Setenta años después de los fusilamientos de José León Suárez, la Justicia argentina declaró que aquellos crímenes constituyeron delitos de lesa humanidad y estableció la responsabilidad del Estado en la planificación, ejecución y encubrimiento de una de las páginas más oscuras de la historia nacional.
El fallo, dictado por el Juzgado Federal N°2 de San Martín, reconoce oficialmente que los asesinatos perpetrados durante la madrugada del 10 de junio de 1956 fueron parte de una acción ilegal organizada desde las más altas esferas del gobierno de facto encabezado por Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas.
La sentencia llega siete décadas después de los hechos que inspiraron Operación Masacre, la investigación de Rodolfo Walsh que inauguró el periodismo de no ficción en la Argentina. También llega cuando ya no queda ningún responsable directo con vida para responder ante los tribunales. Sin embargo, el fallo reconstruye las responsabilidades políticas y operativas detrás de la matanza y señala particularmente el papel desempeñado por el entonces jefe de la Policía Bonaerense, el teniente coronel retirado Desiderio Fernández Suárez.
Fue Fernández Suárez quien comandó el operativo policial que irrumpió en una vivienda de la localidad de Florida la noche del 9 de junio de 1956. Allí fueron detenidas doce personas, acusadas de participar del levantamiento peronista encabezado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco contra la dictadura de la denominada Revolución Libertadora. Horas más tarde, tras la derrota de la sublevación, los detenidos fueron trasladados a los basurales de José León Suárez. Cinco de ellos fueron asesinados y siete lograron sobrevivir de manera milagrosa.
La historia posterior de Fernández Suárez constituye una paradoja de la historia argentina. Mientras Walsh y la joven periodista Enriqueta Muñiz reunían testimonios y pruebas que demostraban la ilegalidad de los fusilamientos, el jefe policial continuaba defendiendo públicamente su accionar y negando cualquier responsabilidad. Durante años intentó desacreditar las denuncias y sostuvo que la policía había actuado dentro de la ley. Sin embargo, las investigaciones periodísticas y los documentos judiciales terminaron construyendo una verdad histórica que hoy recibe reconocimiento institucional.
La trayectoria de Fernández Suárez estuvo marcada por un profundo antiperonismo. Había participado de la movilización militar que derrocó a Hipólito Yrigoyen en 1930 y llegó a reclamar abiertamente la eliminación física de Juan Domingo Perón durante la crisis política de octubre de 1945. Tras el golpe de 1955 fue reincorporado al Ejército y designado al frente de la Policía Bonaerense, desde donde impulsó una política de persecución contra militantes peronistas y organizaciones sindicales.
Después de los fusilamientos continuó desarrollando actividades empresariales vinculadas a la seguridad privada y murió en abril de 2001 sin haber enfrentado una condena judicial. Su fallecimiento pasó prácticamente inadvertido fuera de los círculos militares. Sin embargo, para los familiares de las víctimas, su nombre siguió representando durante décadas el símbolo de una impunidad que parecía imposible de revertir.
El reciente fallo judicial busca reparar, aunque sea de manera tardía, esa deuda histórica. Además de declarar la responsabilidad estatal, la Justicia ordenó medidas de reparación simbólica: la rehabilitación del honor de las víctimas, la incorporación de los hechos en los programas educativos, la instalación de placas conmemorativas y la creación de un sitio de memoria en el predio donde ocurrieron los fusilamientos.
La resolución también vuelve a colocar en el centro de la escena la figura de Walsh y el valor de una investigación periodística que desafió al poder cuando hacerlo implicaba riesgos personales. Gracias a aquel trabajo fue posible demostrar que los detenidos habían sido capturados antes de la entrada en vigencia de la ley marcial, desmontando la versión oficial de la dictadura.
Setenta años después, la sentencia no sólo reconoce a las víctimas de José León Suárez. También confirma que aquellos crímenes fueron parte de una política represiva impulsada desde el Estado y que la verdad, aunque tarde décadas en abrirse camino, puede terminar imponiéndose sobre el silencio y el encubrimiento.
AL/CM
