El Senado tuvo este miércoles una jornada densa, con dos frentes activos que se superpusieron en el mismo edificio. Por un lado, la Comisión de Asuntos Constitucionales abrió formalmente el debate de la reforma electoral que el Ejecutivo envió al Congreso hace tres semanas, con la exposición de una asesora del Ministerio del Interior que defendió los ejes del proyecto —empezando por la eliminación de las PASO— en un salón donde todos sabían de antemano que ese punto no tiene los votos. Por el otro, la Comisión de Acuerdos continuó con las audiencias de aspirantes a jueces, con una presencia que acaparó la atención: la esposa del magistrado que lleva la causa $LIBRA expuso su candidatura para un juzgado federal del conurbano bonaerense y respondió la única impugnación que recibió. Mañana jueves, el Senado sesionará para tratar varios pliegos, entre ellos el de Carlos «Coco» Mahiques, padre del ministro de Justicia.
La reforma electoral y la interna entre Karina y Bullrich
La primera reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre la reforma electoral arrancó con un dato significativo: en el Salón Arturo Illia estuvo presente Giselle Castelnuovo, exsubsecretaria de Asuntos Políticos y persona del riñón de Karina Milei, pero solo como oyente, sin participar activamente. La semana pasada, junto a Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz, había visitado a Patricia Bullrich, jefa del bloque de LLA en el Senado, en el marco de las tensiones internas por cómo avanzar con el proyecto. Castelnuovo estuvo ahí para monitorear. El mensaje era claro: la reforma electoral no es solo un debate parlamentario sino el termómetro más preciso de la interna entre el karinismo y Bullrich, que lleva semanas escalando.
La presentación de los lineamientos del proyecto estuvo a cargo de María Luz Alegría Landivar, asesora del Ministerio del Interior y ex titular de la Dirección Nacional Electoral. Defendió la eliminación de las PASO con argumentos de eficiencia: en 16 años hubo siete elecciones y solo diez agrupaciones las usaron para la presidencia; el 40% de ellas no superó el umbral del 1,5% y entre todas no sumaron el 2% de los votos; las últimas primarias de 2023 costaron más de 1.200 millones de pesos para diez espacios que juntos no llegaron al 2% del electorado. También expuso los cambios en el financiamiento —de Fondo Partidario Permanente a Aporte Público Anual, con más libertad de uso pero mayor rendición de cuentas—, la Boleta Única de Papel con la opción de voto completo de lista, y los requisitos más exigentes para los partidos nacionales: presencia real en diez distritos en lugar de cinco.

Pero la discusión de fondo no es técnica sino política. Los aliados del oficialismo —UCR y PRO— ya anticiparon que insistirán en tratar Ficha Limpia por separado. La eliminación de las PASO no tiene los votos y todos en el Senado lo saben. Sin embargo, desde Casa Rosada, con presión especial de Karina Milei, insisten en tratar el paquete completo tal como fue enviado. Bullrich, que viene negociando con los aliados y admitió públicamente que «para eliminar las PASO no nos dan los votos», choca con esa postura. El compromiso que existe dentro del bloque oficialista de la Cámara alta es tener alguna versión del proyecto con media sanción antes del receso invernal de julio. Cómo lleguen a esa versión es lo que todavía nadie tiene resuelto.
La esposa del juez de $LIBRA y los pliegos que vienen
En paralelo, la Comisión de Acuerdos que preside Juan Carlos Pagotto realizó una nueva audiencia por la que pasaron 15 candidatos a distintos cargos judiciales. La presentación más observada fue la de Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien lleva la causa $LIBRA —la investigación que involucra al Presidente de la Nación y que es uno de los expedientes más sensibles de la Justicia federal. Juan es la única de esta tanda que recibió una impugnación, presentada por un abogado llamado Ramón Encina, que cuestionó su candidatura por una eventual afectación de su independencia judicial dado el vínculo con el magistrado a cargo de esa causa.

La propia Juan respondió la impugnación al inicio de su exposición. Dijo que el cuestionamiento no apuntaba a su idoneidad ni a su trayectoria —35 años en la gestión judicial, 30 en materia penal federal— sino a su vida privada, y consideró que el ámbito de la comisión no era el lugar adecuado para plantear un temor de parcialidad sobre la actuación de su marido. El oficialismo la respaldó sin fisuras. «Perfectamente se podría decir lo contrario: que Martínez de Giorgi está allí por ser el marido de Juan», sostuvo Bullrich, quien también defendió la trayectoria de la candidata. El presidente de la comisión, Pagotto, adhirió: «No creo en las sentencias gananciales». La oposición no formuló cuestionamientos. Y es la tercera vez que Juan se presenta: sus pliegos fueron enviados durante los gobiernos de Macri y de Fernández y en ambos casos se retiraron antes de ser tratados. Esta vez, con dictamen firmado, el camino parece más despejado.
Este jueves el Senado sesionará para tratar varios pliegos. El más observado políticamente es el de Carlos «Coco» Mahiques, aspirante a seguir en la Cámara Federal de Casación Penal y padre del ministro de Justicia.
Otro de los pliegos pendientes es el del hijo del cortesano Horacio Rosatti, que todavía tiene audiencia por celebrarse. En el Senado, la agenda judicial avanza con una velocidad que contrasta con la lentitud de casi todo lo demás.
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