La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei fue ratificada judicialmente y el Gobierno acelera los tiempos políticos para su reglamentación. En los últimos días, distintos fallos favorecieron la postura oficial, consolidando la vigencia de la norma y debilitando la estrategia judicial de los gremios de la CGT que buscan frenarla.
Uno de los hitos más recientes fue la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que determinó que la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado debe tramitarse en ese fuero y no en la Justicia del Trabajo. Este fallo representa un revés para la central obrera, que pretendía llevar el expediente a un ámbito históricamente más receptivo a sus planteos.
La resolución judicial se suma a otro antecedente favorable para el Gobierno: la revocación de una medida cautelar que había frenado parcialmente la reforma, lo que permitió restablecer la validez de decenas de artículos. En conjunto, estos fallos refuerzan la interpretación oficial de que la ley está plenamente vigente, más allá de las impugnaciones en curso.
Con este respaldo, el Ejecutivo avanza en la reglamentación de la norma, considerada fundamental para transformar el mercado laboral. Fuentes oficiales aseguran que el decreto reglamentario es inminente, aunque reconocen que algunos aspectos presentan complejidades técnicas y podrían ser diferidos para una segunda etapa.
Entre los puntos más relevantes de la reforma se encuentra la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema que busca reemplazar el esquema tradicional de indemnizaciones por despido mediante un mecanismo de ahorro acumulativo. Sin embargo, su implementación genera dudas dentro del propio Gobierno, y no se descarta que quede fuera del primer decreto reglamentario.
Otros cambios ya vigentes incluyen modificaciones en los convenios colectivos, límites a los aportes solidarios a sindicatos y nuevas condiciones para la conformación de sindicatos de empresa. Estas medidas apuntan a reducir la litigiosidad laboral y a flexibilizar las relaciones de trabajo, en línea con la agenda de desregulación oficial.
A pesar de los avances, el escenario sigue abierto. Tanto el Gobierno como la CGT coinciden en que la disputa judicial terminará en la Corte Suprema, lo que prolongará la incertidumbre. Mientras tanto, se espera un aumento de la conflictividad sindical, en un contexto donde la reforma laboral se consolida como uno de los ejes centrales del programa económico y político de la actual administración.
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