El caso $LIBRA sumó un nuevo capítulo judicial luego de que Juan Patricio Marchetto, uno de los inversores que denuncian haber sufrido pérdidas por el lanzamiento y posterior desplome de la criptomoneda promocionada por Javier Milei, presentara la primera apelación contra el sobreseimiento del Presidente, su hermana Karina Milei y los otros nueve imputados. A través de un recurso patrocinado por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik, reclamó que se revoque la decisión y que la investigación penal continúe.
La presentación, de 40 carillas, cuestiona los fundamentos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y la actuación del fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado el sobreseimiento de todos los acusados. Marchetto sostuvo que la resolución contiene contradicciones, presenta una valoración fragmentaria de las pruebas y dispone el cierre definitivo del expediente sin haber agotado medidas que considera relevantes para esclarecer los hechos.
El inversor también cuestionó la decisión de avanzar con los sobreseimientos mientras todavía estaban pendientes diligencias ordenadas durante la propia investigación. En ese sentido, planteó una distinción jurídica central: la falta de pruebas suficientes para acreditar un delito no equivale necesariamente a determinar que los hechos investigados no constituyen un ilícito penal.
Según el recurso, el magistrado habría confundido ambos conceptos y concluido que los hechos no encuadran en ninguna figura delictiva sin explicar de manera suficiente por qué los elementos reunidos no justificaban profundizar la pesquisa.
Uno de los capítulos más duros de la apelación está dirigido contra Taiano. Marchetto le atribuyó demoras en la producción de pruebas, la omisión de convocar a testigos potencialmente relevantes y la decisión de no solicitar las declaraciones indagatorias de los imputados. También cuestionó que el fiscal pidiera cerrar la causa cuando todavía había medidas en curso.
“Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa”, sostuvo el inversor en su presentación.
Entre las medidas que reclamó profundizar figura la ampliación de las pericias telefónicas sobre los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, señalados en el expediente por haber recibido fondos del estadounidense Hayden Davis, uno de los protagonistas del proyecto cripto.
El escrito también cuestionó que no se haya convocado a declarar a Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, Marcelo y Leandro Aranda, y Yanina Nicoletti, quien fue la primera abogada de Davis en la Argentina. A su vez, remarcó que ninguno de los once imputados sobreseídos había sido citado a prestar declaración indagatoria. Para Marchetto, esas circunstancias debían ser consideradas antes de disponer el cierre definitivo de la investigación.
La secuencia de comunicaciones entre el Presidente y Mauricio Novelli, uno de los principales organizadores investigados, constituye otro de los ejes centrales del recurso. La apelación vuelve sobre los contactos registrados durante los minutos previos a la publicación con la que Milei difundió $LIBRA en su cuenta de X, el 14 de febrero de 2025.
Según los registros telefónicos citados en la presentación, Novelli llamó a Milei a las 18:44:32, 18:54:38 y 18:58:02. Además, el mandatario recibió una llamada entrante del operador a las 18:56:22. El mensaje presidencial que promocionó el criptoactivo fue publicado a las 19:01:22.
A esa cronología se suman operaciones realizadas instantes antes de que la criptomoneda se hiciera pública. De acuerdo con la reconstrucción mencionada en el escrito, 74 billeteras efectuaron 87 transacciones por aproximadamente US$ 13,5 millones unos 22 segundos antes de la publicación presidencial.
“Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento”, señaló Marchetto, quien reclamó que esos movimientos sean analizados de manera integral.
El objetivo del planteo es determinar si existió coordinación entre los organizadores del proyecto, quienes operaron antes de su difusión pública y la intervención del mandatario. La apelación también reclama profundizar el rastreo del dinero aportado por los compradores, identificar a sus destinatarios y establecer qué vínculos podrían mantener con los responsables del lanzamiento. Se trata de cuestiones que, según el inversor, no fueron suficientemente esclarecidas antes de cerrar el expediente.
Otro punto de controversia es el informe elaborado por la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica (DATIP) a partir de dispositivos electrónicos secuestrados durante la pesquisa. Martínez de Giorgi había considerado circunstancias relacionadas con un sumario administrativo por el acceso indebido a documentación reservada al evaluar ese material probatorio. Marchetto objetó ese razonamiento y sostuvo que el sumario no había demostrado que la empleada investigada hubiera entregado documentos a una periodista o a terceros, ni que el informe hubiera sido manipulado.
Además, señaló que la fiscalía había recibido un informe preliminar en noviembre de 2025, antes de que se publicaran periodísticamente documentos del expediente. Por eso, pidió explicaciones sobre las razones por las cuales ese material no habría sido comunicado oportunamente al juzgado y a las partes.
La presentación tiene, además, una dimensión procesal. Marchetto fue apartado como querellante el 3 de julio, decisión confirmada por la Cámara Federal. Sin embargo, todavía está pendiente de resolución en la Cámara Federal de Casación Penal su planteo para recuperar esa condición.
El inversor sostiene que tiene derecho a cuestionar el sobreseimiento mientras se resuelve su situación, ya que, si el cierre de la causa queda firme antes de una eventual reincorporación, la decisión favorable de Casación podría perder eficacia práctica.
AL/CM
