El oficialismo buscará este martes desde las 16, en el Anexo C de la Cámara de Diputados, su dictamen del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, la llamada Ley Malvinas. Después de cuatro plenarios de comisiones sin lograr las firmas, llega con un texto reformulado, pero todavía sin tener asegurada la mayoría. Desde el interbloque Fuerzas del Cambio (PRO y UCR) dijeron a La Pluma que persisten diferencias en torno a una serie de artículos que la Casa Rosada se resiste a modificar o eliminar, y que eso podría desembocar en una nueva postergación.
La reunión de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, además, no está confirmada del todo. Una posibilidad que circula es que podría modificarse porque a La Libertad Avanza le cuesta reunir las firmas. Si no alcanza, el presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata, tendría que convocar a un nuevo encuentro, lo que significaría otra pérdida de impulso para una iniciativa que Javier Milei anunció en cadena nacional y que desde entonces no logró avanzar.
Desde LLA sostuvieron a este medio que van a intentarlo una vez más, y reconocen que el calendario acotado podría traerle complicaciones al proyecto si no se dictamina mañana. El impulsor de la ley, Santiago Caputo, cree que la estrategia del oficialismo debería ser de sacar el proyecto cuanto antes para no mostrarse condicionados por las presiones de Donald Trump. Sin embargo, el asesor principal del gobierno choca con la mirada de Martín Menem, que pone el ojo prioritario en la Reforma Electoral y el Presupuesto.
Desde lo discursivo, el Presidente ya casi no aparece mencionando su proyecto, luego del mensaje que envió Trump, preocupado por empresas norteamericanas que podrían ser sancionadas, y la coincidencia con el pedido en la ONU de Estados Unidos para eliminar el Comité Especial de Descolonización, donde la Argentina reclama al Reino Unido por las Malvinas.
Desde Fuerzas del Cambio se muestran escépticos sobre la posibilidad de firmar el martes, aunque estarían dispuestos a acompañar en disidencia. Hasta ahora, la única garantía concreta que tienen los bloques dialoguistas es la modificación del artículo 111, y el pedido del MID de Oscar Zago y Eduardo Falcone, para que pase por el Congreso la decisión de entrar en un conflicto bélico. Las otras propuestas de los aliados, en cambio, siguen sin respuesta.
Qué cambió después de la visita de Landau
El giro más importante llegó desde Washington. Durante su visita a Buenos Aires, el vicecanciller estadounidense Christopher Landau dijo, delante del canciller Pablo Quirno, que su gobierno estaba «viendo los intereses de nuestras empresas». Agregó que «es natural que cualquier país se preocupe por eso», pero aclaró que respetan «el proceso legislativo de la gran nación Argentina». Quirno, que había salido a desmentir una nota de Clarín que anticipaba la preocupación, admitió en la misma conferencia que hoy existe una ley que el Gobierno considera que «tiene que ser mejorada».
El reclamo ya había sido transmitido a funcionarios libertarios por el embajador Peter Lamelas, con la advertencia de que empresas norteamericanas podían dejar de invertir en el país. El motivo estaba en el primer capítulo del proyecto, que no solo sanciona a Rockhopper (británica) y Navitas (israelí), las socias del proyecto Sea Lion en aguas de Malvinas, sino también a las compañías asociadas a ellas en otros emprendimientos.
Con los cambios, las sanciones por negocios ilegales quedarían limitadas a las operadoras directas, las licenciatarias, sus proveedores y los accionistas directos de los proyectos. Quedan afuera los fondos de inversión indirectos que tengan alguna participación en las explotadoras.
La concesión convive con otro dato incómodo para el Gobierno. El kirchnerismo pide ser incluso más duro con las empresas, y varios diputados de Unión por la Patria describieron el artículo 5 como un «blanqueo» o un «escape» para que las compañías se retiren de Malvinas y se muden a la Argentina. «Nos gustaría ser más duros con esas empresas», dijo a PERFIL un legislador del PJ. A Estados Unidos le preocupa, justamente, que el único punto de diagnóstico compartido entre LLA y el peronismo sean los primeros 40 artículos, los de las sanciones.
