Cuando el jueves por la tarde, a casi dos horas del inicio de la sesión en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich debió solicitar un cuarto intermedio dentro del gobierno ya sabían que la cosa no venía nada bien. El conflicto parlamentario que significó el intento de La Libertad Avanza de aumentar el tratamiento de pliegos de jueces que se habían acordado apenas veinticuatro horas antes en labor abrió un nuevo capítulo en las disputas internas del gobierno, que pujaron en todas las direcciones para intentar salir beneficiadas, incluso en desmedro de la imagen de Javier Milei.
Después de varios minutos de negociaciones, en los que se incluyeron llamadas cruzadas y órdenes expresas de un lado y del otro de la grieta libertaria, el pleno llegó a un acuerdo: dejar para la próxima sesión el tratamiento de la Ley de Propiedad Privada y votar los 73 pliegos que la ex ministra de Seguridad intentó colar por la ventana, incluido el de la jueza de la polémica, María Verónica Michelli cuya postulación consiguió 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, una de ellas de la propia Bullrich, quien ya había adelantado que utilizaría su derecho a la objeción de conciencia.
Pese a los contratiempos, la aprobación de los postulantes para cubrir las más de trescientas vacantes del poder judicial fue celebrada sin rodeos por la plana mayor del Ejecutivo. “Gracias Presidente por iniciar el camino de la reconstrucción del Poder Judicial! Y gracias a Karina Milei por su apoyo constante, como así también a los Senadores y, en especial, a la celeridad de la Comisión de Acuerdos, que trabajaron incansablemente para hacer esto posible. Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione”, publicó minutos después de la votación el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
El jefe de estado, por su parte, calificó la jornada en el Senado como “un verdadero hito”, pese a que el Senado y su propia jefa de bloque se haya rebelado contra su decisión de retirar el pliego de la magistrada pariente de Hugo Alconada Mon, uno de los periodistas que se puso al frente de la investigación periodística del caso $Libra que tiene a los hermanos presidenciales como principales implicados. Durante la tarde las versiones sobre la posibilidad de que Milei no firmara el decreto para designar a la jueza, el último paso burocrático para concretar la oficialización, picaron en punta. Fue el propio Mahiques quien esta mañana lo confirmó en una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre.
“Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará (el decreto). El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”, sostuvo contundente el funcionario, quien a su vez negó que el retiro del pliego de la jueza se tratase de un enfrentamiento personal de los Milei con Alconada Mon. “En ningún momento se dijo cuál es el motivo. El Presidente tiene la facultad de retirar un pliego como hicieron todos los presidentes”, sostuvo.
En este sentido, para reforzar la postura oficial, el titular de la cartera de Justicia buscó apuntar contra el ex presidente del Frente de Todos, de quien recordó: “Uno de los pliegos retirados fue el de mi hermano (Ignacio Mahiques). Tenía el acuerdo de la comisión, la audiencia en el Senado para ser propuesto juez federal de Mercedes. El presidente Alberto Fernández retiró el pliego. No hubo ninguna tapa de diario ni manifestaciones ni nada. Lo retiró”.
Respecto a la dilatación del nombramiento, una de las posturas a las que se abrazará el gobierno para evitar ser apuntados por dañar la estructura institucional del poder judicial es la instancia de que el tribunal para el que fue seleccionada Michelli, el Tribunal Oral Federal Nº 3 de La Plata, aún no está habilitado. “Es un juzgado que todavía tiene que crear la corte. El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificios, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología. Es un proceso largo, hay varios tribunales y juzgados sin habilitar hace tiempo”, sostuvo Mahiques como anticipo.
La postura del gobierno, por su parte, ya generó una serie de repercusiones puertas adentro del mundo judicial, que miran con malos ojos las jugadas espurias con las que insiste el oficialismo. En este sentido, el Club Político Argentino publicó un comunicado en el que lanza una fuerte acusación: “Argentina vive, desde hace tiempo, una creciente degradación de sus instituciones fundamentales. Cuando esa degradación afecta a la justicia, se comienzan a desmoronar los fundamentos que hacen que podamos vivir juntos”.
“Asistimos con asombro a un proceso de nombramiento de jueces que vulnera los procedimientos establecidos. Este debe basarse exclusivamente en el criterio de idoneidad, que exige la Constitución. La valía moral, profesional y académica de los candidatos son los únicos criterios de selección. Aplicar otros significaría discriminarlos por sus creencias personales, por el lugar o la familia en que les tocó nacer, por sus elecciones privadas de vida”, insiste la entidad encabezada por la ex ministra, Graciela Fernández Meijide.
En el gobierno por su parte, hacen caso omiso a las acusaciones y afirman que todas las medidas que se tomarán serán decididas estrictamente por el presidente. Cuándo no.
TS/CM
