Carlos “Coco” Mahiques sorteó este jueves su examen más incómodo en el Senado y dejó encaminada su continuidad por otros cinco años en la Cámara Federal de Casación Penal. En una audiencia pública atravesada por fuertes cruces con el kirchnerismo, cuestionamientos por su desembarco en el fuero federal y reproches por sus vínculos personales y familiares, el juez consiguió el respaldo del oficialismo y sus aliados en la Comisión de Acuerdos, que firmaron el dictamen para habilitar su tratamiento en el recinto.
Ahora, el objetivo de La Libertad Avanza es convertir ese aval en acuerdo del Senado en la sesión que proyecta para el 29 de abril, donde también buscaría avanzar con otros expedientes sensibles. Así, el Gobierno quedó a un paso de sostener en uno de los tribunales penales más poderosos del país al padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
La audiencia mostró dos claros bandos. Por un lado, el oficialismo y sus socios se ordenaron para blindar el pliego. Por otro, el peronismo aprovechó cada intervención para volver sobre todo aquello que, a su entender, vuelve inviable la continuidad del magistrado: el traslado dispuesto durante el macrismo a un cargo para el que no concursó, el viaje a Lago Escondido, el cumpleaños en la quinta de Pilar atribuida al tesorero de la AFA Pablo Toviggino y el nuevo mapa de poder que rodea a su familia.
UxP sigue reclamando lugares en comisiones
Mahiques debía defender su pliego porque en noviembre cumplirá 75 años, el límite que fija la Constitución para el ejercicio de la magistratura, salvo que el Poder Ejecutivo impulse un nuevo nombramiento por cinco años más con aval de la Cámara alta. Eso fue lo que hizo Javier Milei en febrero, antes incluso de que Juan Bautista Mahiques asumiera como ministro de Justicia.
Durante la audiencia, la Comisión de Acuerdos avanzó con el dictamen favorable mientras el juez respondía preguntas. El despacho reunió 14 firmas de los 17 integrantes del cuerpo, con apoyo de La Libertad Avanza, la UCR y bloques aliados.
Ese dato mostró que, aun con ruido público, el Gobierno consiguió ordenar a sus socios en una comisión estratégica. También dejó en evidencia otra novedad: Unión por la Patria volvió a quedar sin capacidad de firmar un rechazo formal porque sigue sin ocupar los lugares que le fueron asignados en la comisión, una disputa que arrastra desde el inicio del período parlamentario.
La discusión por la integración del cuerpo abrió la audiencia y demoró el comienzo de la exposición. Juliana Di Tullio volvió a denunciar que la comisión funciona en una situación “violatoria” del reglamento y advirtió que sus decisiones podrían ser nulas. Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, le respondió con dureza y le reprochó al peronismo no haber cubierto las tres bancas que le fueron reservadas. El cruce marcó desde el inicio el clima de una reunión que el oficialismo quería mostrar como institucional y la oposición buscó cargar de ilegitimidad.
En ese marco, Mahiques eligió una defensa sobria, más técnica que política. Repitió que el objeto de la audiencia no era discutir su nombramiento original sino su continuidad en un cargo que —según recordó— ya había sido convalidado por el Senado en 2018. También reivindicó una trayectoria de más de cinco décadas en el Poder Judicial y sostuvo que no tiene “ningún acto inapropiado, inadecuado, ni ético” que pueda afectar su idoneidad.
Las impugnaciones a Mahiques
El punto más delicado para el juez volvió a ser el mismo que ya había aparecido en las impugnaciones presentadas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP): la legalidad de su llegada a la Cámara Federal de Casación Penal.
Mahiques había sido designado en 2013 en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, tras atravesar el procedimiento constitucional completo. Pero en 2017 fue trasladado por decisión de Mauricio Macri a la Casación federal, el principal tribunal penal del país debajo de la Corte Suprema, y al año siguiente ese movimiento fue avalado por el Senado. La discusión es si ese traslado, a un cargo distinto y en otra jurisdicción, puede hoy servir de base para una renovación.
