El Gobierno de Javier Milei tuvo durante meses una respuesta sencilla frente al creciente endeudamiento de los argentinos. No es un problema del Estado. Mientras aumentaban las dificultades de las familias para pagar tarjetas, préstamos y créditos tomados a través de bancos y billeteras virtuales, el oficialismo sostuvo que se trataba de una relación entre privados y rechazó la necesidad de una intervención estatal.
Pero el problema adquirió una dimensión demasiado grande para seguir tratándolo como una cuestión individual. Tal es así que la morosidad llegó al Congreso el pasado miércoles, donde la oposición consiguió los votos necesarios para avanzar con proyectos que buscan neutralizar el nuevo fenómeno económico del país.
Primero fue un problema privado, después llegaron los números
La evolución de la morosidad comenzó a mostrar una realidad difícil de compatibilizar con el relato oficial. A fines de 2023, cuando Milei asumió la Presidencia, el 17,5% del monto del crédito personal ya se encuentra actualmente en situación irregular, frente al 4,2% registrado entonces. El crédito a personas físicas alcanza los $97,1 billones, según un estudio de la Universidad Austral y Eco Go elaborado con información del Banco Central (BCRA).
La dimensión del fenómeno aparece todavía con mayor claridad en la Central de Deudores. En junio había 20,96 millones de personas con algún tipo de deuda, mientras que 5,91 millones se encontraban en situación de mora. Es decir, casi tres de cada diez deudores tenían algún incumplimiento registrado.
El deterioro tampoco se distribuye de manera uniforme. El BCRA informó que la irregularidad de las financiaciones a las familias alcanzó el 12,8% en junio, frente al 3,5% de las empresas. Dentro del crédito familiar, los préstamos personales llegaron al 15,9% de mora y las tarjetas de crédito al 13,1%.
La situación es todavía más extrema fuera del sistema bancario tradicional. La mora de las familias con billeteras virtuales pasó del 7,3% en noviembre de 2024 al 30,1% en junio de 2026, por encima incluso del máximo registrado durante la pandemia. De los 5,91 millones de morosos, 2,90 millones tienen incumplimientos exclusivamente con billeteras virtuales.
Hay otro dato que resulta difícil de encajar con la idea de que se trata simplemente de decisiones individuales. En abril, según el propio BCRA, los servicios de deuda de las familias representaron el 24,1% de la masa salarial formal, cuando dos años antes representaban menos del 9%.
La pregunta entonces cambia. Ya no es solamente por qué algunas personas dejaron de pagar. Es qué está ocurriendo cuando casi un cuarto de la masa salarial formal queda comprometida en el pago de deudas.
El Gobierno puede mostrar una inflación más baja que la de 2023, equilibrio fiscal y recuperación del crédito. Pero esos indicadores conviven con millones de personas endeudadas, una mora en niveles históricamente elevados y familias que destinan una porción cada vez mayor de sus ingresos a sostener compromisos financieros.
La expansión del crédito, presentada como una señal de normalización, también muestra su otra cara. Las entidades no bancarias representan apenas el 14,1% del crédito familiar, pero concentran el 31% del monto que cayó en mora.
El propio Gobierno empezó a admitir que el problema existe
Milei había cuestionado a quienes plantean una respuesta estatal y preguntó “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?”. El Presidente sostuvo que la refinanciación debía resolverse entre privados y que el Gobierno ya fomentaba que los bancos renegociaran las deudas.
Caputo utilizó el mismo argumento. En agosto sostuvo que era un “tema entre privados” y que el Estado no tenía demasiado para hacer frente a la situación. Días después, sin embargo, reconoció que algunas tasas eran abusivas y destacó que los bancos estaban ofreciendo refinanciaciones a sus clientes.
El ministro terminó sintetizando la posición oficial con otra frase. “No hay que confundir la empatía con las políticas públicas”, dijo, al explicar por qué el Gobierno no utilizaría recursos estatales para asistir a los deudores.
El argumento tiene una dificultad evidente. Si la solución es exclusivamente privada, el Estado no debería tener demasiado que decir sobre cómo deben resolverlo los bancos. Sin embargo, el propio Gobierno reconoce que sigue la evolución de la mora, conversa con las entidades, promueve refinanciaciones y espera que la caída de las tasas permita revertir el deterioro.
La contradicción no está necesariamente en que el Estado no rescate a los deudores. Está en algo más básico. La morosidad dejó de ser un fenómeno marginal y pasó a convertirse en un problema que afecta al funcionamiento del crédito, al consumo y a la capacidad de pago de millones de hogares.
La fisura llegó al Congreso
La discusión terminó de cambiar de escala esta semana. Este 9 de septiembre, la oposición consiguió reunir 135 diputados y abrió una sesión especial que el oficialismo había intentado evitar. La Cámara aprobó por 249 votos contra uno el emplazamiento de las comisiones para que comiencen a tratar los proyectos vinculados con el endeudamiento familiar.
Lo que cambió respecto de los días previos fue la conducta de La Libertad Avanza. Después de resistir la sesión con la apertura de comisiones y la promesa de un cronograma propio, el bloque que conduce Gabriel Bornoroni dio un giro sobre la hora: esperó al lado de su silla sin dar quórum al igual que el PRO, pero bajó al recinto y terminó votando a favor de un esquema de trabajo casi idéntico al que había ofrecido la oposición desde un principio.
Los cerca de 50 proyectos sobre endeudamiento familiar quedarán repartidos entre Finanzas y Defensa del Consumidor, sin pasar por Presupuesto, tal como pretendía el oficialismo. Entre las iniciativas hay planes de refinanciación y quita de intereses, límites a las tasas, mayores controles sobre bancos y fintech, regulación de las prácticas de cobranza y protección de las cuentas sueldo frente a embargos. El cronograma prevé reuniones informativas durante septiembre y dictamen el 29.
Durante meses, el Gobierno sostuvo que la morosidad debía resolverse entre deudores y acreedores. Ahora, el Congreso incorporó formalmente el problema a su agenda. Y allí aparece una nueva fisura en el relato económico oficial. La inflación puede bajar. El déficit puede desaparecer. El crédito puede crecer. Pero ninguno de esos indicadores alcanza por sí solo para explicar qué ocurre cuando 5,91 millones de personas tienen problemas para pagar sus deudas y las familias destinan casi un cuarto de la masa salarial formal a los servicios de deuda.
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