Jorge Macri insiste en usar la geolocalización para controlar la ubicación de las y los empleados públicos que trabajan fuera de las oficinas gubernamentales. Una semana después de la decisión de la Justicia de suspender los sistemas Hoja de Ruta Electrónica (HRE) y FICHE, que se comenzaron a usar en marzo para controlar el presentismo en tiempo real mediante el GPS de los celulares, la administración porteña presentó la apelación. Además, desde los gremios indicaron que lo están implementando de “manera coercitiva” llevando a los empleados a firmar una declaración jurada en la que indican que se adhieren voluntariamente al sistema.
La semana pasada, el titular del Juzgado porteño N°15 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, Víctor Trionfetti, dio lugar a una medida cautelar para «suspender la aplicación obligatoria de la herramienta HRE y su relación con FICHE«. Ambos sistemas habían sido aplicados en marzo por el gobierno de Jorge Macri para los trabajadores que cumplen funciones fuera de las oficinas administrativas y que “prestan tareas habitual y permanentemente en la vía pública, en distintos domicilios dentro de una misma jornada laboral o que, de manera eventual y por estrictas razones de servicio, deba cumplir la totalidad o parte de su jornada en un domicilio distinto al declarado“.
La decisión del gobierno porteño había sido rechazada inmediatamente por los gremios estatales, que se presentaron ante la Justicia y denunciaron persecución porque «vulnera el derecho a la intimidad, a la privacidad y a la protección de datos personales“, al tiempo que “deja abierta la posibilidad de descuentos y sanciones arbitrarias por fallas técnicas ajenas a las y los trabajadores». Es por eso que presentaron el amparo, que finalmente fue aceptado por el juez Trionfetti.
En su fallo, el juez resaltó la falta de normativa específica que regule la obligatoriedad del uso de los teléfonos celulares en los lugares de trabajo o su necesidad para controlar el presentismo. Indicó que el gobierno porteño “no logra establecer con lugar, fecha y firma de autoridad competente cuál es el acto administrativo que implementa el uso y obligatoriedad de las mentadas herramientas para ser usados a fin de materializar el registro de la asistencia”. Y agregó que «fueron implementadas a través de una vía de hecho“.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital resaltaron el “abuso de Jorge Macri en medio del estado de precariedad”. “Se utilizaban nuestros propios dispositivos cuando ni siquiera se pagan viáticos para el trabajo fuera de la oficina. Usaban nuestros datos para geolocalizarnos, transfiriendo los gastos del control a cargo del trabajador. No nos daban teléfonos de flota”, dijo una de las integrantes de la comisión directiva de ATE Capital, Romina Piccirillo.
Otro de los puntos que objetaron fue el desconocimiento de las características del trabajo de las personas que están en el territorio. “El sistema está pensado para una jornada laboral de lunes a viernes en un horario determinado y vos tenés tareas que son un día entero o que se dividen en dos jornadas largas de medio día. Hay una multiplicidad de funciones, horarios y jornadas laborales que no se ven expresadas en este sistema”, le dijo a La Pluma Piccirillo. Y agregó: “Lo que se termina haciendo es que el trabajador tenga que cargar cualquier cosa para adaptar al trabajador al sistema y no a la inversa”.
En estos dos meses, los empleados públicos denunciaron errores en los sistemas, que afectaron sus funciones como fallas en la geolocalización o falta de datos en los domicilios donde estaban trabajando. “Hay un desconocimiento del tipo de tarea que se realiza, que en su mayoría tiene poca previsibilidad o permanentes cambios y modificaciones de horario porque se trabaja con personas, con familias, con instituciones. Todo este sistema está pensado para que haya un nivel de previsión en el cual días antes de la jornada vos ya tengas preestablecido por una persona que carga los domicilios y horarios en donde te vas a encontrar”, agregó la gremialista de ATE Capital.
Antes de la implementación de este mecanismo, el control de los trabajadores se hacían a través de una Hoja de Ruta en papel que debía tener la autorización del encargado de cada área, quien certificaba el trabajo en el territorio. Para el resto de las jornadas de oficina ya tenían implementado el control biométrico.
Ahora, el GCBA apeló la medida mientras que desde ATE Capital trabajan en una presentación judicial sobre la cuestión de fondo. El resto de los gremios están en alerta por este caso porque lo enmarcan dentro del avance del gobierno de Javier Milei sobre los derechos laborales. “Es una medida que nos excede a los estatales porque va en sintonía con los abusos y arbitrariedades que plantea la Reforma Laboral. La importancia de este fallo también tiene que ver con poner un límite a este avance que muchos gremios se va a ir multiplicando en distintos sectores de actividad”, dijo Piccirillo.
CDB/ VDM
