Después de cuatro meses de idas y vueltas, diecisiete versiones de texto y cuatro sesiones frustradas, el Gobierno resolvió ceder uno de los puntos más importantes de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada: el capítulo que buscaba eliminar casi por completo los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Según pudo saber La Pluma, la nueva versión del proyecto reinstaura un tope de extranjerización del 25% por provincia, con un esquema de «doble conforme» que exige autorización tanto del gobierno provincial como del Poder Ejecutivo Nacional para las operaciones de empresas con participación estatal extranjera.
El anuncio formal de los cambios estará a cargo de Patricia Bullrich este martes a las 16, en una conferencia de prensa junto a los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. Desde LLA confiaron a este medio que ya tienen los votos asegurados para darle media sanción al proyecto. En el oficialismo confirmaron que el nuevo texto ya tiene el visto bueno de Federico Sturzenegger y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y que se encuentra bajo revisión final de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy. No obstante, se trata de una concesión muy fuerte que el ministro de Desregulación intentó evitar a toda costa.

El giro es notable si se compara con el punto de partida: la ley 26.737, sancionada en 2011, fija actualmente un límite del 15% de extranjerización por provincia, municipio y a nivel nacional, además de un tope del 30% del cupo permitido para personas de una misma nacionalidad. El proyecto original buscaba eliminar directamente esas restricciones; la nueva versión no solo mantiene un límite, sino que lo fija en un porcentual más alto que el actual. En las negociaciones llegó a evaluarse un tope del 30%, hasta cerrarse finalmente en un rango de entre el 20% y el 25% según cada jurisdicción, eliminando además las restricciones por departamento para que el límite quede establecido a nivel provincial. Este punto es crucial también, porque no se limita la compra de tierras donde hay ríos, lagos o mismo la presencia de la cordillera.

El cambio no despeja del todo el panorama. Si bien desde la UCR reconocen una mejora respecto del texto original, persisten las dudas sobre si alcanza para sumar los votos necesarios.
A ese factor se suman los frentes abiertos puntuales: el gobernador correntino Gustavo Valdés cargó contra la reforma calificándola de «vender la patria»; los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut siguen bajo presión de sectores sociales de su provincia y en medio de la interna entre el gobernador Passalacqua y Rovira; y las senadoras de Chubut, Edith Terenzi y Andrea Cristina (PRO), todavía no definieron su posición, alineadas con el gobernador Ignacio Torres. La cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, ya había anticipado que votará en contra más allá de los cambios, al sostener que «ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción». Por la misma senda seguían los radicales Maximiliano Abad y Flavio Fama.
Por un viaje de Milei, Villarruel no podrá votar ante un empate
El debate del jueves tendrá, además, un condimento político particular: la vicepresidenta Victoria Villarruel, que había hecho de su rechazo a la extranjerización de tierras una bandera pública, no presidirá la sesión, porque coincide con un viaje de Javier Milei a Ecuador y Colombia. En el oficialismo «ya no le asusta tanto un empate» ante esa ausencia, ya que queda a cargo Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, también senador libertario por San Luis que votaría a favor del proyecto.

En paralelo al debate en el recinto, la CGT, las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y organizaciones campesinas, indígenas y ambientales convocaron a una movilización frente al Congreso para este jueves, bajo consignas como «Argentina no se vende».
El debate por la ley de tierras llega, además, en medio de una semana clave para el Congreso: este miércoles arranca en Diputados el debate de Inocencia Fiscal II y el Senado tratará en comisión el Súper RIGI, mientras se presentan una veintena de candidatos a cargos judiciales en audiencias de Acuerdos. Todo esto se da en el marco en el que Javier Milei ya adelantó que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central será la prioridad legislativa de los próximos meses, que insistirá con la eliminación de las PASO, y que ya tiene definido a su compañero de fórmula para una eventual reelección en 2027, aunque prefirió reservarse el nombre «por el momento».
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