El Gobierno decidió preadjudicar la licitación para el dragado y mantenimiento de la hidrovía Paraná-Paraguay a la empresa belga Jan de Nul. A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Economía, explicó que el dictamen repasó la totalidad del proceso, compuesto por tres etapas, y recomendó una ganadora sobre la base del sistema de puntajes establecido junto con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).
Desde el Estado destacaron la ejecución del proceso de selección. De hecho, en el comunicado oficial sostuvieron que “tanto usuarios privados como la ONU destacaron las múltiples instancias de participación de distintos sectores productivos, provincias, organizaciones civiles y especialistas, así como la transparencia de cada paso”.
Cabe recordar que Jan De Nul estuvo 26 años operando la Hidrovía y realizando tareas de dragado en puertos de toda la Argentina. La concesión la ganó en 1995, durante el gobierno de Carlos Menem, y se estiró hasta 2021. En ese entonces, la firma belga se asoció con Emepa, de Gabriel Romero, uno de los empresarios involucrados en la causa de los cuadernos de las coimas y que confesó haber pagado sobornos para obtener una prórroga contractual.
Jan de Nul y las sospechas de corrupción
En 2019, el gobierno saliente de Mauricio Macri comenzó a elaborar los pliegos para una nueva licitación del dragado y mantenimiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, cuya concesión vencía en 2021. Incluso se firmaron protocolos adicionales en el ámbito regional -como el Decreto 217/2019- para modernizar y actualizar el acuerdo de transporte fluvial.
Por entonces, Jan de Nul quedó envuelta en cuestionamientos derivados de la causa de los cuadernos. Gabriel Romero, dueño del holding Emepa y socio local de la belga, había confesado haber pagado sobornos en 2010 prorrogara el contrato. Desde la firma belga aseguraron que no tuvieron participación alguna en esos hechos.
De hecho, fuentes vinculadas a la compañía llegaron a señalar que podían presentarse solas, sin socios argentinos, y obtener ganancias igualmente. “Además, Emepa es un problema político luego de las coimas”, habían afirmado fuentes de Jan de Nul a La Nación. Sin embargo, no es inusual que en general empresas multinacionales recurran a socios locales en mercados regulados, dado que las normas internacionales sancionan severamente los casos de corrupción comprobados.
En 2025, en el marco de la investigación por una frustrada licitación de la Hidrovía impulsada por el Gobierno de La Libertad Avanza, el juez federal Sebastián Casanello ordenó allanar las oficinas de la empresa. La causa, iniciada a partir de una denuncia de la Coalición Cívica, investigaba un presunto direccionamiento de los pliegos licitatorios.
Además, la presentación hacía referencia a una deuda de US$ 78 millones que el Estado mantenía con Jan de Nul. Según las condiciones del proceso licitatorio posteriormente anulado, la empresa que resultara adjudicataria debía asumir ese pasivo para que el Gobierno pudiera cancelarlo.
Fuentes cercanas a la compañía habían confirmado a algunos medios que el allanamiento se llevó a cabo y que la misma respondió a todos los requerimientos judiciales. Por su parte, el gobierno de Javier Milei rechazó las acusaciones a través del Boletín Oficial y sostuvo que la denuncia carecía de fundamentos y buscaba desacreditar un proceso que consideraba transparente. Desde la multinacional expresaron una posición similar.
El proceso licitatorio estuvo marcado por controversias y reclamos. Empresas como la belga DEME y la danesa Rohde Nielsen denunciaron que los pliegos estaban diseñados para favorecer a Jan de Nul, acusación que tanto la compañía como el Gobierno rechazaron en reiteradas oportunidades.
La situación cambió cuando se confirmó que solo se había presentado una oferta, precisamente la de DEME. En ese momento, el Ejecutivo puso en duda el accionar de la empresa belga y sugirió que podría haber ejercido presión sobre otras firmas para desalentar su participación o incluso haber actuado en connivencia con ellas en perjuicio del Estado.
Este año, en el marco de una nueva licitación, Jan de Nul negó cualquier asociación con empresas chinas o la existencia de “injerencia estatal externa”. “La estructura societaria proyectada para la futura concesionaria, así como el esquema de financiamiento y proveedores estratégicos previsto para el desarrollo de la concesión, no contempla participación de empresas chinas, financiamiento soberano extranjero ni injerencia estatal externa en la operación de la concesión”, afirmó la compañía en un comunicado.
Es que la licitación ahora preadjudicada a la multinacional belga estuvo rodeada de polémica después de que un consorcio de empresas estadounidenses que respalda a DEME, una competidora, enviara una carta a la Casa Blanca y al Gobierno argentino advirtiendo sobre supuestas irregularidades, falta de transparencia y un eventual sesgo en favor de la multinacional.
Estas denuncias motivaron reuniones entre directivos de Jan de Nul y el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas. En un comunicado, la empresa afirmó que, en caso de resultar adjudicataria -algo que finalmente ocurrió-, incorporará “soluciones tecnológicas provistas por compañías occidentales”, priorizando a las estadounidenses.
“El consorcio priorizará la contratación de proveedores y soluciones tecnológicas confiables, alineados con los intereses estratégicos de Occidente y con los lineamientos de política exterior impulsados por el Gobierno de la República Argentina”, concluye el comunicado.
Con la recomendación a favor de Jan de Nul, el Gobierno busca cerrar un proceso que estuvo atravesado por denuncias, cuestionamientos y presiones cruzadas. Sin embargo, la definición está lejos de poner fin a la controversia: la concesión de la principal vía de salida de las exportaciones argentinas continuará bajo escrutinio, tanto por su impacto económico como por los intereses locales e internacionales que confluyen alrededor del negocio de la Hidrovía.
RM/EO
