Siguiendo con la estrategia de intentar fingir normalidad, este viernes la mesa política del gobierno volvió a reunirse para cerrar filas de cara a los próximos pasos de una gestión que sigue sin arrancar pese a los esfuerzos. Durante más de dos horas, el círculo íntimo de Javier Milei apuntó a reordenar la lista de prioridades y ajustaron la lista de tareas que incluirá la presentación de un nuevo paquete de leyes en el Congreso, con el que buscarán avanzar a un nuevo estadío del gobierno en las próximas semanas.
El encuentro comenzó puntual a las 11 de la mañana en el despacho que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, ocupa en la planta baja de la Casa Rosada. Del cónclave, que se extendió por casi dos horas, participaron la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el armador nacional de LLA, Eduardo “Lule” Menem y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
Entre los principales temas de conversación, la discusión sobre cómo tratar el envío del nuevo Código Penal tuvo un rol central. En el oficialismo existen dos posturas diametralmente opuestas sobre la puesta en marcha de este proyecto que, a su vez, se extrapola a otros campos del ámbito jurídico como lo es el vínculo con la Corte Suprema de Justicia.
En este marco, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien desde su llegada apuntó a reescribir a su gusto el proyecto que el caputista Sebastián Amerio tenía confeccionado desde meses atrás. El hijo del renovado titular de la Cámara de Casación apuntó a deshacer todo lo trabajado por sus antecesores y desde entonces busca convencer a los hermanos presidenciales de tratar la renovación del código por partes y no en un único proyecto. Incluso dentro del gobierno, no es claro el rumbo de esta estrategia. Pero no son pocos que advierten que el abogado buscará utilizar estas modificaciones como moneda de cambio en las negociaciones que en silencio mantiene con parte de la familia judicial para completar las vacantes vigentes en los tribunales federales.
En total contraposición, el lado caputista del oficialismo entiende que el código debe tratarse completo dentro del Congreso para evitar pasar por la conflictiva circunstancia de recolección de votos. “Tratar todo junto siempre es más fácil que por separado”, dijo una voz autorizada del oficialismo que también reconoció que con esta estrategia es más sencillo dejar pasar las modificaciones que podrían generar conflictos más amplios.
Esta ala del oficialismo, en tanto, logró hacerse del apoyo de un sector importante del círculo rojo judicial. La semana pasada, en total hermetismo, el juez Mariano Borinsky se reunió en Casa Rosada con Santiago Caputo en su despacho. El magistrado, a quien las versiones lo apuntan tanto como posible candidato a ocupar un lugar en la Corte Suprema como posible reemplazo de Eduardo Casal en la procuración, acercó varios punteos al asesor presidencial para que se tengan en cuenta en la formulación final del proyecto, al tiempo que subrayó como estrictamente necesario que el mismo se trate de manera conjunta y no por partes. Por ahora, la decisión final no está tomada, pero se espera que las definiciones lleguen en las próximas horas.
Siguiendo en el terreno judicial, en las últimas horas el gobierno presentó un recurso de per saltum para conseguir que la Corte Suprema de Justicia levante la suspensión de la Reforma Laboral que el juez Raúl Horacio Ojeda, titular del juzgado Nacional del Trabajo N° 63, dispuso luego de dar lugar a la medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT). La decisión de utilizar esta estrategia y no seguir por el “camino largo” fue tomada en conjunto por el ahora procurador del Tesoro, Amerio, en conjunto con el apoyo de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.
En el escrito presentado en las últimas horas, el oficialismo solicita “una resolución pronta y expedita para restaurar de forma inmediata la plena vigencia de la Ley 27.802 a fin de salvaguardar restaurar la seguridad jurídica afectada por un juez nacional que se arrogó la facultad que no posee de suspender una ley”. Según especificaron fuentes al tanto del conflicto, en el gobierno confían en que el máximo tribunal se expedirá en el corto plazo a favor del gobierno, deseo amparado en los últimos movimientos y guiños que tuvo la Corte para con la gestión libertaria.
Como sea, la mesa política del oficialismo continuará manteniendo sus reuniones semanales para recuperar la centralidad de una agenda mediática que desde hace más de un mes sólo tiene al jefe de gabinete como protagonista. La duda que resurge por estas horas, en tanto, es si podrán hacerlo demostrando gestión y no exponiendo su incapacidad de convivencia en la vía pública.
TS/CM
