Con 60 firmas, La Libertad Avanza logró este martes el dictamen de mayoría del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, la Ley Malvinas, que llevaba varias semanas trabado. El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto terminó con el despacho oficialista acompañado por el PRO, la UCR y una parte de Provincias Unidas, y con otros cinco dictámenes presentados por el resto de los bloques.
Para llegar hasta ahí, el Gobierno tuvo que tocar casi todos los puntos que le habían marcado los aliados y también los que le reclamó Washington. El texto final que negoció la diputada Silvana Giudici, recién terminó de tomar forma el lunes por la noche, y sellaron un acuerdo en una reunión dos horas antes del plenario. Desde LLA reconocieron a La Pluma que fue una negociación áspera.
Entre los firmantes del PRO figuran Cristian Ritondo, Javier Sánchez Wrba y Martín Yeza. Provincias Unidas, en cambio, se dividió en tres: Sergio Capozzi respaldó el proyecto oficialista, los santafesinos José Núñez y Pablo Farías lo firmaron en disidencia, y Carlos Gutiérrez, Pablo Juliano y Esteban Paulón presentaron uno propio. Unión por la Patria fue con un dictamen de minoría con 38 firmas, en el que rechaza todos los apartados que no tienen que ver con Malvinas, y el Frente de Izquierda fue por separado, con la firma de Myriam Bregman.
La fecha tampoco está cerrada. Fuentes parlamentarias dijeron a este medio que el objetivo es llevar el tema al recinto el 12 de noviembre, un día después de que se vaya el papa León XIV, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Sin embargo, el debate podría ir recién el 18, junto con el Presupuesto 2027. En cualquier caso, la ley no cuenta todavía con los votos. Giudici lo advirtió a La Pluma: «Todavía hay tiempo hasta llegar al recinto, se necesitan 129 votos porque es una modificación electoral«.
Sanciones, Consejo y bicameral: cómo quedó el texto
El cambio más sensible es el de las sanciones a las empresas. El proyecto original alcanzaba a una cadena muy amplia de actores, y el reclamo de Estados Unidos, que la Casa Rosada recibió con la visita del vicecanciller Christopher Landau y las gestiones del embajador Peter Lamelas, apuntaba a esa amplitud. En el despacho, la prohibición se organiza en cuatro supuestos: quien hace la actividad sin habilitación argentina, quien provee un bien o servicio «esencial e indispensable» a sabiendas, el socio o accionista directo y el controlante. Quedan afuera las personas humanas con hasta el 2% del capital y los fondos de inversión pasivos.
Además se acotó la prohibición a la provisión de bienes o servicios esenciales, y no a cualquier operación económica, y se redujeron las penas de prisión, aunque se conservaron las máximas para los casos ligados a hidrocarburos. En el texto, la extracción de petróleo o su transporte sigue con escalas de 15 a 20 años. Las multas se calculan en barriles de petróleo, de 4.000 a 500.000 en el régimen administrativo, y la inhabilitación va de 5 a 20 años.
Giudici dijo a La Pluma que no se trata de una rebaja. «No son reducciones de penas. Nosotros revisamos a toda la cadena: proveedor, ejecutor, accionista. Y es novedoso, son cuestiones financieras. Entonces, es una delimitación del alcance», explicó. Habló de cuidar a los proveedores que actuaron de buena fe y negó la presión norteamericana: «No hubo ninguna injerencia de Estados Unidos«. Landau, en su visita, había dicho que Washington estaba «viendo los intereses de nuestras empresas».
El Consejo de Seguridad Nacional, el organismo que el Presidente encabezará, sigue en pie. Lo integran el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la SIDE y el secretario Legal y Técnico. El despacho suma al Ministerio de Seguridad, y Giudici le explicó a este medio que se incorpora porque «puede convocar a las fuerzas en un caso de infraestructura crítica«. Pero en el artículo 53 del texto no figura como miembro permanente, sino como un ministro que el Presidente puede convocar. Lo mismo ocurre con el presidente de la Cámara de Diputados y el provisional del Senado.
También se fijó una restricción que pedían los aliados. El Consejo no puede intervenir en cuestiones de seguridad interior, salvo en la protección de infraestructuras críticas y en el control marítimo y fluvial. Conserva, sin embargo, las medidas urgentes: restringir operaciones cambiarias, bloquear fondos o subir los aranceles hasta el 75% al Estado extranjero involucrado. Ahora esas medidas tienen plazo y deben guardar relación con la amenaza, y las sanciones se pueden recurrir ante la Justicia contencioso administrativa federal.
