El Gobierno presentó los nuevos Lineamientos de la Política Nuclear Argentina 2026, un documento que busca reorganizar el sector y aprovechar el renovado interés global por la energía nuclear. Sin embargo, detrás de los anuncios sobre exportaciones, competitividad y nuevas oportunidades de negocios, la estrategia oficial marca un cambio profundo: la creciente participación del capital privado en una actividad históricamente asociada al desarrollo científico y tecnológico del Estado. Los trabajadores salieron a reclamar junto a exfuncionarios y encendieron las alarmas por la potencial privatización de la soberanía energética a compañías extranjeras.
La propuesta, impulsada por la Secretaría de Asuntos Nucleares, establece como objetivos centrales incrementar las exportaciones de alto valor agregado, fortalecer la seguridad energética, ampliar las capacidades tecnológicas nacionales y consolidar el liderazgo regional argentino. Pero el aspecto más controvertido es la redefinición del rol estatal. Según el documento, “la nueva Política Nuclear Argentina separa con claridad la conducción política de la operación del sector”, abriendo espacios para que empresas privadas asuman funciones que hasta ahora estaban bajo la órbita pública.
El secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, defendió el nuevo esquema y aseguró que “por primera vez, Estado y sector privado van a trabajar juntos para potenciar cada eslabón del sector nuclear argentino”. La iniciativa contempla que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) concentre sus tareas en investigación, desarrollo y formación de recursos humanos, mientras que los proyectos con potencial comercial queden sujetos al financiamiento y al riesgo empresarial de actores privados, incluso extranjeros.
La orientación ya comenzó a reflejarse en proyectos concretos. Durante la presentación, Ramos Napoli adelantó que la CNEA no operará directamente el reactor multipropósito RA-10 y sostuvo que “la Comisión Nacional de Energía Atómica no está en condiciones de operar ese reactor”. La decisión representa un cambio significativo para una institución que durante décadas fue protagonista del desarrollo nuclear argentino y que convirtió al país en uno de los pocos del mundo capaces de dominar integralmente el ciclo del combustible nuclear.
El giro genera preocupación en amplios sectores de la comunidad científica y tecnológica. La actividad nuclear argentina fue construida durante más de siete décadas a partir de inversiones públicas sostenidas, articulando investigación, industria y formación de profesionales altamente especializados. La posibilidad de que áreas estratégicas queden subordinadas a criterios del sector privado despierta interrogantes sobre el futuro de proyectos emblemáticos y sobre la capacidad del país para conservar el control de tecnologías consideradas sensibles. En este caso, la privatización la sufre la actividad nuclear.
Y con ello, las críticas también apuntan al riesgo de diluir una de las principales fortalezas argentinas: la soberanía tecnológica. Mientras el Gobierno plantea que el desafío consiste en transformar conocimiento en negocios y exportaciones, crecen las chances de que la apertura al capital privado debilite el papel del Estado en la definición de prioridades estratégicas. En un contexto internacional donde la energía nuclear vuelve a ocupar un lugar central, la discusión ya no pasa solamente por atraer inversiones, sino por quién controla el rumbo de un sector clave para el desarrollo nacional.
Los lineamientos que marcarán el rumbo del sector
El documento presentado por la Secretaría de Asuntos Nucleares establece una serie de prioridades para los próximos 18 meses. Entre ellas figuran la operación segura de las centrales nucleares, la extensión de vida de Atucha I, la finalización y puesta en marcha del reactor multipropósito RA-10, el fortalecimiento del ciclo del combustible nuclear, la modernización regulatoria preservando la independencia de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la formación de recursos humanos especializados y la consolidación del liderazgo regional argentino.
Desde el Gobierno sostienen que estos lineamientos buscan transformar las capacidades científicas y tecnológicas acumuladas durante décadas en una plataforma industrial con mayor inserción internacional. No obstante, el enfoque elegido vuelve a poner en debate el equilibrio entre desarrollo económico y control estatal de una actividad considerada estratégica.
Mientras el Gobierno privatiza, los trabajadores protestan
La otra cara de la moneda mostró a los trabajadores del sector nuclear manifestando frente a la Sede Central de la CNEA. La premisa puertas afuera fue salarios dignos y la continuidad de algunos proyectos científicos
Por su parte, la expresidenta de CNEA y diputada por Fuerza Patria, Adriana Cristina Serquis, expresó en redes sociales que “en estos 76 años logramos posicionar a la Argentina en el mapa científico gracias al desarrollo de la medicina nuclear, la energía y la industria. Si esto se destruye, todos lo vamos a lamentar”.
Mientras el Gobierno procura aumentar la competitividad del sector, el mismo sufre un éxodo masivo de especialistas por las malas condiciones de trabajo. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, estuvo presente y rechazó “el vaciamiento de un organismo estratégico en el que somos vanguardia mundial”.
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