Mientras el gobierno de Javier Milei exhibe equilibrio fiscal, menor inflación y grandes anuncios de inversión, el sistema financiero acumula millones de hogares con dificultades para pagar sus deudas. El crédito, en muchos casos, dejó de utilizarse para financiar consumo o inversión y pasó a funcionar como un mecanismo para sostener gastos corrientes.
Los números muestran una dimensión que difícilmente pueda explicarse solamente como un problema de decisiones individuales. En junio de 2026, 20,96 millones de personas tenían deudas registradas con bancos y billeteras virtuales y 5,91 millones se encontraban en situación de mora, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaborado sobre la base de datos del Banco Central y la Central de Deudores.
La dimensión del deterioro también aparece en la tasa de irregularidad. La morosidad de las familias con bancos llegó al 12,8% en junio, muy por encima del 2,5% registrado en octubre de 2024. El informe señala que se trata de niveles históricamente elevados y que, al incorporar a las billeteras virtuales, la irregularidad total de las familias rondaría el 15,5%. El dato más significativo es que el problema no parece limitarse a una mayor utilización del crédito. Lo que aparece es un proceso de precarización del endeudamiento.
Para Milei y su equipo económico, el problema es ajeno al Gobierno y lo considera como un acuerdo entre dos privados. Ante la falta de asistencia, y las restricciones de los bancos para poder acceder a nuevos créditos, los clientes con problemas de pago migran su endeudamiento hacia las billeteras virtuales. Según el informe de CEPA, la mora de las billeteras virtuales pasó del 7,3% en noviembre de 2024 al 30,1% en junio de 2026, incluso por encima del máximo registrado durante la pandemia.
Es decir, la exclusión de una parte de los hogares del sistema bancario tradicional no implica necesariamente que desaparezca la necesidad de financiamiento. En muchos casos, cambia el acreedor.
Aún peor es que el cambio puede resultar mucho más costoso. El informe advierte que una deuda que originalmente podía renegociarse dentro del sistema bancario puede terminar trasladándose a proveedores con costos financieros mucho mayores o incluso al circuito informal.
El problema son los ingresos
La discusión sobre el sobreendeudamiento abre una pregunta incómoda para el modelo económico: ¿qué ocurre cuando el problema no es el exceso de consumo sino la insuficiencia de ingresos?
El informe de CEPA encuentra una correlación entre el deterioro del salario real y el incremento de la morosidad. A pesar del relato del mandatario argentino, desde su asunción, el salario real de los trabajadores registrados acumula una caída de 8,7%; si se utiliza una medición alternativa de inflación basada en la canasta de la ENGHo 2017/18, la pérdida llega al 18,7%.
El propio documento cuestiona así la explicación basada exclusivamente en la supuesta irresponsabilidad financiera de los hogares. En abril de 2026, la carga mensual de los servicios de deuda representaba el 24,1% de la masa salarial, y cerca del 80% correspondía a préstamos personales y tarjetas de crédito.
Una economía que crece, pero no necesariamente incluye
El problema del endeudamiento se conecta con otra de las dificultades que enfrenta la segunda etapa del programa económico: transformar la estabilización macroeconómica en una mejora concreta de la economía real.
Desde diciembre de 2023 desaparecieron unos 241.000 puestos asalariados privados registrados y 73.000 empleos públicos, mientras la informalidad alcanza al 44% de la fuerza laboral. La paradoja es que pueden convivir inversiones millonarias en sectores como energía y minería con una economía cotidiana donde conseguir un empleo formal resulta más difícil. El crecimiento de actividades vinculadas a Vaca Muerta o a los grandes proyectos de inversión no necesariamente compensa la destrucción de puestos en sectores de mayor intensidad laboral.
El economista Pablo Tigani plantea que la Argentina atraviesa una “reconfiguración microeconómica” asociada al giro hacia un modelo más abierto y orientado al mercado. En su análisis sostiene que la estabilización macroeconómica y la apertura global trasladan una fuerte presión hacia las empresas locales, que deben enfrentar nuevas condiciones de competencia y financiamiento.
Ese proceso no se limita a los balances empresariales. Tiene una traducción directa sobre el empleo, los salarios y el consumo interno: cuando una empresa reduce personal, pierde mercado o deja de invertir, el efecto termina llegando al ingreso disponible de los hogares. Por lo tanto, la cuestión no es solamente si la Argentina logró estabilizar sus variables macroeconómicas, sino qué ocurre con quienes quedan del otro lado de esa estabilización.
Porque una familia sobreendeudada consume menos. Una persona con el sueldo embargado dispone de menos ingresos. Un trabajador excluido del sistema bancario recurre a créditos más caros. Y un hogar que utiliza deuda para pagar alimentos tiene cada vez menos margen para enfrentar salud, educación, transporte o vivienda.
¿Millones dentro del sistema?
El mapa de la deuda muestra además que el deterioro no se distribuye de manera homogénea. Los menores de 34 años representan el 38,7% de los deudores morosos y el 72,6% de ellos tiene deudas incumplidas con billeteras virtuales. En los grupos más jóvenes aparecen incluso las tasas de irregularidad más elevadas: entre quienes tienen 18 y 19 años llega al 32,7% y entre los de 20 a 24 años alcanza el 33,6%.
Es una señal especialmente relevante porque muestra que el problema no afecta solo a quienes atraviesan una crisis transitoria. También compromete a generaciones que deberían estar ingresando al mercado laboral, construyendo patrimonio y ampliando su capacidad de consumo.
El resultado es una paradoja: la expansión del crédito digital permitió incorporar a millones de personas al sistema financiero, pero una parte importante terminó ingresando por el lado más caro y vulnerable del sistema.
En definitiva, la primera parte del programa libertario estuvo concentrada en ordenar las cuentas públicas, reducir la inflación y modificar los precios relativos. La segunda deberá responder una pregunta más difícil: cómo hacer que esa estabilización llegue a la microeconomía donde viven los argentinos.
Porque si la estabilidad se construye sobre millones de hogares que sobreviven a crédito, refinancian deudas y quedan progresivamente excluidos del sistema financiero tradicional, el lado B del modelo puede terminar convirtiéndose en uno de sus principales problemas económicos y políticos.
RM/EO
