El diputado de Unión por la Patria Sebastián Galmarini, junto a otros legisladores del Frente Renovador, presentó un proyecto de ley de Integridad y Ética Pública que, dentro de sus 130 artículos, alcanza a los tres poderes del Estado y al Ministerio Público. En sus fundamentos, cita el caso de la criptoestafa $LIBRA y el escándalo patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y cuestiona que la ley de ética pública vigente —que ya tiene 26 años— no contemple criptoactivos en las declaraciones juradas y que el organismo de control anticorrupción dependa del mismo Poder Ejecutivo al que debe investigar.
A diferencia de la ley de lobby impulsada por el Ejecutivo, que regula la gestión de intereses ante organismos públicos, este proyecto apunta a refundar el sistema completo: reemplaza la lógica exclusivamente reactiva frente a los hechos de corrupción por un modelo preventivo, basado en detección temprana, transparencia activa y rendición de cuentas.
El proyecto de 87 hojas enviado a la Cámara de Diputados crea un Instituto Nacional de Integridad y Ética Pública, un organismo autónomo que absorbe y reemplaza a la actual Oficina Anticorrupción. La diferencia clave es que su directorio estaría compuesto por tres miembros: dos designados por la oposición —uno por Diputados, uno por el Senado— y uno por el Ejecutivo. El mecanismo garantiza mayoría opositora por diseño y evitaría la dependencia funcional respecto del gobierno de turno. Los mandatos caducarían automáticamente si la fuerza que designó al director cambia de bando.
Los fundamentos citan explícitamente el caso de Manuel Adorni —investigado por presunto enriquecimiento ilícito, propiedades no declaradas y viajes financiados por un empresario con contratos en su área— y el escándalo $LIBRA, donde la propia OA dictaminó que Milei no había violado ninguna norma ética porque había actuado desde una cuenta «personal». Galmarini usa ese dictamen como argumento central: un organismo que depende de quien debe controlar no puede trazar esa línea con credibilidad.
Declaración jurada ampliada y para candidatos
En materia de declaraciones juradas, el proyecto actualizaría el contenido obligatorio para incluir criptoactivos, monedas digitales, billeteras virtuales y los beneficiarios finales de sociedades —cualquier persona con participación del 10% o más en el capital o los votos. La obligación alcanzaría a autoridades de los tres poderes, organismos de control, empresas públicas y fuerzas de seguridad, entre otras áreas sensibles de la administración.
Además, se extendería a candidatos electorales, que deberían presentar su declaración antes de la publicación de las listas oficiales. Quien no lo haga enfrentaría una multa del 20% de su haber mensual, acumulable hasta que cumpla. Toda la información debería publicarse en formatos abiertos y de descarga libre.
Régimen de control de conflictos de intereses
El régimen de conflictos de intereses incorporaría una figura nueva: el conflicto de intereses aparente. No hace falta que haya un beneficio concreto ni un vínculo directo con un proveedor: alcanza con que exista una percepción razonable de que la decisión de un funcionario podría estar afectada por parcialidad.
También prohíbe tener activos en paraísos fiscales o jurisdicciones no cooperantes al asumir; quien los tenga tiene 180 días para desinvertir, salvo que acredite que los adquirió lícitamente antes de conocer su designación.
Las restricciones post-cargo se gradúan según jerarquía: tres años para presidentes, vicepresidentes, jefes de Gabinete, ministros y secretarios; dos años para subsecretarios y titulares de entes reguladores; un año para directores generales. Durante ese período no pueden trabajar en el sector privado vinculado al área donde ejercieron su función.
Todo proveedor o contratista con el sector público nacional que supere cierto monto en una licitación debe presentar una Declaración Jurada de Intereses con sus vínculos con funcionarios. Si declara un vínculo, el funcionario involucrado debe excusarse de intervenir en el proceso. La plataforma donde se registra todo esto debe tener trazabilidad mediante tecnología de registro distribuido, alertas automáticas ante inconsistencias patrimoniales y acceso libre y gratuito.
El antinepotismo se extiende a todos los poderes e incluye un caso que la ley vigente no contempla: las designaciones recíprocas entre reparticiones, el esquema donde el organismo A nombra al familiar del funcionario del organismo B y viceversa. Las designaciones en violación de esa norma son nulas de nulidad absoluta.
El proyecto deroga la Ley 25.188 en su totalidad pero entra en vigencia recién 365 días después de su publicación en el Boletín Oficial. Hasta que se designe el Directorio del nuevo Instituto, la OA sigue operando.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100 en 2025 —su peor registro desde 2017, un punto menos que el año anterior— y quedó en el puesto 104 de 182 países.
JD/CM
