En un acto realizado este lunes en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, miembros del Kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura de la Nación presentaron un informe institucional sobre las condiciones de detención domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner y aseguraron que la ex presidenta cumple su condena bajo restricciones más severas que las aplicadas a condenados por delitos de lesa humanidad y narcotráfico.
A pocos días de cumplirse el primer año de la confirmación de su condena, la presentación estuvo encabezada por los consejeros Rodolfo Tailhade, César Grau, Vanesa Siley, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, quienes expusieron los resultados de un relevamiento elaborado a partir de pedidos de Acceso a la Información Pública realizados por el organismo.
Según señalaron, el informe concluye que las condiciones impuestas a la ex mandataria no responden a criterios jurídicos objetivos, sino a una “decisión política” destinada a limitar su actividad pública y condicionar a la dirigencia política.
Entre los datos expuestos, los consejeros afirmaron que más de la mitad de las personas detenidas por delitos de lesa humanidad en la Argentina no utilizan tobillera electrónica y reciben visitas sin restricciones en sus domicilios. En contraste, sostuvieron que Cristina Fernández de Kirchner enfrenta limitaciones excepcionales en materia de visitas, desplazamientos dentro de su vivienda y monitoreo electrónico.
Durante la exposición, la diputada Vanesa Siley aseguró que la ex presidenta es “la única persona detenida” por delitos vinculados al ejercicio de la función pública que tiene restricciones para recibir visitas. “Incluso si excluimos delitos graves como narcotráfico, trata de personas o lesa humanidad, Cristina sigue siendo la única persona detenida sometida a restricciones excepcionales”, afirmó.
Siley también vinculó la situación judicial de la ex mandataria con “una larga tradición de persecución contra líderes populares” y cuestionó el accionar de la Justicia. “A Cristina la juzgaron dos veces por los mismos hechos, no se respetó el principio de inocencia ni el derecho a ser juzgada por magistrados imparciales”, sostuvo.
Por su parte, el diputado nacional y consejero Rodolfo Tailhade afirmó que existe una intención de excluir políticamente a la ex presidenta. “No alcanza con una condena, no alcanza con la cárcel, con la proscripción, la tobillera o la restricción de visitas”, expresó, y remarcó que Cristina Fernández de Kirchner “sigue siendo la dirigenta más importante del país”. En la misma línea, el senador Mariano Recalde calificó a la ex mandataria como una “presa política” y afirmó que la persecución judicial tiene como objetivo “disciplinar a la dirigencia política” e impedir la reorganización del peronismo.
Durante el encuentro también hubo fuertes cuestionamientos al funcionamiento del Poder Judicial y a la Corte Suprema. César Grau trazó paralelismos históricos entre la situación de Cristina Fernández de Kirchner y la persecución sufrida por Hipólito Yrigoyen, mientras que la senadora Anabel Fernández Sagasti sostuvo que “la administración de justicia en la Argentina no existe más”.
“Estamos en presencia de bandas que se están disputando el Poder Judicial en la Argentina”, afirmó la legisladora mendocina, quien además planteó la necesidad de discutir si el derecho funciona como “una herramienta de liberación o un garrote corporativo”. El informe presentado por los consejeros se suma así a la ofensiva política y judicial impulsada por sectores del kirchnerismo para denunciar las irregularidades en el proceso judicial y en las condiciones de detención de la ex presidenta.
