La semana que pasó tuvo tres episodios vinculados al desmantelamiento de la ciencia en la Argentina: los 62 despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), una movilización de los trabajadores del CONICET ante la inminente baja de 378 becas posdoctorales y un ruidazo en el INTI por lo que los gremios llaman un “lock out patronal”. Es la muestra de algo general: Javier Milei llevó a la inversión estatal en Ciencia y Tecnología al punto más bajo de la historia. Tiene, inclusive, menos presupuesto que en la década del 90, cuando sucedió la “fuga de cerebros”; o en el 2002, que hasta ahora tenía el piso histórico.
En 2026, el presupuesto para la Función Ciencia y Técnica es de 0.14% del PBI, lo que representa la mayor caída de la historia, incluso menos que en el año 2002, cuando fue de 0,17%. En lo que va desde diciembre de 2023, cuando La Libertad Avanza llegó al gobierno, el presupuesto se redujo casi a la mitad: cayó un 48,5%. Son datos del Grupo EPC del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIITCI).
El desguace es transversal, ningún organismo se salva de la motosierra libertaria, que afecta tanto a los salarios como al presupuesto para estructura y equipamiento. Las dos instituciones más atacadas son la Agencia I+D+I –que financia proyectos– y la Secretaría de Ciencia y Técnica –el ex ministerio degradado en la presidencia de Mauricio Macri-, que sufrieron un recorte del presupuesto de alrededor del 80% (78% para la primera y 84% para la segunda). En líneas generales, son los dos organismos que financiaban sobre todo los gastos de capital, inversión en infraestructura y en equipamiento.
Después le sigue Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) que perdió el 60% del presupuesto que tenía hasta el 2023. Es un sector que desarrollaba conocimiento con empresas mixtas y proveedores privados, que fue desarticulado.
La CNEA es otro de los grandes perjudicados, perdió el 53% del dinero que el Gobierno destina a su funcionamiento, y las decenas de despidos de esta semana así lo demuestran. “La CNEA es el organismo rector del sector nuclear argentino y la destrucción de sus capacidades entra en relación directa con las capacidades científicas y estratégicas argentinas, en un contexto geopolítico muy acuciante”, le dijo Nicolás Lavagnino, director del Grupo EPC a La Pluma.
En casi tres años, el presupuesto de la CNEA se redujo un 45,4% y se destruyó su inversión en bienes de capital (descendió un 53,4%). Además, ya había perdido casi 500 trabajadores, lo que atenta directamente contra la soberanía nuclear porque el organismo investiga y diseña reactores nucleares y también el proceso de la minería de uranio, que es un combustible fundamental para la energía nuclear.
“Esto no tiene nada que ver con una situación de restricción presupuestaria y va más allá del ajuste económico que plantea el gobierno actual. No se puede entender la situación sin prestar atención al papel que está jugando Argentina en la geopolítica actual y a la lucha global por el poder energético y el relanzamiento del sector nuclear a nivel mundial”, explicó Lavagnino.
Detrás está Estados Unidos y su afán por adquirir reactores nucleares modulares, que al ser producidos en serie son más baratos y se puede ensamblar en el lugar de destino, algo muy útil para las empresas de Inteligencia Artificial, sobre todo para los data centers que consumen mucha energía.
Casualmente, esta semana el nuevo vocero Adrián Ravier anunció la construcción de un reactor nuclear modular en Atucha, financiado por la empresa norteamericana Meitner Energy, pero con patente argentina. Es decir, durante años el desarrollo y la investigación se hicieron en la CNEA, pero la construcción y usufructo será para esa empresa de Estados Unidos.
Pero hay más. La CNEA también abarca investigaciones sobre medicina nuclear: produce los radioisótopos que se usan en mercado nacional para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer.
También el INTI y el INTA son atacados con una reducción del presupuesto de más del 50%. El lunes, los trabajadores y trabajadoras del primero hicieron un ruidazo para denunciar el “lock out patronal”, luego de que las autoridades decidieron cerrar los edificios y decretar trabajo virtual por dos días.
Además, denuncian que hay 700 puestos de trabajo en riesgo. Todo eso en el marco de un conflicto que arrancó meses atrás, cuando el gobierno dictó la Resolución 42/2026, que establecía el cese de casi mil servicios. En el mes de mayo, una cautelar judicial suspendió cualquier tipo de reestructuración y se frenaron los potenciales despidos.
El CONICET, por último, vio recortado su presupuesto en un 42%, mayormente en salarios. El miércoles hubo una manifestación en el Polo Científico para denunciar que Casa Rosada quiere dejar sin becas a 379 becarios y becarias posdoctorales y dar de baja cientos de concursos de cargos técnicos y profesionales que están en proceso.
También reclamaron por las bajas masivas en la obra social Unión Personal. “Son becarios postdoctorales que se quedan sin trabajo y que, a lo mejor, en ocho meses, cuando termina el concurso, pueden continuar o no. Son jóvenes investigadores formados, son doctores con mucha experiencia que se quedan en la calle”, dijo Nuria Giniger, investigadora Conicet y vocal de la Asociación de Trabajadores del Estado Capital. “Están llevando a un éxodo de científicos y científicas”, concluyó.
CDB/VDM
