El precio de los combustibles acumuló un aumento del 558% desde diciembre de 2023, cuando el Gobierno de Javier Milei devaluó el peso un 54% y avanzó con la desregulación del mercado. En ese período, el litro de nafta súper pasó de alrededor de $ 311 a superar los $ 2.000, mientras que los salarios privados aumentaron 311%, según un informe de la Fundación Encuentro elaborado a partir de datos oficiales y de la presentación de resultados de YPF correspondiente al segundo trimestre de 2026.
La diferencia entre el precio de la nafta y los ingresos se vuelve todavía más evidente al trasladar los números al tanque. Un salario privado promedio pasó de poder comprar 26,3 tanques de 50 litros en diciembre de 2023 a apenas 16,4 en la actualidad, lo que implica una pérdida del 38% en la capacidad de compra de combustible. Mientras el Gobierno reivindica la estabilización de las cuentas fiscales y los resultados de las empresas energéticas, el costo de llenar un tanque ya supera los $ 100 mil.
El informe de Encuentro apunta directamente a la política aplicada por la administración de Milei y cuestiona que la Argentina cobre a los consumidores un precio asociado a los valores internacionales pese a haber incrementado fuertemente su producción de petróleo. Vaca Muerta aumentó su producción 47% interanual y las refinerías trabajan cerca del límite de su capacidad, pero ese salto productivo no se refleja en una reducción del precio que pagan los argentinos. La paradoja, según el documento, es que el país produce cada vez más crudo propio, pero el consumidor continúa enfrentando un esquema de precios similar al de un país importador.
La situación resulta todavía más difícil de justificar si se observa la evolución del sector externo. De acuerdo con los datos recopilados por la fundación, en abril de 2026 las exportaciones de combustibles y energía aumentaron 85,9% interanual, mientras que las importaciones de combustibles cayeron 45,4%. Es decir, la Argentina necesita importar cada vez menos energía mientras incrementa sus exportaciones, pero el beneficio de esa mayor producción no aparece en el surtidor. La política oficial prioriza así la señal de precios para las empresas y la generación de divisas, mientras el costo recae sobre quienes necesitan combustible para trabajar, trasladarse o producir.
El problema tampoco termina en quienes tienen un auto. La Fundación Encuentro estima que el costo de los combustibles puede explicar hasta 2,5 puntos porcentuales de la inflación anual, debido a su impacto sobre el transporte, la logística y la distribución. Cuando aumenta el gasoil, sube el costo de trasladar alimentos y mercaderías; cuando aumenta la nafta, también se encarece la movilidad cotidiana. De esta manera, el incremento de los combustibles funciona como un mecanismo que termina trasladándose a buena parte de los precios que pagan los hogares.
El deterioro del poder adquisitivo se produce, además, en un contexto en el que los salarios todavía no recuperaron completamente los niveles previos al inicio de la gestión. La propia Fundación Encuentro había señalado en su informe mensual de julio que los salarios reales registrados habían aumentado 0,8% en abril, pero permanecían 8,4% por debajo de noviembre de 2023, mientras que en el sector público la caída llegaba al 17,2%. Con ingresos que avanzan por debajo de los combustibles, el ajuste termina expresándose en menos consumo y en una mayor proporción del salario destinada a gastos básicos.
A la pérdida de poder de compra se suma otro de los cuestionamientos centrales del informe: los impuestos incluidos en cada carga de combustible que tienen como destino legal la construcción y el mantenimiento de rutas. El gobierno de Javier Milei logró recaudar en dos años y medio más de $ 1,5 billones mediante el Sistema Vial Integrado (SisVial), un subsistema dentro de un fideicomiso creado por el decreto 976/01 para destinar parte del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) únicamente al financiamiento de obras viales.
Sin embargo, solo se aplicó una cuarta parte de ese monto para la construcción y mantenimiento de rutas, mientras que más de $ 1 billón fue a parar a inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos, según reveló La Nación. Encuentro explicó que durante los últimos dos años y medio quedó sin ejecutar una cantidad de recursos con la que se podrían haber mejorado entre 20.000 y 25.000 kilómetros de rutas, casi dos tercios de toda la red vial nacional.
El contraste que plantea la Fundación Encuentro es especialmente crítico con la narrativa oficial sobre los resultados económicos. «Los balances récord y el superávit se celebran arriba. Los paga, litro a litro, el bolsillo de los argentinos, y ni siquiera vuelve en asfalto», dice el estudio, que sostiene que la política de combustibles termina alimentando simultáneamente las cuentas fiscales y los balances empresariales, sin que esa mejora se traduzca necesariamente en un beneficio equivalente para los consumidores.
El debate, por lo tanto, no se reduce a cuánto cuesta llenar el tanque. La discusión de fondo es qué precio debe pagar un país productor de petróleo por el combustible que utiliza su propia población y cómo se distribuyen los beneficios de Vaca Muerta. Encuentro reclama transparencia sobre la forma en que se determina el precio interno, que los impuestos destinados a rutas efectivamente se ejecuten en infraestructura y que el superávit fiscal no se sostenga mediante la pérdida de poder adquisitivo.
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