El asesinato de David Elías Ojeda Vázquez, un joven de 23 años que fue atacado por motochorros en José C. Paz, volvió a poner en tensión la relación entre el gobierno de Axel Kicillof y el espacio que conduce el senador bonaerense Mario Ishii. Tras el crimen, la administración municipal exigió al gobernador que refuerce la seguridad en toda la Provincia y, en particular, en ese distrito del Conurbano.
El planteo fue formalizado por la intendenta interina Lorena Espina y el director general de Seguridad municipal, Miguel Narváez, quienes en un comunicado expresaron el “profundo pesar” de la comuna por el fallecimiento del joven y reclamaron que se adopten “acciones inmediatas”.
“Exigimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reforzar la seguridad en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y en especial en nuestro distrito”, señalaron en el comunicado.
El municipio puso además el foco en los recursos que, según afirmó, destina para sostener el esquema de prevención y el funcionamiento de la Policía Bonaerense. En ese sentido, aseguró que cuenta con más de 250 efectivos, 70 móviles de la Patrulla Urbana Municipal y un sistema de monitoreo de cámaras a través del Centro de Operaciones Municipal (COM), además de realizar operativos diarios con móviles municipales, personal de Tránsito y efectivos policiales.

Pero el punto central del reclamo aparece en el financiamiento. La administración paceña sostuvo que también provee combustible a los móviles de la Policía Bonaerense y se ocupa de reparar esos vehículos para sostener su funcionamiento. A partir de ese planteo, reclamó que la Provincia asuma la responsabilidad sobre la seguridad.
“La seguridad requiere de acciones inmediatas y es el gobierno de la provincia de Buenos Aires quien debe asumir la total y completa responsabilidad, garantizando la misma para todos los vecinos y vecinas de José C. Paz”, señalaron Espina y Narváez.
El reclamo no es aislado. El senador de Fuerza Patria, intendente en uso de licencia y principal referente político de José C. Paz, presentó meses atrás un proyecto para que la administración bonaerense asuma de manera integral los gastos de mantenimiento, reparación, combustible, seguros y demás costos operativos de los patrulleros de la Policía Bonaerense.

En aquella iniciativa, Ishii sostuvo que si la seguridad pública constituye una responsabilidad provincial, también debe serlo el financiamiento de los medios materiales necesarios para garantizarla. Su planteo apuntaba, justamente, a evitar que los municipios deban cubrir con recursos propios los gastos de funcionamiento de una fuerza que depende de la Provincia.
La seguridad se suma así a una serie de diferencias que Ishii viene exponiendo públicamente con Kicillof desde su llegada a la Cámara alta. El senador también impulsó proyectos para declarar las emergencias sanitaria y alimentaria en la Provincia y cuestionó las políticas del Ejecutivo bonaerense. Más recientemente, además, no acompañó con su voto en la comisión de Salud los proyectos impulsados por el gobernador para crear el Sistema Integrado de Salud y una empresa bonaerense de medicamentos.
El nuevo reclamo de José C. Paz aparece, de este modo, como otro capítulo de ese posicionamiento: esta vez, a partir de un crimen ocurrido en el distrito y con un pedido explícito para que Kicillof refuerce la seguridad y asuma el financiamiento de los recursos necesarios para sostenerla.
MES/CM









