El Gobierno gastó, al menos, 50 millones de pesos cada miércoles para reprimir a un puñado de jubilados y jubiladas que se manifestaron frente al Congreso en 2025 para pedir mejoras en los haberes y la restitución de los medicamentos gratuitos del PAMI. Durante el año pasado, el ministerio de Seguridad -que en ese momento estaba a cargo de Patricia Bullrich– gastó 2.087 millones de pesos en 43 operativos desmedidos, que dejaron más de 500 heridos y un centenar de detenidos.
Cada semana, se usaron 915 agentes de las cuatro fuerzas federales para reprimir a los adultos mayores. Participaron 39.386 efectivos: 7708 de Gendarmería, 24.497 de la Policía Federal, 4776 de la Prefectura Naval y 2179 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. También se sumó el Servicio Penitenciario Federal a la espera de detenidos: estuvo en 32 operativos con 226 agentes.
Los números surgen a raíz de un pedido de acceso a la información pública que hizo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que sostiene que los montos son aún mayores porque el Ministerio de Seguridad no le brindó toda la información solicitada sobre los operativos.
“El cálculo que hacemos es absolutamente conservador, es un piso, porque la información remitida sólo nos permite conocer los datos sobre combustibles para el caso de la Prefectura, la Gendarmería y el Servicio Penitenciario Federal. Hay una variable que llaman de equipos y que no sabemos de qué se trata exactamente para el caso de la Policía Federal”, le explicó a La Pluma Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Violencia Institucional del CELS.
Quedaron afuera otros gastos de la represión como, por ejemplo, cuánto cuesta mover un camión hidrante, disparar balas de goma o rociar en la cara con gas pimienta.Con esos más de 2000 millones de pesos, el gobierno libertario podría haber pagado 5.578 jubilaciones mínimas con el bono de 70.000 pesos incluido.
Para Darraidou estas cifras muestran que “la motosierra no se aplica para la represión” porque ante la demanda de mayores ingresos y en un contexto de recorte, hay dinero para las balas de gomas y los gases lacrimógenos israelíes.“El gobierno considera que las marchas de los y las jubiladas son uno de los problemas centrales de seguridad más significativos para el país. Y muestran que el derecho a protestar no se puede ejercer, sino que es interpretado como un delito al que reprime”, agregó.
Los reprimidos
Lo más llamativo es el despliegue exagerado para un grupo de personas que forman parte del sector más vulnerable de la población y que, por su edad, pueden tener consecuencias graves por la represión. Muchas veces se sumaron otros colectivos como el de personas con discapacidad o los trabajadores del Garrahan, que también padecieron las intimidaciones de las fuerzas de seguridad.
De las 43 protestas por jubilaciones en las que intervinieron fuerzas federales en 2025, al menos 28 fueron reprimidas. Muchos jubilados recibieron golpes y palos, el caso de Beatriz Blanco es uno de los más conocidos porque se viralizó el momento en el que un efectivo la empujó violentamente contra el suelo. El año pasado hubo un total de 149 detenciones arbitrarias y al menos 501 personas heridas por balas de goma, gas pimienta y lacrimógeno, y carros hidrantes.
Hubo manifestaciones muy masivas, como la de los hinchas de fútbol que se sumaron al reclamo de los jubilados donde el saldo fue muy grave. Bullrich y Milei marcaron un récord: mandaron 1266 agentes a la plaza del Congreso. Ese día no solo fue herido de gravedad el fotoreportero Pablo Grillo sino también el hincha de Chacarita, Jonatan Navarro, que perdió un ojo por una bala de goma. Hay cuatro miembros de las fuerzas armadas procesados por hechos represivos y que están en camino a juicio.
El caso de Pablo Grillo
Quince meses después de que el gendarme Héctor Guerrero le disparara en la cabeza durante la manifestación del 12 de marzo de 2025, el fotoreportero Pablo Grillo recibió el alta del Hospital Rocca, donde hacía un tratamiento de día. Después de siete operaciones y meses de internación en el Hospital Ramos Mejía, el joven continuará con la rehabilitación con kinesiólogos de manera ambulatoria. “Gracias infinitas”, escribió su familia para el personal médico, directivo y no médico que lo atendió en su recuperación.
En mayo, la jueza María Servini elevó a juicio oral la causa contra el gendarme, acusado por “lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función” y abuso de armas en el caso de Pablo y otros cinco heridos.
CDB/VDM
