La Cámara de Diputados sesionará este miércoles 18 de noviembre desde las 12, en una sesión especial pedida por el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. Se trata de la anteúltima del año, al menos en el período ordinario, aunque ya descuentan que habrá actividad en diciembre. El eje central estará en la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, y la sanción definitiva de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que volvió del Senado con cambios.
Se trata del cronograma que manejaba el oficialismo antes de la visita del papa León XIV y de las elecciones legislativas en Estados Unidos. La sesión pone en marcha la agenda de las últimas semanas del período ordinario, que termina el 30 de noviembre, y para la semana próxima se espera que la Cámara baja trate el Presupuesto 2027.
El temario incluye además dos acuerdos internacionales: el Acuerdo de Libre Comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio y el Mercosur, y la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur. También figuran dos convenios judiciales entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires firmados en julio: el cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales y el acuerdo de transferencia de la función judicial en materia criminal y correccional de menores. El último punto es un dictamen que modifica el artículo 2 de la ley 24.467, de Pymes, para que las cooperativas puedan acceder al certificado MiPyMEs.

La Ley Malvinas es el «plato fuerte», pero llega a la sesión con negociaciones abiertas. El oficialismo todavía no cerró un acuerdo sobre su título VII, y evalúa votar el proyecto por capítulos para que ese punto no frene el resto.
Ley Malvinas: el título VII y la votación por capítulos
El proyecto tiene dictamen de mayoría desde el 28 de octubre. Crea un régimen de sanciones para quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina en Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, con multas calculadas según el valor de barriles de petróleo, restricciones para contratar con el Estado y un régimen de desistimiento para quienes abandonen las actividades cuestionadas. En este punto hay una salvedad, que es que ya hay una ley que prevé sanciones y, luego del giro malvinista en el discurso de Milei en cadena nacional, los llamados de Washington hicieron recalcular al oficialismo en este capítulo y excluir, por ejemplo, a las empresas que sean socias de las que serían multadas. Al verse involucradas empresas norteamericanas, el Gobierno le concedió a Trump el pedido.
Sin embargo, el conflicto está en el título VII, que modifica los códigos Electoral y Penal por injerencia extranjera. Requiere 129 votos afirmativos, mientras que el resto del texto necesita mayoría simple. Provincias Unidas, Argentina Federal y otros dialoguistas piden eliminarlo o tratarlo por separado, porque advierten que podría afectar la libertad de expresión. El Gobierno se resiste a retirarlo y ofreció cambios de redacción: incorporó exclusiones para la actividad periodística, la investigación académica y la representación abierta de intereses, pero no terminaron de conformar.

Por eso La Libertad Avanza analiza votar por capítulos, algo que el Reglamento permite si lo acuerda la comisión de Labor Parlamentaria o el pleno. La intención es que las sanciones por la explotación petrolera avancen aunque el capítulo electoral no consiga los votos. El oficialismo espera sumar al peronismo para esa parte, pero en Unión por la Patria dicen que todavía no hablaron del tema. El bloque tiene una propuesta propia centrada en Malvinas y rechaza el resto de las modificaciones.
Según pudo saber La Pluma tras la reunión del jueves pasado con los jefes de bloque, el PRO es el único que ratificó su apoyo y la UCR dice que faltan «detalles». Argentina Federal insiste con quitar el capítulo entero, Provincias Unidas está dividida y los tres catamarqueños no fijaron postura. El MID también pidió cambios al principio y todo indica que acompañaría en el recinto, aunque persisten dudas por el capítulo electoral.

La Ley Malvinas fue impulsada desde el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo y atravesó negociaciones dentro del oficialismo por la integración del órgano de coordinación estratégica, los controles parlamentarios y el alcance de las nuevas figuras penales. Dos de los diputados que siguen la ley, Damián Arabia y Silvana Giudici, responden a Patricia Bullrich, que mantiene una interna con Javier y Karina Milei, lo que podría restarle fuerza al oficialismo en el recinto. La mesa política del Gobierno está convocada para este martes 17, un día antes de la sesión.
La urgencia: el fallo del Tribunal del Mar
El Gobierno quiere aprobar la ley en Diputados antes del pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, previsto para el sábado 28 de noviembre. En Hamburgo se realizaron el 10 y 11 las audiencias por el pedido argentino de medidas provisionales para frenar el desarrollo petrolero Sea Lion, de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que proyectan perforar en 2027 y producir en 2028.
En la Casa Rosada consideran que una votación favorable sería una señal política antes de la resolución, aunque la aprobación de Diputados no alcanza: el proyecto también necesita la sanción del Senado. Cancillería mantiene abiertos procedimientos sancionatorios contra 60 personas humanas y jurídicas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas, 45 desde septiembre y 15 incorporadas después, sin resolución definitiva. El Gobierno dice que el reclamo seguirá ante el tribunal arbitral aun si Hamburgo rechaza las medidas.

Santilli en el Senado y el Presupuesto 2027 con la última sesión en Diputados
Para la semana próxima, el Presupuesto 2027 tendría dictamen este martes 17 y llegaría al recinto el miércoles 25, aunque no hay certeza de que se llegue a esa fecha. Ese día, además, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentará su primer informe de gestión en el Senado. Quedó descartada la opción de dictaminar el 17 y votar el 18.

La Libertad Avanza ya aceptó varios de los siete pedidos del PRO, entre ellos la prórroga del régimen de autopartismo hasta 2032. El financiamiento de Discapacidad sigue siendo una condición del PRO y del MID para acompañar.
JD/CM










