El Senado aprobó este jueves, con 41 votos afirmativos y 25 negativos, el proyecto que modifica el régimen de biocombustibles y eleva los porcentajes de mezcla obligatoria de bioetanol y biodiésel. La iniciativa, que incorporó modificaciones hasta último momento para conseguir los votos necesarios, quedó ahora en manos de la Cámara de Diputados, donde todavía no existe un cronograma definido para su tratamiento.
La reforma de la Ley 27.640 fue impulsada principalmente por las provincias del Norte Grande, donde la producción de bioetanol a partir de caña de azúcar tiene un peso relevante en las economías regionales. La senadora salteña Flavia Royón fue una de las principales impulsoras del proyecto y actuó como miembro informante durante el debate. La discusión, sin embargo, estuvo atravesada por una fuerte disputa entre las empresas integradas vinculadas a grandes grupos aceiteros y las pequeñas y medianas plantas de biodiésel.
El proyecto establece que el corte obligatorio de bioetanol en las naftas pasará del 12% al 15% dentro de los 12 meses posteriores a la sanción de la ley. De ese porcentaje, un 6% quedará reservado para el bioetanol producido a partir de caña de azúcar y otro 6% para el elaborado con maíz. El 3% restante quedará abierto a la competencia entre los productos habilitados.
Para el biodiésel, el esquema contempla un aumento progresivo del corte obligatorio hasta alcanzar el 10%. La transición partirá del actual 7,5% y se desarrollará durante un período de 12 meses. El nuevo régimen divide además a los productores entre empresas “integradas”, capaces de participar en distintas etapas de la cadena productiva, y compañías “no integradas”, principalmente pymes regionales que no producen la materia prima.
Uno de los puntos más discutidos fue precisamente el tratamiento reservado para esas empresas no integradas. La versión finalmente aprobada establece una reducción progresiva del segmento reservado para ellas: inicialmente será de 6,5% del mercado, bajará a 5,5% en 2029, a 5% en 2030 y llegará al 4% desde 2031 hasta 2036. De esta manera, una proporción cada vez mayor del mercado quedará abierta a la competencia entre ambos tipos de compañías.
El esquema generó cuestionamientos de senadores de provincias donde existe una importante presencia de pymes de biodiésel. Durante el debate, el pampeano Daniel Pablo Bensusán sostuvo que la iniciativa podía afectar a empresas de La Pampa, San Luis, Entre Ríos y parte de la provincia de Buenos Aires. Según planteó, las compañías regionales enfrentan mayores costos logísticos por la distancia respecto de los puertos y las grandes plantas aceiteras.
“Si corresponde segmentar entre caña y maíz el bioetanol, ¿por qué no se puede segmentar entre las pymes alejadas del puerto y las grandes aceiteras?”, cuestionó el senador justicialista. El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, también reclamó modificaciones antes de la votación. El formoseño pidió un cuarto intermedio para continuar las negociaciones sobre el biodiésel y advirtió sobre el impacto que, según su interpretación, podría tener la apertura progresiva del mercado sobre las pequeñas empresas.
“El pez más grande se va a comer al pez más chico”, sostuvo Mayans durante el debate. El senador planteó que el peronismo estaba dispuesto a acompañar la parte referida al bioetanol, pero reclamó mantener una mayor protección para las empresas no integradas. La moción para pasar a un cuarto intermedio fue rechazada por amplia mayoría.
Desde el oficialismo defendieron el esquema como una transición hacia un mercado con mayor competencia. Patricia Bullrich, una de las referentes de La Libertad Avanza que intervino en el cierre del debate, sostuvo que el objetivo es avanzar hacia un régimen menos regulado sin producir un cambio inmediato que deje a las empresas más pequeñas sin margen de adaptación.
“No le estamos diciendo a una pyme que se arregle sola: le estamos dando tiempo, previsibilidad y capacidad de integración”, afirmó Bullrich. Entre las modificaciones incorporadas durante las negociaciones también quedó una cláusula antimonopolio para el biodiésel. Según el texto aprobado, ninguna empresa o grupo económico podrá concentrar más del 10% del biodiésel comercializado, con un límite máximo de 50.000 toneladas anuales por firma. Además, se establecieron definiciones específicas para diferenciar a las compañías integradas de las no integradas y restricciones para evitar que empresas pertenecientes a un mismo grupo económico puedan acumular participación dentro del segmento reservado.
Otro de los cambios contemplados consiste en eliminar el precio máximo utilizado como referencia y adoptar el valor exportable como parámetro. También se delimitaron los motivos para modificar los porcentajes de corte y se habilitó a las provincias a establecer mezclas superiores a los mínimos fijados por la legislación nacional.
La defensa del proyecto estuvo especialmente vinculada con la necesidad de generar inversiones y agregar valor a la producción primaria en las provincias. Royón sostuvo que la reforma pretende modificar el esquema vigente y otorgar previsibilidad a una industria que, según señaló, necesita nuevas reglas para expandirse. “Esta iniciativa busca potenciar las cadenas de valor del interior del país, atraer inversiones y generar fuentes de trabajo”, afirmó la senadora salteña. También planteó que el nuevo régimen permitiría avanzar desde un modelo en el que el Estado determina quién produce, cuánto y a qué precio hacia otro con mayor participación de la competencia en la determinación de los valores.
El debate legislativo estuvo acompañado por una negociación política más amplia entre el Gobierno nacional y los representantes de las provincias. Gustavo Sáenz estuvo este jueves en el Senado y mantuvo una reunión con legisladores del Norte Grande antes del inicio de la sesión. Allí participaron Royón, Carolina Moisés, Sandra Mendoza, Guillermo Andrada, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, representantes de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Misiones.
El encuentro se produjo un día después de la reunión entre Sáenz y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en medio de las conversaciones por el Presupuesto 2027. El gobernador salteño planteó la necesidad de coordinar una agenda común para las provincias del Norte y publicó que el objetivo era “defender los intereses del Norte Argentino”. La reunión tuvo una traducción inmediata en el recinto. Los senadores vinculados a esos espacios regionales participaron de una sesión en la que el oficialismo necesitaba avanzar con distintos proyectos, entre ellos Inocencia Fiscal II y el nuevo régimen de biocombustibles. En el caso de la reforma energética, el protagonismo de Royón fue central tanto en las negociaciones previas como durante el tratamiento.
El resultado de la votación mostró, sin embargo, que no hubo una posición uniforme entre las provincias. La iniciativa fue rechazada por Unión por la Patria, los senadores santacruceños Natalia Gadano y José Carambia y el radical bonaerense Maximiliano Abad. La principal discusión no pasó solamente por el aumento de los cortes, sino por la distribución futura del mercado y el nivel de protección que conservarán las pymes frente a las grandes empresas integradas.
En ese punto, la reforma establece una transición hasta 2036. El oficialismo sostiene que ese período permitirá a las compañías no integradas adaptarse a un escenario de mayor competencia. Los sectores críticos, en cambio, plantean que la reducción progresiva del cupo puede terminar debilitando a las plantas regionales que dependen de esa protección para sostener su actividad. Con la media sanción del Senado, la discusión se traslada ahora a Diputados.
AL/CM
