La defensa de Cristina Fernández de Kirchner ya presentó la comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que denuncia que el Estado argentino violó garantías fundamentales durante el proceso de la denominada «Causa Vialidad». El planteo busca que el organismo internacional revise el caso y, como medida cautelar, suspenda la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos mientras analiza el fondo de la cuestión. De resultar favorable, podría presentarse a las elecciones de 2027.
En conferencia de prensa, los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego sostuvieron que la condena vulneró derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y afirmaron que el proceso tuvo como objetivo impedir una futura candidatura de la expresidenta.
El escrito presentado ante la ONU denuncia presuntas violaciones a diversos artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre ellas, la defensa sostiene que se afectó el derecho de Cristina Kirchner a ser elegida para cargos públicos mediante una inhabilitación perpetua que considera incompatible con los estándares internacionales.
Asimismo, plantea que no existió un juicio justo porque se atribuyó a la exmandataria responsabilidad sobre actos administrativos que, según la defensa, correspondían a la Dirección Nacional de Vialidad y no a la Presidencia de la Nación. En ese sentido, Beraldi afirmó que «a ella no la condenaron por las obras ni por sobreprecios, sino por haber firmado un decreto que continúa vigente», y aseguró que el delito imputado «era jurídicamente imposible de cometer» por quien no administraba ese organismo.
Los abogados también denunciaron la falta de imparcialidad del tribunal, cuestionaron la integración de los órganos judiciales que intervinieron en la causa, señalaron supuestos casos de «forum shopping» y sostuvieron que existieron vínculos entre jueces, fiscales y dirigentes políticos que comprometieron la independencia del proceso.
Otro de los puntos centrales del planteo es la ausencia de una revisión judicial efectiva de la condena. Según la presentación, ni la Cámara Federal de Casación Penal ni la Corte Suprema respondieron adecuadamente los agravios planteados por la defensa.
Mientras el Comité analiza la comunicación, la defensa solicitó una serie de medidas cautelares. La principal consiste en suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al considerar que podría ocasionar un perjuicio irreparable sobre los derechos políticos de la expresidenta.
También pidieron revisar las condiciones de la prisión domiciliaria, incluyendo el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación de restricciones para recibir visitas, un mayor acceso al aire libre y un trato equivalente al otorgado a otras personas que cumplen prisión domiciliaria.
Además, solicitaron que el Comité inste al Estado argentino a restablecer la integración plena de la Corte Suprema de Justicia, argumentando que su actual composición de tres miembros afecta el derecho a un recurso efectivo.
Ante La Pluma el equipo legal de CFK explicó que el Comité puede solicitar información al Estado argentino antes de adoptar una decisión e incluso mantener comunicaciones con las autoridades nacionales durante el trámite del expediente.
El organismo cuenta con antecedentes en los que cuestionó inhabilitaciones políticas perpetuas y, eventualmente, podría ordenar al Estado revisar la condena si concluye que existieron violaciones a los derechos humanos protegidos por el Pacto.
Las decisiones del Comité son vinculantes para Argentina en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el país y con jerarquía constitucional. De todas formas se reconoció que las autoridades argentinas pueden demorar su aplicación.
Uno de los aspectos abordados durante la conferencia fue el alcance de la inhabilitación respecto de una eventual participación electoral.
El abogado Javier Borrego explicó que las elecciones primarias constituyen, en principio, una instancia preparatoria y no la elección directa de un cargo público. Bajo esa interpretación jurídica, sostuvo que podría discutirse la posibilidad de una participación en las PASO mientras se resuelve el planteo internacional. Sin embargo, reconoció que esa situación podría generar controversias políticas y legislativas, especialmente ante iniciativas orientadas a suspender las primarias.
La presentación será evaluada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que podrá requerir informes al Estado argentino antes de pronunciarse sobre la solicitud de medidas cautelares.
De prosperar ese pedido, el organismo podría recomendar la suspensión temporal de la inhabilitación mientras analiza el fondo del caso. La resolución definitiva sobre la comunicación, en cambio, podría demorar varios años.
La estrategia internacional de la defensa busca que el Comité determine si durante el proceso judicial se vulneraron derechos políticos, garantías del debido proceso y el derecho a un recurso judicial efectivo, con el objetivo de que el Estado argentino adopte las medidas necesarias para reparar esas presuntas violaciones.
AL/CM
