A dos semanas de que el Gobierno tuviera que retirar dos de los capítulos centrales de la ley de propiedad privada por falta de apoyo entre sus propios aliados, el Congreso empieza a asomar otro round que promete ser igual de sensible: la discusión por la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre de este año. La oposición ya presentó el proyecto para extenderla hasta 2027, con la firma de ocho bloques, mientras el propio oficialismo arrastra desde abril, sin avances, su propia iniciativa para reformular el sistema de pensiones por invalidez.
No es la primera vez que este tema pone a prueba al Gobierno. La ley 27.793, que declaró la emergencia en discapacidad, fue aprobada por el Congreso en julio de 2025 y vetada por Javier Milei semanas después, en agosto. El Congreso rechazó ese veto con la mayoría agravada de dos tercios que exige la Constitución, algo que en su momento el propio impulsor del proyecto, el diputado Daniel Arroyo, había negociado artículo por artículo para asegurarse los votos. Pero ni siquiera esa insistencia legislativa alcanzó para que la ley se aplicara de inmediato: el Ejecutivo dictó el Decreto 681/2025, que suspendió su ejecución alegando que el Congreso no había estipulado el origen de los fondos. Recién en diciembre, un fallo del Juzgado Federal de Campana declaró inválida esa suspensión y ordenó la «inmediata puesta en marcha» de la norma; el Gobierno apeló, pero terminó reglamentándola en enero de este año mediante el Decreto 84/2026.
El colectivo denuncia una situación crítica
Con la ley ya en vigencia pero con la emergencia por vencer, las organizaciones del sector volvieron a movilizarse en las últimas semanas. En Rosario, por ejemplo, referentes de instituciones, transportistas y familias participaron de una audiencia en el Concejo Municipal donde advirtieron que la continuidad de los servicios está en riesgo por un desfasaje arancelario que arrastran desde 2023.
«No hay precedentes de dificultades que hayan tenido la magnitud de la situación actual», planteó Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis). Pablo Bolego, de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe, fue todavía más crudo: «La falta de aumento para las prestaciones puso al sector al borde de la quiebra», y advirtió que si no se actualizan los valores, «a fin de año van a quedar el 50% de los servicios de atención«. Según su relato, Rosario pasó de tener unos 300 vehículos habilitados para el traslado hace una década a apenas 100 en la actualidad.
A ese reclamo territorial se suma el que la propia oposición volcó en los fundamentos del proyecto de prórroga: pagos de Incluir Salud con meses de atraso, hogares sin entrega de pañales ni medicación, y más de 200.000 personas esperando una pensión por invalidez que el Estado, según reconocieron los propios diputados, apenas resolvió en unos pocos miles de casos desde que asumió esta gestión.
El proyecto oficial que nunca avanzó
Mientras la oposición empuja la prórroga, el propio Gobierno tiene estancado desde abril su contracara: el proyecto «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que había sido enviado al Congreso el mismo día que la reforma de Salud Mental, tras ser analizadas ambas en una reunión de la mesa política.
La iniciativa busca eliminar la dualidad entre «invalidez laboral» y «discapacidad» que estableció la ley vigente, y volver a un criterio único: imposibilidad de trabajar combinada con vulnerabilidad económica comprobable. Entre sus puntos más controvertidos figuran un reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios actuales (con suspensión automática si no se cumple en el plazo fijado), la incompatibilidad absoluta entre la pensión y cualquier empleo formal, y la eliminación de los adicionales por zona geográfica desfavorable o por grado de invalidez, aunque mantiene el haber en el 70% de la jubilación mínima. Pese al anuncio con el que se presentó, el proyecto nunca logró dictamen de comisión.
De qué trata la Ley de Emergencia en Discapacidad
La Ley 27.793 declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 (prorrogable un año más) y crea la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. A diferencia del proyecto que el propio Gobierno tiene frenado en comisiones, esta pensión sí es compatible con un empleo formal mientras los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles; si los superan, se suspende automáticamente y se puede rehabilitar apenas se pierde el trabajo o bajan los ingresos. También obliga al Estado a compensar con fondos del Tesoro a los prestadores de la ley 24.901 por la diferencia entre lo que se actualizaron los aranceles entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 y la inflación real del período, con un régimen de regularización de sus deudas tributarias.
A eso se suma la actualización automática de los aranceles según el mismo índice de movilidad que rige jubilaciones y pensiones, con la obligación de que Jefatura de Gabinete garantice el presupuesto necesario, y un sistema de auditorías periódicas a los beneficiarios, pero con garantías de debido proceso y adaptación a contextos territoriales, mucho más laxo que el reempadronamiento con suspensión automática que propone el proyecto oficial estancado.
Un escenario legislativo que ya no es el mismo
El contexto en el que se dará esta discusión es, además, muy distinto al de meses atrás. El año pasado LLA obtuvo una victoria en las elecciones legislativas que le permitió fortalecer sus bloques en ambas cámaras y, por sobre todo, acceder a un número de bancas que le permiten blindar cualquier veto que disponga el presidente Milei, ya que con más de un tercio de los diputados pintados de violeta, la oposición no podría repetir el suceso mediante el cual ratificó su ley.
Sin embargo, después de los últimos movimientos de gobernadores dialoguistas que le costó al oficialismo los capítulos de tierras y manejo del fuego en la ley de propiedad privada, en el propio bloque libertario reconocen que el escenario legislativo cambió. «Es un proyecto complejo que va a generar mucho debate y no va a ser fácil«, admitió el senador Agustín Coto, de LLA, en diálogo con La Pluma, en referencia a la discusión que se viene por discapacidad. La definición no es menor: la emergencia vence el 31 de diciembre, pero las sesiones ordinarias del Congreso terminan el 30 de noviembre, lo que deja apenas unas semanas de margen real para resolver el tema antes de que caduque por el simple paso del calendario.
El resultado de esta pulseada funcionará, además, como un nuevo termómetro de la capacidad del oficialismo para reconstruir mayorías de cara a las negociaciones que se vienen, entre ellas la eliminación o suspensión de las PASO, otro de los objetivos centrales del Gobierno rumbo a 2027. Si la ley de tierras dejó en evidencia que los gobernadores aliados ya no acompañan sin condiciones, discapacidad promete ser la próxima prueba de si esa fractura fue un hecho aislado o el comienzo de un patrón.
JD/CM
