En la madrugada del jueves, el presidente Javier Milei dispuso la intervención del Puerto de Ushuaia. El Gobierno Nacional afirma que el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego transfirió fondos a la obra social estatal que estaban contemplados para el mantenimiento de la terminal. La administración provincial dejó entrever que detrás de está decisión se enconden intereses que atañen a los Estados Unidos. El interventor designado por el Ejecutivo es Juan Caballero, un sindicalista ferroviario. A excepción del Tren del fin del mundo, que es turístico, no hay trenes en la isla.
A todo esto, un avión de la Fuerza Aérea norteamericana aterrizó ayer en Ushuaia. Según el diario local Tiempo Fueguino, que levanta información de El Destape, arribó «una comitiva bipartidista de legisladores estadounidenses» para hacer una visita «institucional vinculada al análisis de minerales críticos y otros asuntos considerados estratégicos». La embajada de Estados Unidos en Argentina comunicó que «la visita forma parte de una gira más amplia por el país, centrada en recursos estratégicos y cadenas de suministro en el contexto de la transición energética».
La intervención de parte de Nación en el Puerto de Ushuaia se hizo el jueves, de madrugada. La versión del Ejecutivo es que el gobierno provincial desvió fondos destinados a infraestructura del muelle a la Obra Social del Estado Fueguino, OSEF. Además, habría asientos de préstamos por $4.000 millones en 2024. Y luego de una inspección de parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), comprobaron que casi no hay inversión en infraestructura, y que el deterioro estructural compromete la seguridad y la operatividad del Puerto.
Bajo esa serie de argumentos, Nación le sacó a Tierra del Fuego la operatoria del Puerto por doce meses, extensibles. El de Ushuaia no es una terminal más: es la puerta de entrada a la Antártida, terminal de cruceros turísticos de gran porte y buques de inspección militar, y tiene una ubicación estratégica en términos geopolíticos.
En un comunicado oficial, el Gobierno provincial calificó la intervención como “abrupta e injustificada». «No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud», posteó en X el gobernador fueguino Gustavo Melella. “Esto no es contra Tierra del Fuego, es contra Santa Cruz, Chubut o cualquier otra provincia. Es el unilateralismo más acérrimo. un regalo a Trump en la cumbre de Davos y que responde a la doctrina de la ley del más fuerte en la que Milei le entrega el control del puerto de Ushuaia al Comando Sur”, denunció Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego.
Quien quedó a cargo de la operatoria del Puerto de Ushuaia es Juan Avellaneda, líder de la Unión de Personal Superior Ferroviario. Fuentes locales dicen que fue él quién denunció una supuesto desvío de fondos y que, a partir de esa denuncia, el Ejecutivo mandó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) para inspeccionar. El monitoreo se hizo los días 30 de septiembre y 1° de octubre y resultó en un informe sobre el que el presidente se montó para tomar el control del puerto y nombrar a Avellaneda, el mismo hombre que habría hecho la denuncia. Sólo él y los 90 operarios del sindicato que dirige pueden ingresar al Puerto, que sigue operando a pesar de las conclusiones de la ANPyN.
AS
