En un movimiento de alta intensidad institucional, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires activó un canal directo de negociación con el Poder Ejecutivo y la Legislatura para destrabar una agenda de reformas estructurales y presupuestarias antes del cierre del año legislativo.
Altas fuentes judiciales confirmaron que la semana pasada se concretó un almuerzo reservado en La Plata del que participaron el presidente del máximo tribunal, Sergio Torres, el procurador general, Julio Conte Grand, la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario y el titular de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, junto a legisladores oficialistas y opositores.
La Corte avanza con su agenda propia. Los ministros creen que es momento de debatir la expansión de su influencia, en medio de las discusiones internas del peronismo y creen que habrá una continuidad ideológica en la Provincia. El tribunal integrado por Sergio Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria, expuso un temario de prioridades para evitar la parálisis operativa del sistema judicial provincial.
El caballito de batalla de Torres, actual presidente del máximo tribunal, es la idea de autarquía e insistieron en la necesidad de avanzar con el proyecto que le otorga autonomía presupuestaria y financiera respecto del Poder Ejecutivo, una bandera histórica que aún requiere consensos políticos para su ingreso y tratamiento formal en la Legislatura.
Además, solicitaron la creación de 66 nuevos juzgados y tribunales, además de reclamar partidas presupuestarias para poner en funcionamiento dependencias ya creadas por ley pero que carecen de infraestructura y personal.
Por último, los cortesanos incluyeron pedidos de modificación sobre el Cuerpo de Magistrados Suplentes y la conformación de las Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo. Las demandas de los ministros de la Corte se dan mientras la Legislatura se prepara para discutir el proyecto de Presupuesto.
La discusión electoral y el rol de la Corte
En medio de las discusiones presupuestarias, la cuestión electoral está a la orden del día. La limitación de los intendentes en ser reelectos en territorio bonaerense genera una contradicción en los cortesanos por meterse la cuestión constitucional. “Es proscriptiva”, repite el ministro político de Kicillof, Carlos Bianco.
Mientras, Sergio Torres envió un mensaje a la política y advirtió que los cortesanos no resolverán la cuestión de fondo por la reelección indefinida. Una cachetada para los jefes comunales que esperaban un guiño judicial.
“Los cambios en materia electoral son muchas veces necesarios, pero deben ser cuidadosamente planificados, suficientemente explicados y gradualmente implementados”, sostuvo Torres ante un auditorio integrado por referentes judiciales y académicos.
Por su parte, Alejo Ramos Padilla, el juez que tiene a cargo la organización de los comicios en territorio bonaerense, advirtió sobre los peligros que traen aparejados los cambios electorales en años donde se realizan las elecciones. Además, destacó el rol de las PASO y pidió que las definiciones respecto de suspenderlas o no se tomen este año, antes de ingresar al año electoral. “Lo ideal es que estás decisiones se tomen en años no electorales”, marcó.
“No es posible que los candidatos se definan en una mesa única. Tiene que haber mecanismos dentro de los partidos. Si se eliminan hay que ver cómo se le da a la ciudadanía una oferta ordenadora”, completó Ramos Padilla.
La Legislatura deberá definir cómo serán las elecciones de cara al próximo año. En el Ejecutivo preparan un embate para darle un giro a la reelección de los intendentes, aunque se encuentra un freno en la discusión parlamentaria por parte de sus socios de La Cámpora y el Frente Renovador.
Las vacantes en la Corte y el “cálculo de salida” del kicillofismo
Pese a la receptividad del diálogo, la gran incógnita del sistema judicial sigue siendo la cobertura de las cuatro vacantes vacías en la Suprema Corte y el envío de cerca de 200 pliegos para juzgados, fiscalías y defensorías de primera instancia paralizados en el Ejecutivo.
Desde el entorno de Axel Kicillof y la mesa directiva del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) descartan de plano que el Gobernador vaya a abrir una batalla en el Senado bonaerense para negociar las cuatro sillas del máximo tribunal en este tramo de su gestión.
“Axel llegó hasta acá sin nombrarlos, no creo que haga falta que ahora lo haga, que ya está de salida. Axel no se va a inmolar en este momento”, sentenció categóricamente una voz de peso del kicillofismo.
Ante un Presupuesto 2027 jaqueado por la caída del consumo masivo y la paralización de obras nacionales, Kicillof prefiere negociar partidas de infraestructura judicial o endeudamiento antes que ceder espacios de poder en la Corte Suprema a la oposición.
Mientras la Corte busca oxígeno presupuestario mediante la Ley de Autarquía, los tribunales bonaerenses continúan operando con subrogancias y demoras estructurales, dejando la conformación definitiva del tribunal supremo como una ficha de negociación reservada para el armado político hacia 2027.
JMA/CM
