La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevas medidas y apunta ahora al circuito de dinero detrás de sus propiedades. El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar al contratista que refaccionó su casa en el country Indio Cuá y ordenó una batería de medidas para reconstruir quién pagó las obras, cómo se financiaron y qué rol tuvo el funcionario en esas decisiones.
El avance judicial incluye pedidos de documentación, análisis de comunicaciones privadas y la citación de testigos vinculados a operaciones inmobiliarias clave en el patrimonio del funcionario.
El contratista, los chats y la ruta del dinero
Según reconstruyeron en Infobae, el foco inmediato de la fiscalía está puesto en las remodelaciones realizadas en la vivienda ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. En ese marco, Pollicita citó a declarar para el 24 de abril a Matías Tabar, titular de la firma Grupo AA y responsable de la obra.
La citación no se limita a una testimonial. El fiscal le exigió que aporte documentación exhaustiva: presupuestos, contratos, órdenes de trabajo, facturas y comprobantes de pago, además del detalle de los medios utilizados —efectivo, transferencias, cheques o cualquier otra modalidad—, tal como consignó TN.
Pero el punto más sensible es otro. La Justicia también requirió el acceso a sus comunicaciones: chats de WhatsApp, correos electrónicos y cualquier intercambio con Adorni o su esposa, Bettina Angeletti. El objetivo es identificar quién daba las órdenes, cómo se negociaban los precios y quién financiaba las mejoras.
El requerimiento incluye además planos, renders, fotografías de la obra, listado de trabajadores, proveedores y toda la trazabilidad de los materiales utilizados, en un intento de reconstruir de manera integral el circuito económico detrás de la construcción.
Expensas, dólares y el country en la mira
En paralelo, la fiscalía avanzó sobre la administración del country. Pollicita solicitó información sobre el pago de la tasa de ingreso de 5.000 dólares correspondiente al lote 380, abonada a fines de noviembre de 2024, y exigió identificar al responsable del desembolso.
También pidió un detalle completo de las expensas del inmueble: montos, fechas, posibles deudas y modalidades de pago. En caso de operaciones en efectivo, el requerimiento incluye la identificación del origen de los fondos y la documentación respaldatoria.
El trasfondo de estas medidas es la sospecha de que el nivel de gastos —tanto de obra como de mantenimiento en un country con servicios de alto estándar— podría no ser compatible con los ingresos declarados por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción.
El departamento en Caballito, las jubiladas y los celulares bajo peritaje
El avance sobre la casa en el country se combina con otra línea de investigación: la compra de un departamento en Caballito valuado en 230 mil dólares. La operación quedó bajo análisis por su estructura de financiamiento.
Solo 30 mil dólares se pagaron al momento de la escritura y los 200 mil restantes se financiaron mediante una hipoteca privada sin interés otorgada por las propias vendedoras, dos jubiladas que ahora fueron citadas a declarar.
La fiscalía dispuso que tanto ellas como otros involucrados —incluidos familiares y el vendedor del lote en el country— se presenten con documentación patrimonial y permitan el peritaje de sus teléfonos celulares. El análisis abarca chats, audios, correos electrónicos, registros de llamadas y cualquier archivo digital vinculado a las operaciones.
Además, deberán aportar sus declaraciones juradas ante ARCA de los últimos años para acreditar el origen de los fondos utilizados.
Una causa que escala y suma inconsistencias
El expediente, que tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, busca reconstruir la evolución patrimonial de Adorni y verificar la consistencia de sus declaraciones.
Uno de los datos incorporados a la causa es que la propiedad del country aún no fue escriturada a nombre de su esposa, pese a que las expensas figuran a su nombre. El inmueble seguiría registrado a nombre de su anterior propietario, lo que sumó interrogantes en la investigación.
La causa se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien señaló inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario, incluyendo un incremento patrimonial significativo y posibles omisiones de bienes.
Con este nuevo paquete de medidas, la fiscalía apunta a un objetivo central: determinar el origen real de los fondos. Si de la documentación o las comunicaciones surgen pagos no declarados o circuitos informales, el caso podría escalar hacia figuras penales más graves.
Por ahora, mientras el funcionario no fue citado a declarar, proveedores, testigos y acreedores comienzan a pasar por Comodoro Py con sus documentos —y sus teléfonos— bajo la lupa judicial.