El proyecto, que reemplaza la ley 26.659, prevé penas de hasta 20 años de prisión por la explotación de recursos naturales en Malvinas y los espacios marítimos circundantes, un registro público de infractores con prohibición de contratar con ellos y juicio en ausencia.
El Consejo de Seguridad Nacional: bicameral y nuevos miembros
Los otros cambios apuntan al Consejo de Seguridad Nacional, el organismo que el proyecto crea para coordinar la estrategia de defensa, inteligencia y seguridad interior, que presidiría el jefe de Estado. Tendría además la facultad de controlar, aceptar o rechazar las inversiones impulsadas por Estados extranjeros y por empresas con capitales de ese origen en sectores como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales.
Para asegurarse a los aliados, el Gobierno aceptó crear una Comisión Bicameral de Seguimiento con facultades de auditar las decisiones del Consejo, como ocurre con la bicameral que controla a la SIDE. La oferta había sido planteada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, en la tercera reunión del plenario. Según el cambio, el Ejecutivo tendría que informarle a la bicameral, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte el Consejo.
También se sumaría el Ministerio de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva, como miembro permanente, y se precisarían las competencias de la Prefectura Naval y del Comando Conjunto Marítimo, aunque sin fijar una regla de intervención primaria y subsidiaria. Las Fuerzas Armadas intervendrían en la protección de infraestructuras críticas solo cuando esté amenazada la defensa nacional, un punto que sigue generando reparos por la superposición con las fuerzas de seguridad.
Donde todavía no hay acuerdo es en la presencia del Congreso dentro del Consejo. Silvana Giudici, de la mesa parlamentaria libertaria, ratificó a PERFIL que no está en discusión eliminarlo, como plantea el bloque peronista, pero adelantó que buscarán un mecanismo para darle lugar al Parlamento. Martín Menem empuja darle dos lugares, uno al presidente de la Cámara de Diputados y otro al provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Hasta el momento, ese pedido también impulsado por aliados no fue aceptado.
Las críticas de fondo siguen en pie. En el texto original, el Consejo estaría integrado solo por funcionarios del Ejecutivo y podría investigar, sancionar y disponer restricciones económicas urgentes, como limitar operaciones cambiarias y bloquear fondos, además de autorizar el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso. Especialistas en defensa advirtieron que eso habilitaría decisiones discrecionales y sanciones «sin control real». La oposición pidió que fueran a explicarlo el canciller Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, pero el Gobierno solo envió a Ibarzábal Murphy.
El artículo 111 y un calendario cargado
El punto más sensible sigue siendo el artículo 111, que prevé penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública con campañas coordinadas de desinformación masiva. La nueva redacción excluiría de manera expresa al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.
Unión por la Patria y legisladores de Provincias Unidas, por su parte, insisten en dividir el proyecto en dos: las disposiciones de Malvinas y soberanía por un lado, y por otro las reformas a los sistemas de inteligencia, defensa, seguridad interior, infraestructura crítica y los delitos de desinformación. El oficialismo defiende tratarlos juntos, bajo el expediente 0010-PE-2026.
Aun si el martes hubiera dictamen, el camino hacia el recinto no está despejado. El proyecto podría quedar desplazado por temas que el Gobierno prioriza, como el Presupuesto 2027, y en menor medida la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. A eso se suman los feriados por la visita del Papa, el 9 de noviembre (nacional), el 10 (Ciudad y Córdoba) y el 11 (provincia de Buenos Aires), y las elecciones de medio término en Estados Unidos del 3 de noviembre, a las que se especula que viajará una comitiva de diputados de La Libertad Avanza para apoyar a los candidatos republicanos.
JD/CM
