El Senado sesiona este jueves con el temario que había cerrado el oficialismo tras varios días de negociación: Inocencia Fiscal II, la reforma al Régimen de Biocombustibles, el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y una serie de pliegos judiciales que llevaban meses trabados. Antes de entrar de lleno al debate, la sesión se abrió con una extensa ronda de cuestiones de privilegio de senadores del bloque Justicialista, centradas en tres frentes: las reservas de oro del Banco Central, el Presupuesto 2027 y la cuestión Malvinas.
La Cámara Alta ya destrabó los puntos más concretos del temario. Aprobó por 44 votos a favor y 21 en contra -del bloque Justicialista y los santiagueños- los convenios entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires para transferir la justicia de menores y otras competencias penales, cerrando un proceso que Patricia Bullrich definió como una deuda de 30 años con la autonomía porteña. También despachó, por unanimidad y con 66 votos, los pliegos de los jueces Juan Manuel Mejuto, Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway, que llevaban meses frenados por sus cuestionamientos internos: los dos últimos, por sus presuntos vínculos con el titular de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y Mejuto, por su cercanía con el kirchnerismo.
Asimismo, aprobó y convirtió en ley Inocencia Fiscal II, el proyecto que busca profundizar el régimen para captar los dólares que quedan fuera del circuito financiero formal. La iniciativa recibió 44 votos positivos, 23 negativos y 0 abstenciones.
Todavía queda pendiente el tramo más incierto de la jornada: la reforma al Régimen de Biocombustibles, el mismo proyecto que hizo caer la sesión la semana pasada por las diferencias en torno a la protección de las pymes de biodiésel no integradas, y sobre el que persiste la incógnita de cómo se resolverá cuando llegue su turno.
Cruces por el Oro del BCRA, Malvinas y el Presupuesto 2027
Antes de iniciarse el debate, el rionegrino Martín Soria pidió una cuestión de privilegio y retomó el planteo que ya había hecho la semana pasada contra el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, esta vez con un dato nuevo: la Auditoría General de la Nación desmintió que las operaciones con el oro trasladado en 2024 hayan sido auditadas, tal como había asegurado el funcionario ante el propio Senado.
«Bausili nos tomó el pelo, nos dijo que las 37 toneladas de lingotes de oro que sacaron en 2024 de madrugada en un operativo secreto se fueron a Suiza (…) Es todo mentira. El oro no está en Suiza, está en Inglaterra y la AGN dijo que las reservas no fueron auditadas», disparó, y calificó de «bochorno» que el oficialismo insista en avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del BCRA «a pesar de que su presidente les vino a mentir en la cara a todos».
La senadora riojana Florencia López acompañó el reclamo. Desde LLA, el senador Agustín Monteverde salió a bancar a Bausili y redirigió las críticas hacia Juliana Di Tullio, impulsora de la denuncia contra el funcionario.
El camporista Eduardo «Wado» de Pedro centró su cuestión de privilegio en el proyecto de Presupuesto 2027 que ingresó el martes por Diputados. Lo calificó de «cobarde, cínico y perverso» por el recorte al sistema universitario y por terminar, a su entender, con la Emergencia en Discapacidad: «Parece que el presidente de la Nación disfruta con ver sufrir a los más vulnerables», lanzó, y habló de un recorte acumulado del 40% en áreas de discapacidad. También reclamó por la situación del Hospital Garrahan, en el marco del abrazo simbólico que hicieron sus trabajadores días atrás: «Es cierto que mejoró el salario, pero el Gobierno no cumple con la ley (…) Están vaciando sectores del Garrahan».
La fueguina Cándida Cristina López aprovechó su cuestión de privilegio para cuestionar el giro de Javier Milei hacia la causa Malvinas, al cumplirse mil días de su gestión. «¿Se creen que somos tontos? ¿Que el admirador de Margaret Thatcher de un día para el otro se convirtió en malvinero, patriota y defensor de la soberanía?«, planteó, y repasó una lista de medidas del Gobierno que, según dijo, afectaron a su provincia: la paralización de la Base Naval Integrada al asumir, la caída del empleo industrial fueguino de 11.282 a 6.680 trabajadores, el ingreso de tropas estadounidenses a Ushuaia por decreto y la intervención del puerto local en enero, con 140 despidos.
Sobre el financiamiento que ahora promete el Gobierno para la Base Naval, puso una condición: «Tiene que ser totalmente argentina, responder a los intereses de la Argentina y estar al servicio de la defensa de nuestro territorio. No puede ser una obra pensada para los intereses de ninguna potencia extranjera».
JD/CM
