembre, y dirigir un mensaje a los legisladores. La iniciativa fue impulsada por José Mayans y contó con el respaldo de Bullrich y representantes de todos los bloques. Además el recinto le solicitó al Gobierno que garantice la participación institucional del cuerpo encabezado por la vicepresidenta Victoria Villarruel. El pronunciamiento busca que esté presente en el encuentro que el pontífice mantendrá con autoridades nacionales en el Palacio Libertad.
En medio del debate la Casa Rosada mandó una señal sobre un reclamo de la oposición. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, brindará su primer informe de gestión el 25 de noviembre. Fue en respuesta a un reclamo de la oposición, encabezada por el peronismo, que buscaba una comparecencia el 18. La decisión fue anunciada por la Casa Rosada y el oficialismo utilizó el dato para chicanear al jefe de la bancada peronista, José Mayans, porque volvió a reclamar la presencia del ministro coordinador cuando su presencia ya había sido anunciada.
El RIIR fue impulsado por el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, y busca complementar al RIGI, pensado para los megaproyectos, con beneficios para inversiones de menor escala. En la votación en particular obtuvo 46 votos a favor y 16 en contra, todos del bloque Justicialista. Un cambio al artículo 6 pedido por Jorge Capitanich se aprobó por unanimidad.
El régimen exige un piso de 12 millones de dólares para las empresas que superen el tramo 2 de las medianas. Otorga amortización acelerada en Ganancias y devolución anticipada de créditos de IVA para bienes muebles nuevos y obras productivas. Quedan afuera las inversiones financieras, los inventarios y los automóviles.
La misma inversión no puede acogerse al RIIR y al RIGI, y no pueden acceder las empresas con deudas fiscales exigibles ni con condenas por delitos tributarios, cambiarios o de corrupción. Hay incentivos especiales, sin importar el monto, para riego, equipos de eficiencia energética, mallas antigranizo y ganadería.
Vischi defendió que el proyecto «no condona ni rebaja impuestos, sino que pretende la aceleración de las inversiones». La presentación del oficialismo estuvo a cargo de Patricia Bullrich, que lo planteó como una respuesta a los inversores medianos y grandes y a sus redes de proveedores.
En el debate, Fernando Salino y Mariana Juri acompañaron con reparos. Salino cuestionó el monto y el costo fiscal y pidió sanciones más claras. José Mayans criticó la política económica del Gobierno, pero anticipó que el bloque justicialista votaría a favor en general, algo que luego no repitió en el detalle.
Asimismo, el proyecto de Carbono unificó iniciativas de Flavia Royón, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, y Capitanich. Crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones, exime de derechos de exportación a las transferencias internacionales de créditos de carbono y da estabilidad fiscal por diez años a los proyectos registrados. También le asigna un rol a la Comisión Nacional de Valores y fija condiciones para evitar la doble contabilización de emisiones.
Hubo una discusión por el plazo de la estabilidad fiscal. Una modificación al artículo 14 proponía llevarla de 10 a 30 años, no fue aceptada y se votó por separado, con 44 votos a favor y 19 en contra. El resto del articulado pasó por 61 a 2.
Royón estimó que los créditos pueden generar entre 1.400 y 3.900 millones de dólares para el país. Capitanich, por su parte, expresó su «desazón» porque no se escucharon las propuestas de su bloque, aunque acompañó el dictamen de mayoría. La neuquina Nadia Márquez recordó que el trabajo en los plenarios de comisión incluyó 25 expositores.
La reforma de Salud Mental era el tema más sensible de la sesión. Fue aprobada a las 00.52 por 42 votos afirmativos y 21 rechazos, sin abstenciones, y ahora vuelve a Diputados para su tratamiento. Modifica la Ley 26.657, vigente desde 2010, y amplía los criterios para las internaciones involuntarias: podrán disponerse ante un «riesgo grave de daño para la vida o la integridad física» de la persona o de terceros, y ya no solo ante un peligro inminente. En urgencias con un solo médico disponible, este podrá ordenar la internación, que un equipo interdisciplinario deberá ratificar en 48 horas.
El texto reincorpora a los hospitales psiquiátricos especializados dentro del sistema, aunque mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios. También incluye a las adicciones en las políticas de salud mental, habilita la teleconsulta con psiquiatras y refuerza el rol de estos profesionales en los equipos interdisciplinarios. La votación en particular se hizo por tandas: los artículos 1 al 22 salieron 42 a 21 y los 23 y 24, 41 a 22. A pedido del misionero Carlos Arce se sumó un artículo de financiamiento federal, que obliga a la Nación a asistir a las provincias mediante convenios y a prever partidas específicas en el Presupuesto del Ministerio de Salud, y fue aprobado también por 42 a 21.
JD/CM
