En junio, el volumen de deudores morosos en el sistema financiero alcanzó a 5,5 millones de argentinos. Esta cifra equivale al 27,4% del universo total de deudores y representa al 15% de la población mayor de 15 años en el país. Durante el último año, el registro de morosidad sumó 2 millones de individuos.
El segmento que registró el mayor incremento fue el de los deudores categorizados como irrecuperables, definidos como aquellos que presentan atrasos de pago superiores a un año, con un aumento de 1,4 millones de personas, de acuerdo a los datos del Banco Central procesados por el Instituto Argentina Grande.
Para el presidente, Javier Mieli, este es un problema que no le incumbe al Gobierno. “Si alguien tiene un acuerdo privado con otro y no está en condiciones de cumplir con ese acuerdo, ¿es correcto que le haga pagar a un tercero por eso? Quienes se endeudan tienen responsabilidad, no les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo”, le dijo a un Luis Majul obsecuente.
“Decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarle la cuenta a todos los demás. Eso no está bien”, respondió Milei. Como si hubieran sido unos pocos los que se endeudaron y no lo pagaron para tratar de ganarle al sistema, en lugar de tratarse de un nuevo récord sólo comparable con 2001 porque a las familias no les alcanzan los ingresos para llevar un plato de comida a la mesa. El que mejor supo resumirlo fue el gobernador boanerense, Axel Kicillof: «La gente que se está endeudando tiene que ver con que los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas».
«Yo no le dije tarados a los tarados»
Durante una exposición ante la Cámara de Agentes de Bolsa, el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó como «tarados» a los actores económicos que defienden el desarrollo de la industria. Después de que se viralizara el video donde expresamente los insulta, trató de negarlo en redes sociales.
“Jamás dije tarados a los industriales, sino a los que defienden el modelo anterior que lo único que hizo crecer fue el déficit, y con ello, la inflación y la pobreza”, escribió en su cuenta de Twitter.
Con paños muy tibios, la Unión Industrial Argentina (UIA) respondió a través de su presidente, Martín Rappallini, quien señaló que el uso de esos términos «dificulta el diálogo» institucional. El representante fabril planteó que el sector manufacturero enfrenta problemáticas operativas vinculadas a la competencia desleal, la contracción del consumo interno y el esquema impositivo. Asimismo, sostuvo que el fomento de la actividad industrial no es incompatible con el objetivo de lograr el equilibrio fiscal y la estabilización macroeconómica.
La Fundación Pro Tejer emitió un documento en el que rechazó las expresiones del ministro. La entidad textil definió la declaración como un exabrupto que degrada el debate. En su análisis de los datos sectoriales, la organización señaló que entre los años 2016 y 2019, con Mauricio Macri presidente y Caputo en Economía, la actividad industrial registró una caída del 13% y el cierre de 4.849 empresas. La fundación también indicó que el sector manufacturero sostiene más de 1.100.000 puestos de trabajo formales y demandó condiciones equitativas para la competencia, subrayando que en la actualidad la actividad absorbe una carga tributaria del 52%. «La historia desmiente que la industria obstaculice la estabilidad», remataron.
«La estabilidad sin trabajo no es progreso, es ajuste», le explicaron desde la cámara textil al ministro del recorte presupuestario.
