El Senado sesiona este jueves a las 12 con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada como principal punto del temario, en lo que será la última actividad de la Cámara alta antes del receso invernal. La sesión, presidida por Victoria Villarruel, se estima que durará unas siete horas e incluye además el ingreso de 26 pliegos diplomáticos y 29 judiciales, entre ellos el del camarista Víctor Pesino, que cumple 75 años el próximo 27 de julio y necesita la renovación aprobada antes de esa fecha para no perder la magistratura.
Pero el proyecto de Federico Sturzenegger es, por lejos, el tema que concentra la tensión. El dictamen se firmó el 20 de mayo, pero desde entonces sufrió al menos catorce reescrituras, la última de las cuales seguía negociándose horas antes de la sesión. «El texto puede seguir recibiendo modificaciones y que la versión final se conozca durante la sesión», reconocieron fuentes legislativas del oficialismo a La Pluma. El resultado de la votación, de hecho, no está garantizado: en el peronismo estiman 35 de los 36 votos necesarios para bloquear el capítulo más resistido, el de extranjerización de tierras.
Comprar campo sin límites
El corazón de la disputa es la modificación a la Ley de Tierras Rurales (26.737), vigente desde 2011. Hoy un extranjero puede comprar hasta el 15% de la superficie de cada provincia y municipio, con un tope de 1.000 hectáreas en zona núcleo por persona y la prohibición expresa de adquirir tierras con cuerpos de agua permanentes. El proyecto elimina esos límites por completo para individuos y empresas privadas extranjeras. Según la última versión que circuló por los distintos despachos del Senado, la única restricción que se mantiene alcanza a los Estados extranjeros y a las empresas con participación estatal foránea, que necesitarán autorización expresa de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, con un mecanismo de «silencio administrativo positivo»: si no hay respuesta en el plazo fijado, la operación se considera aprobada. El mismo esquema regirá para la compra de tierras en zonas de frontera.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, justificó el cambio en conferencia de prensa: «La norma de 2011 criminalizó de facto la compra de tierras por parte de extranjeros, contradiciendo el espíritu de nuestra Constitución».
El dato que más preocupa a los críticos no es el promedio nacional (ninguna provincia supera hoy el 15% de extranjerización, según el Registro de Tierras Rurales actualizado a agosto de 2025) sino el mapa departamental. Más de treinta distritos ya superan ese porcentaje, y al menos cinco lo hacen en más de la mitad de su territorio: San Carlos (59,82%) y Molinos (57,79%) en Salta, General Lamadrid en La Rioja (56,70%), Lacar en Neuquén (54,17%) y Campana en Buenos Aires (50,27%). El senador kirchnerista Pablo Bensusán lo resumió con el caso de su provincia en declaraciones a La Voz: La Pampa tiene solo 2,42% de extranjerización, pero «el problema no es cuánto territorio está comprometido hoy, sino qué puede pasar si se eliminan los límites y controles» en un distrito donde la disputa por el agua es histórica.
No es la primera vez que el Gobierno intenta este cambio: Javier Milei había buscado derogar directamente la ley 26.737 a través del DNU 70/23, pero una presentación judicial del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas lo frenó. El caso llegó a la Cámara Federal de La Plata, que ratificó la cautelar, y hoy espera una definición de la Corte Suprema. Mientras tanto, la ley vigente sigue rigiendo, lo que empujó al oficialismo a trasladar la pelea al Congreso.
Desalojos exprés y tierras quemadas habilitadas
El proyecto no se agota en la tierra rural. También modifica el Código Procesal Civil y Comercial para acelerar los desalojos: habilita a cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo sobre un inmueble a pedir la restitución inmediata, y si el juez considera en una evaluación preliminar que el planteo es verosímil, puede ordenar la entrega sin esperar la sentencia definitiva del proceso. La única salvedad, lograda tras las negociaciones, alcanza a los hogares con niños, personas con discapacidad o adultos mayores sin alternativa habitacional, que tendrán diez días para buscar dónde mudarse.
Sobre el régimen de manejo del fuego, la reforma elimina las restricciones que impedían modificar el uso de los suelos incendiados durante 30 años, una herramienta que había impulsado el diputado Máximo Kirchner para desalentar los incendios como mecanismo de valorización inmobiliaria o de expansión de la frontera agropecuaria. Con el cambio, se podrán desarrollar emprendimientos inmobiliarios o actividades agropecuarias sobre tierras arrasadas por el fuego sin ese período de espera.
En materia de expropiaciones, el texto restringe el concepto de «utilidad pública», eleva el umbral para que el Estado pueda expropiar y obliga a indemnizar no solo el valor de la propiedad sino también el lucro cesante que el propietario logre demostrar. La toma de posesión del Estado solo podrá concretarse una vez pagada la totalidad de la indemnización, y las ocupaciones temporarias quedan limitadas a un máximo de 90 días. El capítulo que modificaba el RENABAP, otro de los puntos más resistidos por los aliados, fue eliminado en una de las primeras versiones del texto.
El rechazo, de la CGT a la Iglesia
La central obrera y la Iglesia se sumaron hace más de una semana al rechazo del proyecto, en particular al capítulo de extranjerización. «Sin soberanía sobre nuestros recursos no hay independencia económica», planteó la CGT en un comunicado, con una mención directa al empresario Peter Thiel y al caso del británico Joe Lewis en Lago Escondido. En la misma línea, la Pastoral Social, Cáritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigena advirtieron que el proyecto «atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes», con un pedido directo a los senadores para que «guíen sus opciones por el bien común» antes que por «intereses particulares».
En el Senado, el bloque Convicción Federal, aliado ocasional del oficialismo, presentó un dictamen de minoría que mantiene los límites vigentes de la ley 26.737 e incorpora la figura de «Zonas de Interés Estratégico» para proteger tierras en zonas de frontera y riesgo ecológico. «No existe país en el mundo que flexibilice de esta manera la venta de tierras a extranjeros», fundamentó su autora, la jujeña Carolina Moisés. Desde Unión por la Patria, el senador Eduardo «Wado» de Pedro fue más allá: «La única explicación para esto es algún negocio inconfesable de Milei con megamillonarios, fondos especulativos o potencias extranjeras», planteó a Página/12, y agregó que no es casual que el oficialismo busque tratarlo «en medio del Mundial», cuando «la sociedad está mirando para otro lado».
Con la votación todavía incierta y el texto final sujeto a lo que se negocie sobre la marcha en el recinto, Patricia Bullrich asumió personalmente el riesgo de cerrar los últimos detalles en plena sesión. Si el peronismo logra el voto que le falta, el capítulo más resistido de la ley podría caerse aun cuando el resto del proyecto avance hacia Diputados.
JD/CM
