La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados lleva semanas sin ser convocada formalmente por su presidente, el libertario Gerardo Huesen. Ante una situación crítica y el proyecto de invalidez de las pensiones que mandó el Ejecutivo, la oposición decidió no esperar más. El vicepresidente del cuerpo, el diputado de Unión por la Patria Juan Marino, autoconvocó una reunión abierta a la que asistieron presencialmente y de manera virtual unas 150 personas, provenientes de 10 provincias: personas con discapacidad, familiares, prestadores, organizaciones y legisladores. Tomaron la palabra 43 oradores. El oficialismo se negó a participar e impidió que la actividad tuviera transmisión oficial en ningún canal institucional del cuerpo.
El encuentro se realizó en la Sala 1 del piso 2 del Anexo A y fue el escenario en el que la actriz y madre de un niño con discapacidad, Lorena Berthet, reclamó el juicio político al ministro de Salud, Mario Lugones, a quien responsabilizó directamente por el deterioro del sistema.
El planteo fue acompañado de inmediato por varios de los diputados presentes: Caren Tepp, Eduardo Valdés, Lorena Pokoik, Victoria Tolosa Paz, Claudia Palladino y Sabrina Selva se sumaron al pedido que Marino y el diputado Pablo Todero ya habían presentado formalmente. También estuvieron presentes Nancy Sand, Jorge Chica, Nicolás del Caño, Esteban Paulón, Cristian Andino, Pablo Yedlin y Marianela Marclay. La amplitud federal del encuentro fue notable: organizaciones de Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Chubut y San Juan participaron de manera virtual.
«Este poder político quiere decidir quién puede vivir y quién debe morir. No lo vamos a aceptar: somos vida, vida y vida», afirmó el diputado Eduardo Valdés durante el encuentro.
Qué dice el proyecto de invalidez de pensiones del Gobierno
En el centro del debate está el Proyecto de Ley 109/2026, enviado por el Ejecutivo, que propone una reforma profunda del sistema de pensiones por invalidez laboral. El argumento oficial es de escala: entre 2003 y 2023, las pensiones no contributivas por invalidez pasaron de 76.000 a aproximadamente 1.200.000 beneficiarios, es decir, crecieron más de quince veces. Para el Gobierno, ese crecimiento exige controles que el sistema nunca tuvo.
Concretamente, el proyecto establece auditorías periódicas obligatorias con cruces masivos de datos entre ANSES, ARCA y SINTyS, reempadronamiento de todos los beneficiarios, posibilidad de suspensión preventiva ante incumplimientos y una definición más restrictiva de incompatibilidades con el trabajo formal. También modifica puntos centrales de la ley de emergencia en discapacidad que el propio Milei había vetado y que luego el Congreso ratificó. Es esa superposición con derechos ya reconocidos judicialmente lo que genera la mayor resistencia.
Desde LLA, el propio Huesen salió a defender el proyecto en un comunicado emitido este lunes en paralelo a la reunión que él mismo bloqueó. Sostuvo que «auditar no es atacar a las personas con discapacidad, sino cuidar el sistema» y que el objetivo es «separar la necesidad genuina del abuso». El texto no mencionó en ningún momento la reunión que se desarrollaba a metros de su despacho, ni explicó por qué se negó a habilitarla formalmente ni a permitir su transmisión oficial.
Las deudas, las bajas y las preguntas sin respuesta del informe de Adorni
Uno de los ejes del encuentro fueron los datos que la oposición construyó a partir de las propias respuestas del Gobierno al informe de gestión de Manuel Adorni.
Marino presentó un informe con dos focos centrales: las deudas acumuladas del programa Incluir Salud y la comparación entre bajas y altas de pensiones. Los números que surgen de la documentación oficial son elocuentes: el programa Incluir Salud acumuló una deuda con prestadores de casi 70 mil millones de pesos entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, con 770 prestadores afectados solo en el último mes relevado. En paralelo, desde diciembre de 2023 el sistema registró 112.136 suspensiones y 101.215 bajas de pensiones no contributivas, contra apenas 2.995 altas otorgadas en el mismo período.
Numerosos testimonios describieron el cierre de centros de día y la imposibilidad de acceder a terapias, tratamientos y medicamentos. Varios oradores calificaron la situación como un «genocidio social«. También se hizo presente el niño Ian Moche, quien junto a su madre denunció amenazas y agresiones físicas contra su vivienda tras una campaña en redes iniciada por la diputada libertaria Lilia Lemoine. Hoy cuentan con custodia provista por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
Proyecto «sensible» y una agenda difícil para LLA
La reunión cerró con un acuerdo. Todos los presentes decidieron rechazar el proyecto del Gobierno, acompañar todas las acciones judiciales vinculadas al sector y crear un Observatorio Nacional de la Discapacidad coordinado entre organizaciones, diputados y universidades. La oposición también acordó sumar más firmas al pedido de juicio político a Lugones.
El proyecto de pensiones por discapacidad es, según reconoció a La Pluma un senador del oficialismo días atrás, uno de los más «sensibles» de la agenda legislativa y demandará «varias semanas» de negociación antes de llegar al recinto. Lo de este lunes en Diputados confirma que esa negociación, si es que llega a darse, arranca con la cancha inclinada.
JD/CM
