En medio de una reorganización profunda en materia de seguridad, el gobierno anunció este jueves por la tarde que Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones en la Residencia Presidencial de Olivos y las residencias transitorias que utilice el presidente y su familia. Según afirmaron fuentes oficiales, el objetivo es fortalecer el resguardo de Javier Milei y facilitar los procesos administrativos internos.
Si bien desde el gobierno decidieron no expedirse sobre el tema, versiones extraoficiales indican que la decisión del recambio de seguridad se debe a la sospecha del presidente por aparente filtraciones de información sensible a la prensa, como el revuelo que generó la compra de las veintinueve toneladas de carne para consumo en Olivos y Casa Rosada. Sin dar razones, desde la gestión nacional confirman que son doce los empleados removidos de su cargo aunque no se descarta que en las próximas horas aumente. Según especificaron, los mismos podrían ser reubicados en otras áreas, aunque no está claro que todos vayan a tener ese futuro.
En este marco, cerca del círculo presidencial confirman que el Ejecutivo decidió echar a todos los civiles y desde ahora todas las personas que trabajen dentro de la Quinta de Olivos deberán tener cargo militar. “Fue una decisión de Javier”, dijeron para justificar el cambio. Además de cocineros y trabajadores de otras áreas, uno de los despedidos fue el hasta hoy intendente de la residencia oficial, Osvaldo Javier Sosa, primo de Belén Agudiez, mano derecha de Karina Milei en cuestiones relacionadas al partido y la ejecución de la secretaría general.
La versión oficial del gobierno insiste en remarcar que los cambios se deben a una cuestión de estricta seguridad, pero existen algunos rumores sobre un aparente enojo de Javier Milei con los trabajadores que lo atendían a diario. Según trascendidos, el jefe de estado se habría enfurecido con sus empleados luego de la intoxicación de uno de sus perros. El presidente habría razonado que esta situación se trató de un atentado contra su persona y sus mascotas -a quienes considera familia- y por eso habría tomado la decisión de echar a todo el personal. Desde el gobierno no se hacen eco de estos rumores y optan por el silencio.
Entre las justificaciones oficiales que brindaron desde la gestión nacional, la decisión se tomó como medida para elevar los estándares de eficiencia y seguridad del presidente y de su entorno en el marco de la escalada de la inseguridad a nivel global y de la visita del Papa León XIV a la Argentina, que demandará un gran movimiento de personal ajeno para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial.
Durante su presentación en la comisión Bicameral de Inteligencia que preside el diputado Sebastián Pareja, el titular de la Secretaría de Inteligencia, Cristian Auguadra, dio a conocer que el Estado nacional puso en marcha un plan para aumentar significativamente los refuerzos para custodiar la seguridad nacional. La decisión, según dejaron trascender por entonces, se debe a un cambio de paradigma geopolítico en el que la Argentina ocupa un lugar más que trascendental por su ubicación estratégica. Los cambios en el control presidencial, en tanto, también responden a esta misma política.
Casa Militar es un órgano dependiente de la Secretaría General de la Nación, hoy en manos de Karina Milei, que tiene bajo su órbita todo el control referido a la seguridad presidencial dentro y fuera de la Casa Rosada. Desde el 2024, el general de brigada, Sebastián Ignacio Ibáñez, es quien lleva las riendas del control de la seguridad presidencial, luego de que la titular de La Libertad Avanza a nivel nacional decidiera echar al ex encargado de la seguridad presidencial, Alejandro Guglielmi. Por entonces, la excusa fue una renovación del área, puesto que el gobierno recién llegado apuntaba a poner toda gente de confianza en estos sectores, pero lo cierto es que la decisión de la secretaria general de disponer de los servicios del agente de seguridad se debió a versiones que lo apuntaban como el autor material de filtraciones a la prensa.
Con la llegada de Ibañez, la Casa Rosada redobló sus estándares de seguridad, al punto que desde hace cuatro meses los periodistas acreditados dentro del edificio de gobierno están impedidos de circular por el mismo y son sometidos a diario a un avasallante operativo de control nunca antes implementado. La intención de Milei es que los mismos métodos se repliquen ahora en la Quinta de Olivos.
Los cambios en seguridad, en tanto, advierten la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y la separación de las funciones de seguridad, administración y control, lo que, según el comunicado que circularon desde el gobierno, “posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece.”
LP/CM