Las ONG que impugnaron su pliego sostienen que no. Para ellas, se trata de un “nuevo nombramiento” inconstitucional porque Mahiques nunca concursó específicamente para ese cargo federal. En esa línea, el kirchnerismo se apoyó una y otra vez en el antecedente del fallo Bertuzzi, en el que la Corte Suprema sostuvo que los traslados no equivalen a nombramientos permanentes.
Martín Soria fue uno de los más duros. Lo acusó de haber sido trasladado “a dedo” por Macri como parte de una “colonización” del sistema judicial. Anabel Fernández Sagasti retomó la misma objeción y cuestionó que ahora se intente validar por cinco años más una designación que, según esa mirada, nació viciada.
Mahiques rechazó de plano esa lectura. Sostuvo que cuando pidió el traslado regía una doctrina consolidada que consideraba compatibles esos movimientos siempre que hubiera mismo asiento territorial, identidad de materia, igual jerarquía y consentimiento del magistrado. Y subrayó que en su caso intervinieron el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y finalmente el Senado. “No me hago cargo de ninguna de las denuncias e imputaciones a un selecto grupo al que no pertenecí. Serví al Estado donde fui convocado, no por una cuestión ideológica”, dijo.
Lago Escondido y AFA
Si el traslado ordenó la discusión jurídica, Lago Escondido y la trama de relaciones personales empujaron el costado más áspero de la audiencia. El kirchnerismo aprovechó el trámite del pliego para volver a poner sobre la mesa el viaje que Mahiques realizó en 2022 junto a jueces, funcionarios porteños y empresarios a la estancia de Joe Lewis.
Soria y Fernández Sagasti lo acusaron de haber protagonizado un episodio de “falta de ética” y de haber quedado expuesto en vínculos impropios entre magistrados, poder económico y operadores. Mahiques respondió que se trató de “un viaje de amigos camaradas”, que no lo financió ninguna empresa, que no necesitó pedir licencia y que incluso aprovechó esos días para trabajar y participar de actividades académicas. “No dije que fue un viaje de trabajo, dije que yo trabajé”, aclaró.
El juez también recordó que tanto en sede penal como en el Consejo de la Magistratura no se le atribuyó delito ni falta disciplinaria. Bullrich salió a respaldarlo y cuestionó que el peronismo reflotara una causa ya cerrada. Maximiliano Abad, desde la UCR, pidió no convertir el debate en una discusión personal o ideológica. Del otro lado, Mariano Recalde y los senadores de UP insistieron en que el problema no era judicial sino ético y político.
A ese frente se sumó otro tema espinoso: el cumpleaños que, según reveló La Nación, Mahiques celebró en una quinta de Villa Rosa atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Recalde le preguntó directamente por ese episodio y el magistrado contestó que no iba a comentar “trascendidos periodísticos”, aunque enseguida añadió: “Lo que se dice no sucedió”. La escena no fue menor: ese episodio había vuelto a ponerlo en el centro de la discusión pública y lo llevó a renunciar a una subrogancia en una sala que intervenía en expedientes vinculados a esa propiedad.
También hubo reproches por la situación de sus hijos. Fernández Sagasti quiso avanzar sobre posibles incompatibilidades a partir de que Juan Bautista Mahiques conduce el Ministerio de Justicia y de que otro de sus hijos, Esteban, fue designado en esa cartera. Ahí volvió a intervenir Bullrich para frenar el tono del interrogatorio y sostener que se estaba ingresando en un terreno improcedente.
Pese a todo, el oficialismo consiguió lo que había ido a buscar: que la audiencia no descarrilara y que el pliego siguiera vivo. El cierre dejó incluso una imagen llamativa. Según consignó Infobae, terminado el trámite y ya con el dictamen firmado, Mahiques se levantó, saludó afectuosamente a los senadores kirchneristas y hasta cruzó risas con Martín Soria, uno de sus críticos más duros.
JD/CM
