Desde este miércoles por la mañana en el gobierno reina un clima de absoluta tensión. La desesperada decisión del oficialismo de retirar el capitulo que reformaba la ley de tierras, abrió en la gestión libertaria una fuerte discusión interna por la estrategia parlamentaria y la falta de expertise para conseguir los votos necesarios para aprobar el proyecto.
Durante la reunión de la mesa política que religiosamente Karina Milei, Diego Santilli, Eduardo “Lule” Menem, Ignacio Devitt, Luis Caputo, Martín Menem y Santiago Caputo tienen todos los martes, Patricia Bullrich les juró a todos los presentes que los votos para conseguir la aprobación del proyecto estaban listos. Una circunstancia que, dadas las modificaciones que se introdujeron en el último tiempo y las reuniones que se mantuvieron con aliados en las últimas semanas, todos dieron por cierta. Tal era el convencimiento que la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) montó una conferencia de prensa en el Senado para contar con alegría las modificaciones que introdujeron en el texto y que, juraban, contaba con el apoyo de los dialoguistas.

En este marco, la ex ministra de Seguridad se mostró junto a sus pares Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Nadia Márquez (Neuquén), titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, respectivamente, quienes a su vez aspiran a ser los bendecidos por la hermana presidencial para competir por las gobernaciones de sus respectivas provincias. Apenas horas después de aquella foto, el neuquino Rolando Figueroa, quien se mantuvo siempre a tiro de los deseos libertarios, grabó un video con un mensaje contundente. “No vamos a acompañar”, dijo el gobernador y las alarmas se encendieron con los focos sobre la insistencia de la secretaria general de competir en las provincias aliadas con candidatos propios como principal foco de tensión.
La misma situación se replicó a lo largo de la mañana del miércoles con otros dos mandatarios. Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), quienes también ya fueron avisados del desembarco electoral de los candidatos libertarios, mandaron a avisar que sus senadores votaría en contra del capítulo. Fue en este punto donde la desesperación empezó a aflorar. El número mágico que en Balcarce 50 estaban convencidos que tenían era 37, sólo una voluntad más de la necesaria para esquivar el empate, y muy lejos de la mayoría automática de 44 votos que habían logrado conseguir meses atrás. Con la mojada de oreja a los gobernadores, que venían de semanas de reclamos, todo lo trabajado desde que se presentó el proyecto hace cuatro meses se tiró por la borda. “Teníamos lo justo”, reconocieron por esas horas en el oficialismo.
Además de la cuestión electoral, dentro del gobierno son varias las fuentes que advierten el mal timing del tratamiento del proyecto en pleno crecimiento de la ola nacionalista que quedó luego de la buenaventura de la Selección de ganarle a Inglaterra 2 a 1 y hacer flamear la bandera con la consigna “Las Malvinas son Argentinas” pese a las prohibiciones que la propia gestión libertaria había aceptado sin chistar. En este punto, además, los encargados de la estrategia comunicacional hacen mea culpa por la incapacidad de “explicarle a la gente lo que se estaba votando.” “Tengo amigos que no saben nada de política y nos votan y estaban convencidos de que estábamos loteando las provincias. Se metieron hasta Tini y Emilia, un delirio”, dijo la misma voz para justificar la mala racha.

En otros sectores del gobierno, en tanto, advierten que la comunicación fue lo que menos influencia tuvo en este proyecto. Para varias fuentes, la ambición desregulacionista de Federico Sturzzeneger, quien tiene en carpeta una interminable lista de proyectos para seguir armando a gusto y piaccere el estado nacional, es la razón de todos los males. Varios integrantes de la mesa política están convencidos de que el ex macrista utiliza su lugar dentro de la gestión libertaria para impulsar su propia agenda pero sin sentarse a pensar un criterio político que le permita al oficialismo sentarse a negociar con quienes tiene que ir a pedirles los votos.
“Él te presenta un proyecto para desregular la plantación de zanahorias y después nosotros tenemos que sentarnos a explicarles a los conejos que no se van a cagar de hambre”, ilustró entre la furia y la resignación un miembro del oficialismo. En este punto, aunque la palabra final siempre está en manos del presidente, desde su entorno hicieron saber que el oficialismo pondrá un freno a los proyectos desreguladores. Incluso, confirmaron que el tratamiento del Capítulo III de Propiedad Privada no será tratado en lo que queda del año legislativo y, en caso de insistir en sancionarlo, volverán a intentarlo recién el próximo año.
Quedaron en pie las modificaciones a la Ley de manejo del Fuego y la legislación que regula los desalojos habitacionales.

En la calle, mientras tanto, se espera que miles de personas se conglomeren en los alrededores del Congreso para exigirle a sus representantes que no aprueben la norma que marcará un cambio significativo en la regulación de tierras y propiedades. En el gobierno pusieron en marcha un fuerte operativo de seguridad que, además de vallar las inmediaciones del parlamento impidiendo el paso, contará con una imponente presencia policial con la que pretenden amedrentar a los manifestantes y poner en marcha el ya oxidado Protocolo antipiquetes que Alejandra Monteoliva heredó de la gestión bullrichista.
TS/CM










