La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner sumó este jueves un nuevo revés: la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la ejecución patrimonial ordenada en la causa Vialidad y, de esta manera, a la ex mandataria sólo le queda recurrir a la Corte Suprema para intentar frenar el decomiso de sus bienes. La resolución también alcanza a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y al empresario Lázaro Báez.
La decisión fue adoptada por la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes rechazaron los recursos extraordinarios presentados por las defensas. Con este fallo, quedó firme el avance sobre 111 bienes muebles e inmuebles vinculados a los condenados en la causa por direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Según la Justicia, el decomiso apunta a recuperar unos 685.000 millones de pesos, monto estimado del perjuicio ocasionado al Estado.
El fallo ratificó el criterio aplicado por el Tribunal Oral Federal 2, que dispuso que los nueve condenados respondan solidariamente con sus patrimonios. Entre los bienes alcanzados figuran 84 propiedades vinculadas a Báez, un inmueble a nombre de Cristina Kirchner y otras 19 propiedades heredadas por sus hijos. Aunque las defensas todavía pueden presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema, fuentes judiciales señalaron que esa instancia no tiene efecto suspensivo sobre la ejecución patrimonial.
En la resolución, los camaristas sostuvieron que los planteos de las defensas no demostraban la existencia de una cuestión federal suficiente que habilitara la intervención inmediata del máximo tribunal. Para Hornos y Barroetaveña, las objeciones formuladas se limitaban a expresar desacuerdos con el alcance del decomiso y con la valoración de las pruebas realizadas por los tribunales inferiores. En ese sentido, remarcaron que el decomiso busca impedir que los delitos de corrupción generen beneficios económicos permanentes.
El juez Mariano Borinsky coincidió en rechazar el recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner, aunque mantuvo una postura parcialmente distinta respecto de algunos bienes atribuidos a Lázaro Báez y a los hijos de la ex presidenta. A su criterio, determinados inmuebles vinculados al complejo Los Sauces y al edificio de la calle Mitre 535, en Río Gallegos, ameritaban una revisión extraordinaria por parte de la Corte.
Entre las propiedades alcanzadas por el decomiso aparecen el hotel Los Sauces Casa Patagónica, terrenos en El Calafate y varios departamentos en Río Gallegos adquiridos entre 2006 y 2010. La Justicia consideró clave delimitar el período en el que se desarrolló la maniobra investigada —entre 2003 y 2015— para determinar qué bienes podían ser incorporados al proceso de recuperación patrimonial.
De esta manera, la estrategia judicial de la ex presidenta quedó reducida a una última instancia ante la Corte Suprema. Sin embargo, aun cuando el máximo tribunal acepte analizar el caso, la ejecución de los bienes podría continuar mientras se resuelve la cuestión de fondo.
AL/CM