Y estaría la Comisión Bicameral de Seguimiento, que ya había anticipado la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, ante los diputados. Tendrá cuatro diputados y cuatro senadores y podrá pedir informes. El Consejo deberá rendirle cuentas en 48 horas, igual que el Ejecutivo cuando rechace una inversión. No hay, de todos modos, un control previo, y se excluye la información reservada por secretos industriales o comerciales.
Injerencia extranjera y libertad de expresión: el capítulo que sigue abierto
El otro foco de conflicto es el del delito que en el proyecto original castigaba con hasta 12 años de prisión a quien, por cuenta de un agente extranjero, buscara alterar procesos electorales o manipular la opinión pública con campañas masivas de desinformación. Todos los bloques aliados y hasta incluso diputados propios de LLA pidieron mayores precisiones para resguardar la libertad de expresión.
En el despacho la figura se reescribió en el Código Penal. Desaparece la mención a la desinformación y se castiga la «campaña de injerencia extranjera», entendida como acciones sistemáticas hechas de forma clandestina, engañosa o coercitiva, que oculten su origen. Se excluyen de manera expresa el periodismo, la investigación académica, la diplomacia y la representación abierta de intereses. «El periodismo quedó protegido de las sanciones, y quitamos lo de que sean campañas masivas de desinformación», afirmó Giudici.
Pero ni el oficialismo cree que el artículo esté terminado. Desde LLA admitieron a La Pluma que «va a volver a cambiar, en el recinto» y que «no quedó del todo bien todavía». Los libertarios reconocen que como está no saldría, y por eso sumarán modificaciones. Se evalúa quitar más adelante la referencia a la «campaña de injerencia extranjera», por el posible impacto en medios y ONG.
Esa preocupación se extiende a la reforma electoral que viene con la ley. El texto prohíbe que extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen o ejecuten actividades de campaña, con multas de hasta diez veces el monto. Giudici dijo que el punto queda «orientado a estados extranjeros y específicamente en campañas electorales» y se preguntó «qué estado puede financiar a un partido político en elecciones». En el oficialismo admitieron, de todos modos, que aún no está claro dónde quedan las ONG.
Los cruces del plenario: Grabois, Martínez, Taiana, Bregman y Farías
El debate tuvo momentos de tensión. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó contra Santiago Caputo, a quien en el Congreso señalan como el impulsor del proyecto: «Podríamos estar votando con unanimidad sobre un tema tan importante como Malvinas, pero por un capricho de un pendejo, genera estas cosas, para que le vaya a vender a no sé qué amiguito de los Estados Unidos, le genera un problema al Congreso argentino. Me cago en ese pendejo«.
Asimismo, el diputado Juan Grabois, del mismo espacio, quien ya había protagonizado cruces a los gritos que terminaron en insultos y forcejeos con libertarios, le preguntó al presidente de la comisión, Carlos Zapata, si Estados Unidos había interferido en la redacción del dictamen, algo que el libertario esquivó, generando aún más polémica. «No puedo responder eso, no vine acá a ser interrogado».
Jorge Taiana, también de UxP, cuestionó el modelo. Sostuvo que el oficialismo se basó en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos, que «allá es una asesoría del Presidente y acá se diseñó como un órgano operativo», con «una concentración del poder en la figura presidencial«. Dijo que los tipos penales siguen abiertos y que la mezcla de Seguridad, Defensa e Inteligencia es mala. Y agregó que la bicameral «no soluciona los problemas que tiene el proyecto» y recordó al Consejo de Seguridad Nacional de Onganía que «no fue una buena experiencia».
Bregman arrancó su exposición con otro tema. Reclamó que el Presidente explique «si su amigo, el criminal Bolsonaro, pasó por nuestro país», por Flávio Bolsonaro y el avión retenido en Iguazú, y pidió saber si hubo «una apertura clandestina de las fronteras». Siguió con una ironía sobre la soberanía: «¿De qué soberanía están hablando si este país va a ser el que protege a los Cerimedo, a los Bolsonaro y todos los criminales de América Latina?».
Del lado de los aliados, Farías había advertido que el proyecto necesitaba más tiempo. «Quieren dictaminar hoy. Creemos que se tiene que seguir trabajando el proyecto», dijo. Pidió esperar una semana para sumar a la comisión de excombatientes, cuya asamblea está convocada para este jueves. Después firmó el despacho oficialista, en disidencia.
JD/CM
